por Felipe Saleh 2 febrero, 2021
La licitación de 830 mil raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Programa de Alimentación de Párvulos (PAP) es un acontecimiento, incluso para quienes estén familiarizados con los altos montos en los contratos con el Estado. Para las empresas del rubro, es como ir a un mundial de fútbol o participar en los Juegos Olímpicos, porque se trata de un contrato que –en esta versión del concurso– dura cuatro años, desde marzo de 2021 hasta diciembre de 2024. Según consigna el informe de adjudicación, publicado la semana pasada, el costo total del contrato es de $1.019.341.801.367 (un billón diecinueve mil trescientos cuarenta y un millones ochocientos un mil trescientos sesenta y siete pesos chilenos).
Para alcanzar un pedazo de esta gran torta, en octubre del año pasado, cuando comenzó la licitación, se presentaron 38 empresas. Conforme avanzó el proceso, quedaron 29 que siguieron en carrera y, finalmente, el monto completo del contrato se adjudicó a un total de 14 empresas. El punto es que, de ellas, cuatro mantienen deudas o multas impagas con el Estado, una condición que era excluyente para participar al momento de comenzar la licitación.
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Eso al menos decía en octubre del año pasado el director nacional de Junaeb, Jaime Tohá Lavanderos: “Las empresas que participen de este proceso licitatorio deberán estar al día en el pago de las multas cursadas en contratos previos con Junaeb. De lo contrario, recibirán un menor puntaje en sus ofertas. Esta es una situación que se arrastra por un largo tiempo y la estamos regularizando con acciones agresivas”. Tohá en este contexto tiene una posición estratégica, ya que es con su firma que se sella la adjudicación.
Pero, a pesar de estas declaraciones, varias de las compañías que participaron hasta bien avanzada la licitación tenían deudas. Una de ellas, Distal, consideró que las nuevas condiciones eran una restricción arbitraria y presentó un recurso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y, el 28 de diciembre del año pasado, logró parar la licitación después de que su requerimiento fuera acogido.
Cabe mencionar que Aliservice y Soser fueron señaladas, en marzo del año pasado, entre las empresas con mayores niveles de incumplimiento en la entrega de las cajas de alimentos que reemplazaron a las raciones presenciales con motivo de la pandemia. “Aliservice, Soser y Distal son las empresas que presentaron mayor nivel de incumplimiento, fallas que se concentraron en Peñalolén, San Bernardo, Providencia, Renca, Quinta Normal, Maipú y La Granja, en la Región Metropolitana. En estos territorios, estamos evaluando términos anticipados de contrato y reemplazo por otras empresas que estén funcionando correctamente”, sentenció en su momento Jaime Tohá.
El abogado autor de este gol casi en los descuentos fue Gastón Gómez, el constitucionalista favorito del Gobierno. Cercano al Presidente, Sebastián Piñera, desde que su esposa trabajó en Bancard a principios de los noventa, fue asesor del Mandatario cuando este fue senador y ha participado en los requerimientos más bullados del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC). Entre ellos, los que se presentaron contra el aborto en tres causales, la reforma laboral, la ley que pretendía fortalecer al Sernac y, últimamente, el que sepultó el proyecto parlamentario para el segundo retiro del 10% de fondos de las AFP. Gómez, además, integra el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) hasta el año 2027.
El 7 de enero de este año, el TDLC levantó la suspensión que había logrado Gómez con su recurso. Poco antes, Tohá había criticado la movida de Distal: “Estamos hablando de una sola empresa que debe más de mil millones de pesos”. Finalmente, Distal quedó fuera después que su oferta económica no pasara la comisión evaluadora.
Ganando con deudas
Esto no sucedió con otras empresas que, a pesar de tener deudas, se adjudicaron sin inconvenientes su parte del contrato. Una de ellas es Salud y Vida (Savisa), que funciona como un buen ejemplo de la habilidad necesaria para ganar en este tipo de licitaciones y de las redes empresariales y políticas que alcanzan a este gremio, y que durante casi una década se han repartido los fondos públicos destinados a la alimentación de los niños y niñas más vulnerables que atiende la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.
