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martes, 12 de enero de 2021

Opinión

 

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¿Una nueva “pacificación de La Araucanía” en pleno siglo XXI?

por  12 enero, 2021

¿Una nueva “pacificación de La Araucanía” en pleno siglo XXI?

El despliegue de 800 policías PDI, más carabineros y recursos aéreos y terrestres en La Araucanía en Temucuicui (“puente del temu”, en mapudungun) el 7 de enero 2021, fue uno de los más amplios operativos policiales en una zona considerada por las autoridades como de “alta conflictividad” en la relación del Estado con el Pueblo Mapuche. La orden de investigar con cierre de ruta y allanamientos fue dada por un tribunal con la tarea de investigar delitos relacionados con tráfico de drogas o similares. Lo curioso de este hecho ―y tal vez no tanto― es que en igual fecha y con la mirada de la opinión pública, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal (Angol) dictaría un veredicto condenatorio a carabineros imputados en el caso del asesinato del dirigente Camilo Catrillanca. Por tanto, numerosos hermanos mapuche y familiares de la víctima se encontraban en las cercanías del recinto judicial en medio de rigurosas medidas de seguridad, tanto que la propia familia tuvo enormes dificultades para acceder al veredicto.

¿Casualidad o torpeza? ¿Provocación o coincidencia? El Ejecutivo sabía del juicio y que los imputados serían condenados, lo que afecta el crédito de la fuerza policial y del propio Gobierno que, a partir del crimen de Camilo en noviembre del 2018, enredó las cosas buscando dar explicaciones inverosímiles. Aun así, con toda la atención pública puesta en este emblemático juicio por un crimen étnico en manos de agentes del Estado, ¿el tribunal?, ¿el Ministerio del Interior?, ¿quién?, ordenó el impresionante despliegue de fuerza armada policial (800 efectivos) para realizar allanamientos de moradas en Temucuicui. Es decir, se desarrolló en paralelo un operativo que solo podría tener como resultado un nuevo conflicto en la relación del Estado con el Pueblo mapuche, agravado con la muerte de personas en confusos operativos respecto de los cuales el país está a la espera de la verdad de los hechos. ¿A qué tipo de autoridad judicial, policial y/o de Gobierno se le puede ocurrir semejante “coincidencia”, por mucho que un operativo de esta magnitud estuviese planificado “con anticipación”?

No hubo coincidencia ni menos casualidades. Esto implica responsabilidad política, porque hay víctimas civiles, heridos, personas detenidas, niños reprimidos y familias indígenas sometidas por la fuerza. ¿Con qué propósito? ¿Responder de esta forma a un juicio condenatorio a policías? ¿Provocar a toda una comunidad? ¿Qué es lo que se ha querido demostrar?

La paz de La Araucanía no podrá ser construida mediante el recurso de la fuerza, venga de donde venga. La acción del Estado tiene efectos en el conflicto y no es un dato “querer demostrar” que ahora las controversias estarían nutridas por el accionar del narcotráfico. Los delitos lo son bajo cualquier circunstancia, pero en el caso del Pueblo Mapuche y de sus demandas históricas no son parte de su accionar como Pueblo, no expresan su cultura ni su cosmovisión ni espiritualidad. Nunca se podrá hablar, en ese sentido, de “violencia indígena”. Se puede referir a casos de violencia particular, incluso con algún sesgo indigenista y el Estado de Derecho tiene los medios legales suficiente para encararlos, pero nada de ello representa a todo un Pueblo.

No obstante, la realidad pareciera estar indicando un riesgoso escenario: que está en desarrollo una nueva forma de “Pacificación de La Araucanía II”, mediante el uso de la fuerza policial, militarizada, y en que, con el pretexto de enfrentar hechos de connotación delictual, se agravia la dignidad del Pueblo Mapuche. Hemos dicho, a lo largo de estos 30 años desde la recuperación de la democracia, que los caminos políticos son los únicos adecuados para resolver una demanda histórica que por lo demás se puede abordar con voluntad política, la que no ha sido ejercida con suficiente convicción democrática en estas décadas. Los gobiernos anteriores no lo comprendieron de manera suficiente. El Gobierno actual no lo quiere entender. El resultado, de seguir por esta senda, será más complejo y muy negativo si seguimos la huella de una “Pacificación de La Araucanía I”.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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