Foto: Benedicto Castillo, periodista y escritor
 
Por Alfredo Peña R.
 
Tres ministros de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolverán si fue un error médico fatal -como lo determinó el juez Alejandro Madrid- o una operación de eliminación física realizada por agentes de Inteligencia, como lo asegura el informe recientemente conocido del fiscal de la Corte de Apelaciones, cuyo dictamen pide aumentar de 5 a 20 los años de presidio para los cinco inculpados.
 
El magnicidio del presidente Eduardo Frei Montalva se acerca a una fase muy relevante, porque corresponderá a los tres ministros de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolver si fue un error médico fatal –como lo determinó el dubitativo juez Alejandro Madrid- o definitivamente una operación de eliminación física realizada por agentes de Inteligencia, como lo asegura el informe recientemente conocido del fiscal de la Corte de Apelaciones, en cuyo dictamen pide aumentar de 5 a 20 los años de presidio para los cinco inculpados. El sexto, Patricio Silva Garín, médico cirujano de relevante rol en los hechos, falleció por causas naturales hace unos meses.
 
El informe del fiscal de la Corte concuerda con la tesis planteada en mayo de 2011 por el libro-reportaje “Magnicidio”, cuyo autor es el periodista Benedicto Castillo Irribarra. Según este profesional, en su investigación periodística, sobre la verdad del magnicidio, asegura que fue obra de una “Operación Especial de Inteligencia de Eliminación Física”, consumada el 22 enero de 1982, constituyéndose en el primer asesinato de un Presidente de la República en la historia de Chile.
 
“Mi trabajo consistió en establecer el complot criminal contra el trigésimo segundo Mandatario de la historia republicana del país. Mis conclusiones fueron dos: 1) Los autores y ejecutores son agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); 2) Las “bases del plan de eliminación” del ex Mandatario se urdieron bajo  la condición de enemigo, “de amenaza para la  Defensa y seguridad nacional”, desde el punto de vista de la lógica de la seguridad nacional imperante bajo la dictadura cívico militar”.
 
¿Cómo fue su trabajo investigativo?, preguntamos a este escritor, autor de otros cinco libros de investigación.
 
Durante más de tres años, a través de muchas horas de estudio de documentos históricos, diplomáticos y políticos, conocí la impresionante “ruta al pódium de los dioses” de Eduardo Nicanor Frei Montalva, su increíble vida, luminoso ideario, principales realizaciones de su gobierno y su estatura de megalíder opositor a la dictadura. Al mismo tiempo, accedí a entrevistas con agentes y policías, a oficios secretos, peritajes, expedientes reservados, fotografías inéditas y testimonios policiales y judiciales que obtuve de fuentes fidedignas, abiertas y cerradas, pero comprometidas con el trabajo de investigación. Junto con lo anterior conocí  los testimonios de los actores principales y pruebas definitivas y documentales en contra de los implicados en estos hechos horrendos: Cuatro médicos y dos agentes de inteligencia vinculados a la Central Nacional de Informaciones (CNI) y a  la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)”.
 
“Este  siniestro plan”, prosigue Castillo, “comprendió un espionaje de 24 horas por varios años al líder opositor, en su casa, su oficina, sus reuniones familiares y sociales. Y, por cierto, durante los 53 días que padeció en la clínica Santa María. Los mismos espías acosaban a su familia, a los altos dirigentes de su partido Democracia Cristiana, al igual que a otros dirigentes sociales contrarios al régimen militar”.
 
Las pruebas y los errores de los sicarios
 
¿Cuál fue la prueba principal?
El posterior hallazgo de gases venenosos Talio y Mostaza en los tejidos del cadáver, por parte de científicos asignados a la investigación judicial -a cargo del ministro en visita Alejandro Madrid-, fue lo que permitió detectar el arma letal. Incluso, laboratorios europeos y norteamericanos apoyaron los resultados, tras realizar contra muestras. Aquí debo destacar el trabajo denodado de las peritos Carmen Cerda y Carmen Börgel.
 