Savisa pertenece al grupo de empresas de la familia Abumohor, que preside René Abumohor Touma y cuyos activos más reconocidos se encuentran en el sector textil, con la propiedad de Hilandería Maisa, que fabrica lanas e hilado industrial. Otra filial maneja las licencias en Chile de las marcas Arrow, Dior, Guy Laroche y Esprit, entre otras. Pero la familia –antigua compradora del Banco Osorno– también tiene negocios en el sector financiero, a través de la empresa de factoring y servicios financieros, Coval. En ella forma parte del directorio el exministro Claudio Orrego, actual candidato a gobernador .
Para efectos de la señalada licitación, cuando se abrió el proceso de esta en octubre de 2020, Savisa debía al Estado $972.664.526, pero se adjudicó en este proceso $205.828.030.190 por un período de cuatro años.
Otra de las ganadoras que a comienzos de la licitación tenía deudas es Hendaya, perteneciente al grupo Ipal y conocida entre el público por la marca de cereales Natur, que desde noviembre de 2020 pertenece al grupo Luksic. Justamente, porque Ipal –fundada por el empresario de origen vasco Pedro de Aretxabala– se decidió a potenciar otros rubros con las filiales de alimentos Proalsa, Innovalim, además de Hendaya. En el rubro inmobiliario poseen Rentas Paine Grande y, en el turismo, Vértice, que gestiona camping y un hostal en la Patagonia. Además de Algorta, dedicada al rubro agrícola. Con todo, Hendaya estaba registrada como deudora del fisco con $2.086.853.796, pero de todas formas se adjudicó $471.613.491.402 de la Junaeb para el contrato de 4 años.
Ninguna de estas empresas es nueva en el mercado ni ha dejado de competir en las versiones anteriores de esta cuantiosa licitación. En 2019, Hendaya fue una de las compañías que demandó a la Junaeb por supuestas irregularidades en el proceso de 2018 y pidió a la Contraloría que investigara la licitación de dicho año. Antes, en 2015, la firma estuvo en la otra vereda y fue cuestionada porque se adjudicó parte de una licitación por 25 mil millones de pesos anuales, en conjunto con la empresa Verti Frutti, del militante socialista Pedro Moreira.
El CDE presentó una demanda por presunto fraude al fisco, al comprobarse que se adjudicó con sobreprecio de unos $5.000 millones. El caso le costó la salida del cargo a José Miguel Serrano (DC), que estaba al frente de la Junaeb, y fue formalizado por fraude al fisco.
Dicho caso dejó al descubierto el rastro en las negociaciones del abogado y lobbista Carlos Tudela, también ligado a la DC, y la salida de Serrano fue clave en la llegada de Jaime Tohá Lavanderos en 2017, a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).
Los mismos de siempre
Aliservice es otra de las empresas que logró adjudicarse una parte del contrato o, en la práctica, dos partes. Aliservice es la firma más grande del rubro en el país. Controlada por el empresario Luis Alberto Yapur, es un actor recurrente en las licitaciones del Estado. A fines de mayo, la Intendencia Metropolitana le compró 150 mil cajas de alimentos para repartir en el contexto de la pandemia, por un total de 5.250 millones de pesos.
Ahora, en el marco de la licitación de la Junaeb, esta empresa se adjudicó $219.568.500.835 aunque hasta octubre de 2020 tenía deudas con el Estado por un total de $869.412.435. Las Lagunas es otra de sus filiales. Esta no tiene deudas y en el mismo contrato se adjudicó la cifra más cuantiosa, con un total de $272.873.732.510.
Por último, otra de las empresas que mantiene deudas con el Estado pero que igualmente ganó una porción del contrato, es la Sociedad de Servicios de Alimentación S.A. (Soser), propiedad del empresario Jaime Patricio Rey, hermano de Christián Rey, que está en Distal, la firma que quedó fuera e intentó suspender el proceso con un recurso judicial. Soser se adjudicó un total de $140.195.629.029 a pesar de registrar una deuda de $2.855.598.851 al momento de comenzar la licitación.
Cabe mencionar que Aliservice y Soser fueron señaladas, en marzo del año pasado, entre las empresas con mayores niveles de incumplimiento en la entrega de las cajas de alimentos que reemplazaron a las raciones presenciales con motivo de la pandemia. “Aliservice, Soser y Distal son las empresas que presentaron mayor nivel de incumplimiento, fallas que se concentraron en Peñalolén, San Bernardo, Providencia, Renca, Quinta Normal, Maipú y La Granja, en la Región Metropolitana. En estos territorios, estamos evaluando términos anticipados de contrato y reemplazo por otras empresas que estén funcionando correctamente”, sentenció en su momento Jaime Tohá.
