por El Mostrador 10 octubre, 2019
La noticia de que 15 violadores de derechos humanos, entre ellos Álvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez y Miguel Estay Reyno, alias “El Fanta”, podrían optar a la libertad condicional puso todo el foco en Gendarmería.
Tras la ola de críticas desde la oposición, y la reacción del Gobierno que le endosó toda la responsabilidad, la institución se vio obligada a anunciar esta tarde que abrirá un sumario para esclarecer los hechos y “perseguir todas las responsabilidades administrativas que correspondan”.
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Gendarmería señala que “en enero de 2019, el Gobierno junto al Congreso modificaron los requisitos para optar al beneficio de libertad condicional. Particularmente, se aumentaron los requisitos para los delitos más graves y, en el caso de los de lesa humanidad, la legislación se adoptó al Estatuto de Roma. Así, quienes han cometido estos crímenes deben cumplir requisitos más exigentes que en el pasado”.
“En línea con lo anterior, este año Gendarmería, en dos ocasiones, dictó instrucciones mediante oficios, con el propósito de informar sobre la implementación de la nueva ley. De acuerdo a los antecedentes aparecidos hoy en algunos medios de prensa, dichas directrices no fueron seguidas en algunos casos particulares”, añade la institución.
La postura del Gobierno
Más temprano, autoridades de Gobierno que fueron consultadas al respecto, apuntaron hacia Gendarmería. Consultado sobre si le parece correcta la determinación de la institución penitenciaria de incluir en el informe los nombres de condenados por violaciones de los DD.HH. , el vicepresidente Andrés Chadwick dijo desconocer el informe, pero fue enfático en señalar que “solo es responsabilidad de Gendarmería”.
El ministro precisó que el procedimiento “se tiene que hacer ahora de acuerdo a la nueva ley y en esa nueva ley hay exigencias importantes, para efectos de que las libertades que se otorgan se otorguen a aquellos que realmente la merecen".
De acuerdo a la Ley sobre Libertades Condicionales, en la modificación al Decreto Ley 321, “el informe de Gendarmería va a una comisión de jueces y esa comisión es la que tiene que determinar si corresponde o no otorgar una libertad”, recordó el ministro.
La vocera Cecilia Pérez, en tanto, resaltó que el Ejecutivo no tiene responsabilidad en este tema. “Los Seremis de Justicia no son parte de estas comisiones evaluadoras, sino que son netamente técnicas, radicadas en Gendarmería. En este segundo gobierno, dimos un paso más abordando la restricción de las libertades condicionales en una ley que fue promulgada en enero de este año", sostuvo.
Pérez destacó que en esa ley "se dificulta, ponemos mayor peso en la no posibilidad de acceder a una libertad condicional a aquellos condenados por delitos graves y de lesa humanidad (…) saben perfectamente los chilenos cuál es nuestro pensamiento como gobierno del Presidente Sebastián Piñera en materia de Derechos Humanos, en nuestro país y fuera de nuestro país. Nosotros respetamos profundamente los derechos humanos, y vamos a condenar siempre a los violadores de derechos humanos”.
En ese sentido, el ministro de Justicia Hernán Larraín recordó que “para que una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad pueda lograrlo (libertad condicional), tiene que hacer muchos méritos y acreditarlos”.
En el caso particular del exjefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, el titular de Justicia comentó que “la información que me han dado, es que el informe de Gendarmería es negativo. Y no es la primera vez que se incluye (a Corbalán) en una lista de esta naturaleza, porque cumpliendo los requisitos formales, hay que ver si cumple los requisitos subjetivos de fondo y eso no lo ha cumplido en el pasado, y probablemente tampoco lo va a cumplir ahora”.
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