¿Qué errores cometieron los criminales?
El descubrimiento de los gases mortíferos fue posible gracias a la torpeza de los criminales. Frei Montalva murió a las 17:15 horas y 20 minutos  después los patólogos Helmar Rosenberg y Sergio  González Bombardiere arribaron a la pieza 205 de la clínica Santa María para arrancarle al cadáver sus principales órganos mediante la autopsia: Había que ocultar las pruebas químicas.  Pero lo que no hicieron fue abrirle el cráneo y sustraerle la masa encefálica.
 
A su entender ¿cuáles serían las pesquisas judiciales o policiales decisivas?
El año 2000 una fuente anónima llamó al diario La Nación, para informar que en el Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad Católica estaba oculta la autopsia de Frei Montalva. El ingenuo editor envió a un iluso reportero, que se presentó ante la relacionadora pública Ana María Bolumburu y le pidió el documento. Esta,  prima de Eliana, “Enfermera de la Muerte”), dio aviso a Sergio González Bombardieri y la respuesta fue negativa. Detrás estaba el decano, Luis Castillo, que posteriormente el presidente Piñera lo nombró subsecretario de Salud, pero posteriormente lo destituyó por el peso de los antecedentes en su contra. Junto con lo anterior, el primer trimestre de 2003, el juez Alejandro Madrid ordenó allanar el recinto, porque un patólogo amigo de la familia Frei confirmó la existencia de dicha pieza legal relevante. Así fue posible recuperar el texto de la autopsia y restos orgánicos del fallecido en cajitas plásticas (epon, se denominan).
 
¿Y la exhumación del cadáver?
A fines del año 2004, el juez dispuso la exhumación del cadáver. Esta pesquisa fue clave. Se hallaron pocos restos en buen estado, pero intacta la masa encefálica. El trabajo de Cerda y Börgel fue sobresaliente: Tanto en los restos de las cajitas plásticas como en la masa encefálica descubrirán las sustancias mortales, con el fundamental apoyo científico y tecnológico de laboratorios extranjeros.
 
¿Cuál es la tesis que su investigación plantea?
La tesis que planteo es que el atentado se produjo en el Pabellón N°1 de la clínica, donde el ex Jefe de Estado fue reintervenido por  un grupo de cuatro médicos militares, entre los cuales había un agente DINA-CNI perteneciente a la siniestra “Clínica London”. Así lo representaron dos facultativos del equipo de la Clínica Santa María y, ulteriormente, lo postuló el primer cirujano de la fatal saga de intervenciones quirúrgicas, ocupando la figura de “las manos negras”.
 
Estructura  de la Dine entre 1981-1983
 
“Todos estos episodios de sangre están cruzados por un mismo hilo conductor: en todos ellos actúan las brigadas de extermino o “brigadas del infierno”denominadas Lautaro, Purén, Mulchén, Avispa, Brigada Político-Sindical, y otras-  creadas y formadas por la dictadura  militar tanto para eliminar experimentalmente a personas como a disidentes políticos. Si no hubiera habido una política de exterminio no hubiera habido magnicidio. Me sorprendieron muchas situaciones. Entre ellas la intervención de los poderes fácticos, esos que movieron personas influyentes, sicarios de uniforme verde oliva y delantal blanco, editores y periodistas inmorales de diarios y revistas, que  publicaron historias falsas para encubrir los hechos reales”.
 
¿Por qué usted asevera que se trató de una operación de Inteligencia de eliminación física del presidente Frei?
 