El rol de Calderón y Tohá
Con motivo de los cuestionamientos de los otros competidores que quedaron fuera, en cuanto a la legalidad del hecho de que algunas de las empresas ganadoras tuvieran deudas con el Estado, la semana pasada Tohá salió a tratar de aclarar las dudas en la prensa y desde la Junaeb recalcaron que sancionaron con menor puntaje a las empresas con deuda. El tema es que eso no fue obstáculo para que ganaran parte del contrato.
"Las condiciones y exigencias para las empresas estuvieron claramente fijadas en las bases de esta licitación, que incorporó el otorgar un menor puntaje a aquellos proveedores que mantuvieran pendiente el pago de multas anteriores. Ese fue uno de los criterios. La evaluación final se hizo aplicando un modelo matemático de optimización, que consideraba ese factor junto al precio ofertado, entre otros elementos. Hay empresas que pagaron las multas que debían y otras que no lo hicieron. Las empresas que pagaron esas multas obtuvieron un mejor puntaje técnico y las que no pagaron, perdieron puntaje y para adjudicar el contrato, tuvieron que ofertar un precio más barato. Un punto importante es que, finalmente, de todas maneras las empresas que tienen multas tendrán que pagarlas igual antes de liquidar los contratos, porque están las boletas de garantía", explicaron desde la Junaeb.
Ciertamente, el puntaje de las ofertas se ponderó básicamente en un 68,8% para el precio y un 31,2% en experiencia y calificación técnica. En este último porcentaje es donde entran las deudas. Por eso, Savisa, por ejemplo, ofertó a $1 peso el ítem correspondiente a la alimentación de los trabajadores encargados de manipular las raciones. Esto le dio una calificación que le permitió ganar, a pesar de su deuda con el Estado. Todo perfectamente legal.
Desde la Junaeb detallaron la fórmula que permitió ganar a Savisa: "En este proceso se podían hacer ofertas separadas por 23 servicios descritos en la licitación, pero dentro de ellos había algunos que tienen precios homologados con otros productos similares. Esto también se consideró durante la evaluación, en un aspecto bastante técnico de este proceso que se explica en el Anexo N° 7 de la licitación. Ello hizo posible, por ejemplo, que una empresa que ofertó un precio de un 1 peso para dos servicios al momento de su evaluación se considerara el precio homologado, es decir, en este caso $1.790 por cada almuerzo, precio que también será considerado para su posterior pago".
Savisa, junto con otras empresas ganadoras, como Nutriplus, Marchant Ibáñez, y Silva Gómez, son miembros de la asociación Nutre Chile, que preside Darío Calderón. El abogado, masón y radical, fue director de LAN, desde donde conoce al Presidente Piñera, pero también es un conocido laguista y una de las personas que más conoce a Julio Ponce Lerou. Sus redes cruzan la política, el deporte y el mundo empresarial. Para los competidores que no ganaron en la licitación, la presencia de Calderón en el gremio resultó clave en la estrategia de las firmas que sí ganaron pese a tener deudas con el Estado.
Pero también es importante en la trama la presencia de Jaime Tohá Lavanderos a la cabeza de Junaeb. Es de profunda raíz socialista, su padre es el diputado PS del mismo nombre y su tío fue José Tohá, el exministro de Allende muerto en Isla Dawson y padre de la exdiputada y exministra Carolina Tohá. Ingeniero agrónomo de la Universidad Católica y expresidente de la FEUC, quiso quedarse en el puesto al frente de la Junaeb cuando llegó el Gobierno de Piñera, que había conseguido vía ADP. Se quedó y no tuvo inconvenientes en desalojar de la entidad a los militantes PS que se mantenían trabajando en ella, razón por la cual el partido abrió un proceso disciplinario en su contra, del que resultó finalmente absuelto.
Clave en la permanencia de Tohá fue la intervención a su favor de Sebastián Sichel. Cuando Gerardo Varela llegó al Ministerio de Educación, del que depende la Junaeb, habló con Sichel, quien estaba en Corfo, y le dio buenas referencias del ingeniero. No era para menos. Jaime Tohá no solo se conocía con Sichel desde la época de los trabajos voluntarios en la UC, sino que fue también representante legal de Paréntesis, la consultora de Sichel que ganó dos contratos con el Estado durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
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