"Carmen Hertz, fue y es la piedra angular de tal acción. En ese sentido, se podría indicar que es interesada su acción desde lo político, lo ético y profesional, siendo todas legítimas".
Por José Orellana
Académico Escuela de Ciencia Política y RR. II. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Candidato a Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA, USACH.
La teoría de gobierno enseña que un régimen político democrático se logra a partir de la separación clásica de los poderes, esto es, el legislativo, ejecutivo y judicial, consagrándose los contrapesos internos del mismo. Así se conoce desde las definiciones francesas y norteamericanas tras sus procesos revolucionarios del siglo XVIII. En este equilibrio de poderes, es usual ver la relación más intensa entre el ejecutivo y legislativo, a propósito de la necesidad de hacer gobierno y lograr Política Pública y de Estado.
En esta relación, la conflictividad es evidente, dada las competencias de uno sobre el otro. Usualmente y por diseño institucional aquí en Chile, la conflictividad de ambos se logra por la asimetría de poder que tiene el ejecutivo por sobre el legislativo. Esto no implica que el judicial no entre a la contienda, sobre todo con el ejecutivo, ya que el primero precisa mostrar resultados eficaces, eficientes y en celeridad a una comunidad demandante de justicia contra la delincuencia, abusos diversos desde la vulneración de los equilibrios ecológicos o los referidos a los de consumo (como hemos visto en los diversos casos de colusión empresarial) y varios otros. Mientras el judicial endosa responsabilidad al ejecutivo y legislativo por no crear las buenas leyes para que él las administre.
Por otra parte, como viene siendo la tendencia mundial, en Chile la judicialización de la política involucra todavía más al Poder Judicial en una relación de más conflictividad con el Ejecutivo. Aún resulta paradigmática la intervención del Judicial en el Ejecutivo, a propósito del proyecto de la termoeléctrica Castilla de la región de Atacama que vulneraba importantes equilibrios ecológicos. Por descontado se tiene la acción del Ministerio Público, el cual se despliega en la multiplicidad de posibilidades de gestión por parte del Ejecutivo sobre el territorio y sistema sociopolítico.
Lo que no es usual, ni menos con la estridencia que se ha observado, es la relación de conflicto entre el legislativo y el judicial. En este sentido, la categoría y relación social de los Derechos Humanos detonó un nivel de visibilidad comparable a la petición de remoción del Fiscal Nacional Jorge Abbott. Las medidas ejecutoriadas por el Poder Judicial sobre violadores de los derechos humanos ya condenados, activó a un grupo de congresistas de la Cámara Baja para avanzar en una inédita acción como es acusar de notable abandono de deberes a los supremos Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemülle, quienes dictaminaron tal medida. Se les acusa de no estar lo suficientemente atentos a las normas internacionales que Chile ha firmado en estas materias.
Carmen Hertz, fue y es la piedra angular de tal acción. En ese sentido, se podría indicar que es interesada su acción desde lo político, lo ético y profesional, siendo todas legítimas. Pero la coyuntura, se encontraría en la capacidad profesional que tiene la diputada comunista sobre el tema. Tiene un conocimiento experto que la colma de legitimidad profesional para avanzar en la medida, más allá de lo ético y lo político.
En esta opinión interesa fijar la atención en esta relación entre poderes legislativo y judicial, el cual, a la luz de la evidencia social, precisa de mayor intensidad y evidencia. El Poder que representa más democráticamente al pueblo, debe ser más proactivo e interpelador con el ejecutivo y judicial… pero la pregunta es cómo.
Hoy se logra, gracias al conocimiento experto de la diputada Carmen Hertz, el cual sintetiza otro expertise ético y político, además. En el entendido que es inviable que todos los representantes del Congreso sean expertos en las diversas materias que le permitirán conflictuar constitucionalmente con el judicial, la pregunta que sigue es, cómo se dota de más herramientas cognitivas al legislativo para que su relación con el judicial, esté a la altura que merece la relación.
Siempre en equilibrio de poderes, posibilitando así una República de Ciudadanos más plenos atendiendo que siempre, por cuestiones de probidad, transparencia y cercanía ciudadana, los gastos en política siempre tiene mala prensa. Con justa razón en algunos casos.
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