OPINIÓN

 

Levantar el secreto del informe Valech, una exigencia ética y moral

por Carmen Hertz 17 septiembre, 2021

Crédito: Archivo

Como abogada de derechos humanos me causa indignación que, ante el hecho de que la Convención Constitucional, en un acto de toda justicia, nos advierta la importancia de levantar el secreto, nuestro país nuevamente da un vergonzoso espectáculo en materia de derechos humanos. En vez de tomar la actitud que todas las naciones civilizadas que han sufrido el horror, una vez más se da tribuna a sectores conservadores escandalizados que se irrogan un derecho que no tienen. Mi sentido llamado es a sacarnos la venda de los ojos, y entender que levantar este secreto no es una discusión teórica o meramente académica.

En los últimos días se ha vuelto a relevar el tema respecto a una de las deudas que el Estado de Chile tiene con las víctimas de prisión política y tortura de la dictadura cívico-militar: hablamos de levantar el secreto de 50 años de la denominada Comisión Valech, que no es más que el derecho a la verdad, del que no solo son acreedoras las víctimas que sufrieron en carne propia la crudeza de sistemáticas violaciones a sus derechos humanos en esos tiempos de tiranía, sino del cual también es titular la sociedad toda.

En efecto, luego de presentado el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, la Ley N° 19.992 estableció el secreto de todos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas en sus declaraciones, señalando, dicha ley, que se mantendrá durante el plazo de 50 años.

Como abogada de derechos humanos me causa indignación que, ante el hecho de que la Convención Constitucional, en un acto de toda justicia, nos advierta la importancia de levantar el secreto, nuestro país nuevamente da un vergonzoso espectáculo en materia de derechos humanos. En vez de tomar la actitud que todas las naciones civilizadas que han sufrido el horror, una vez más se da tribuna a sectores conservadores escandalizados que se irrogan un derecho que no tienen, sabemos que en defensa de inconfesables intereses de que este secreto se mantenga como está, cerrado bajo cuatro llaves por tantos años, que cuando se pueda conocer la impunidad biológica habrá hecho su trabajo y las víctimas nunca obtendrán la  justicia a que tienen derecho.

Y me indigna doblemente porque se trata de hechos abominables que atentan contra la condición humana misma, razón por la cual, conforme al Estatuto de Roma, constituyen crímenes de lesa humanidad, respecto de lo cual existen obligaciones relacionadas con la verdad y la justicia, que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuya arquitectura ha sido construida en décadas de esfuerzo por las naciones civilizadas, en el que la tortura está absolutamente proscrita, en razón de que los derechos humanos, además de ser exigencias jurídicas, son exigencias morales.

Es el propio Comité de Derechos Humanos el que a manifestado su preocupación por el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes aportados ante la Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, reiterando el deber del Estado de Chile de hacer pública esa información; y en el mismo sentido el Comité contra la Tortura en varios informes de la situación chilena, ha lamentado que aún esté vigente la disposición del secreto, recomendando su derogación. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el deber del Estado en la investigación y sanción de los crímenes constitutivos de lesa humanidad, incluyendo expresamente los casos de tortura, señalando que este tipo de crímenes producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos por la Convención Americana y que no pueden quedar impunes, tal como se plasma en el fallo del conocido caso Almonacid Arellano vs. Chile.

Hemos escuchado afirmaciones falaces, como que las propias víctimas en el momento de ir a declarar exigieron este secreto, o que era una especie de condición no formalizada pero conocida por todos. Sabemos que no es así, pues la ley que impuso el secreto fue una ley exprés tramitada en siete días por el Parlamento de la época, luego de que la Comisión ya había hecho su trabajo, cuyo único fin fue poner un sello a la posibilidad de perseguir la tortura. También hemos sido testigos de cómo los mismos miembros de la Comisión, junto con un ex Presidente de la República, decretan irrespetuosamente que esto afectaría gravemente la fe pública y defraudaría a las propias víctimas y sus familias.

Mantener el secreto significa seguir ocultando testimonios que constituyen una invaluable base de datos que ordena y cruza información sobre las atrocidades cometidas, como, por ejemplo, identidad de los torturadores,  lugares donde se cometieron, o información que ayude a conocer el paradero de otras víctimas; por lo que es una obstaculización real a las investigaciones empujadas por los sobrevivientes y facilitación de los efectos de los pactos de impunidad de los asesinos y torturadores, perpetuando la situación existente hasta el día de hoy, en que la mayoría de los cuarenta mil casos de tortura que registra el informe Valech permanecen en la más grosera impunidad.

Quieren hacer olvidar, esos importantes señores, que han sido las propias víctimas quienes valientemente, en un acto de infinita nobleza y compromiso, han luchado prácticamente solas contra una sociedad y un Estado totalmente negacionistas, que llama resentimiento a la exigencia de justicia, y que dolosamente invierte la carga de su obligación hacia las propias víctimas, que cansadas de infructuosos diálogos y ante la deliberada indiferencia de los organismos que pudieren hacer algo, como es la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que además por cierto está mandatado para custodiar los archivos, y el mismo Congreso Nacional; han tenido que recurrir a instancias internacionales para algo lograr de algo tan básico como saber la verdad de lo que pasó en esos años de horror en Chile. Ejemplo de ello es la constancia del Comando Unitario de Ex Prisioneros Políticos y Familiares, que en el año 2018 denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de las obligaciones de investigar, enjuiciar, castigar y reparar la práctica sistemática de la tortura en nuestro país durante la dictadura cívico-militar.

Todos debemos saber que el mismo Derecho Internacional de los Derechos Humanos permite soluciones que hacen posible que los Estados cumplan con su deber de juzgar atrocidades masivas como las que relata este informe y, al mismo, tiempo se proteja la honra e integridad psíquica de las víctimas, por lo que pretender instalar una idea contraria no es más que favorecer la impunidad.

Mi sentido llamado es a sacarnos la venda de los ojos, y entender que levantar este secreto no es una discusión teórica o meramente académica, sino que, muy por el contrario, es algo con efectos concretos, ya que mantenerlo significa seguir ocultando testimonios que constituyen una invaluable base de datos que ordena y cruza información sobre las atrocidades cometidas, como, por ejemplo, identidad de los torturadores, lugares donde se cometieron, o información que ayude a conocer el paradero de otras víctimas; por lo que es una obstaculización real a las investigaciones empujadas por los sobrevivientes y facilitación de los efectos de los pactos de impunidad de los asesinos y torturadores, perpetuando la situación existente hasta el día de hoy en que la mayoría de los cuarenta mil casos de tortura que registra el informe Valech permanecen en la más grosera impunidad.

Por todo lo anterior, todas y todos debemos tener conciencia de que, si bien efectivamente se trata de una deuda respecto a las obligaciones que en materia internacional tiene el Estado de Chile, además es una exigencia ética y moral que como sociedad en conjunto tenemos respecto a conservar la memoria, lo que definitivamente es algo que nos debiera conmover como seres humanos.

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