Es que para entender esta trama criminal del magnicidio de Frei Montalva hay que remitirse a la investigación del caso Tucapel Jiménez ([1]), donde el juez Sergio Muñoz develó toda la operación contra el dirigente y la metodología empleada por los aparatos de Inteligencia. Este magistrado estableció que en la lógica de la dictadura militar,  “las labores de Inteligencia, para la “adopción de medidas resguardadoras de la seguridad nacional”, eran consustanciales al ejercicio del poder. O, según el Reglamento de Inteligencia del Ejército de Chile, “es una función primaria del mando”, aplicable a todos los campos de acción interno y externo –económico, diplomático y bélico-, y con repercusiones en el desarrollo industrial y comercial.
“En el señalado proceso se reveló que ‘las funciones de Inteligencia en el Ejército de Chile las cumple una organización interna denominada DINE, dependiente del Jefe del Estado Mayor del Ejército’.  Su moderna estructura orgánica –desde marzo de 1981 a enero de 1983- presentaba el siguiente diseño funcional y dotación de oficiales superiores:
 
 Director, general Ramsés Arturo Álvarez Sgolia; Ayudante, mayor Juan Carlos Uribe; Asesor jurídico, Marcos Alvear Rabanal; Secretario de coordinación, brigadier Marcos Lucares Robledo; ayudantía general; oficina de seguridad y centro criptográfico.
 
Debajo de la cúpula venían los siguientes Departamentos: Inteligencia, a   cargo del teniente coronel Eduardo Rodríguez Soto; Contrainteligencia,   a cargo del coronel Patricio Martínez Mena; Operaciones Sicológicas, servido por el brigadier Werter Araya Stek; Relaciones Internacionales, a cargo del coronel Carlos de la Barrera Werner; Administrativo y Logístico, encargado al teniente coronel Héctor Rosales Berroeta.  
 
Además, existían otras seis unidades que dependían del Director de Inteligencia: Servicio Secreto, a cargo del teniente coronel Maximiliano Ferrer Lima; Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), después Batallón de Inteligencia, a cargo del brigadier Víctor Pinto Pérez; Escuela de Inteligencia, cuyo director era  el coronel Eduardo Riquelme Andaur; Agregadurías militares en las embajadas chilenas en el exterior e investigaciones científicas, bajo la responsabilidad del teniente coronel Eduardo Arriagada; Asesoría de Planes y Estudios, sin jefe designado; y Unidad de Inteligencia en la región militar norte.
 
 Por su parte, el CIE tenía en su interior la siguiente orgánica: Departamento I, Inteligencia; Departamento II, Contrainteligencia; Unidad de Apoyo Técnico, Unidad de Protección de Personas Importantes, Unidad de Seguridad Militar y Unidad de Contraespionaje, todos los cuales dependían del brigadier general Hernán Alejandro Ramírez Hald, convirtiéndolo en la tercera jerarquía de la DINE.
 
Según Benedicto Castillo, tanto en la época del magnicidio (22 de enero de 1982) como en el asesinato de Tucapel Jiménez (25 de febrero de 1982), el general Arturo Ramsés Álvarez Sgolia, era el director nacional de la DINE y tenía bajo su mando la única Unidad Ejecutiva dentro del Ejército, denominada CIE.
 
A juicio del escritor, los ministros de la Octava Sala tienen la misión clave  de aterrizar todos estos hechos dados por verdaderos por la Justicia,  de manera de configurar todos los relevantes antecedentes reunidos por el ministro en visita Alejandro Madrid, entendiéndolos no como un accidente sino como lo plantea el fiscal del tribunal de alzada: Que el magnicidio fue una operación militar del Ejército de eliminación del presidente Frei Montalva. Y que los inculpados merecen una condena proporcional al daño causado. Es decir un total de 20 años para cada uno de ellos: Médicos Pedro Samuel Valdivia Soto, agente de la Clínica London de la DINA;  Helmar  Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardieri, patólogos de la Universidad Católica; Raúl Diego Lillo Gutiérrez, teniente del Ejército, agente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE); y Luis Alberto Becerra Arancibia, empleado civil de la DINE.
 

 [1] El autor de este reportaje escribió el libro “Emblemático Crimen de Tucapel Jiménez: El Cóndor Quiere Carne”, revelando toda la operación militar.