Académicos de Derecho cuestionan "falta de transparencia" en selección de Fiscal Nacional: "Está resultando más opaco de lo deseable"

por Mesa de noticias de El Mostrador 10 noviembre, 2022

Crédito: Agencia Uno

"La falta de transparencia del proceso genera el riesgo de que la persona designada, lejos de ser legitimada por una competencia informada, salga debilitada y cargada de sospechas", señaló un grupo de académicos de facultades de Derecho en una carta. Al respecto, indicaron que "buenos procedimientos debieran permitir un amplio conocimiento ciudadano de la trayectoria y las ideas de los y las candidatas" y que "debieran tender a excluir la consideración de cercanías personales, lealtades, pertenencia a redes profesionales". En esa línea, los académicos apuntaron que "se hace cada vez más patente que para optar a este cargo con una mínima expectativa de éxito, es necesario un largo proceso de generación de relaciones de confianza con diversas autoridades".

Un grupo de académicos de facultades de Derecho expresaron su preocupación por la "falta de transparencia" en el proceso de designación del nuevo Fiscal Nacional. En una carta, apuntaron que "está siendo más opaco de lo deseable" y a la "necesidad de generar relaciones de confianza".

"Los abajo firmantes queremos manifestar nuestra preocupación por la forma en que se está llevando adelante el proceso de designación del Fiscal Nacional. La falta de transparencia del proceso genera el riesgo de que la persona designada, lejos de ser legitimada por una competencia informada, salga debilitada y cargada de sospechas", señalaron los académicos en la misiva.

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"Un mal proceso de designación puede debilitar el desempeño del fiscal por todo su periodo (ocho años), restándole credibilidad tanto interna como externa", complementaron. Ello recuerda a lo sucedido con el ex-Fiscal Nacional Jorge Abbott, quien dejó una debilitada imagen del Ministerio Público.

"Buenos procedimientos debieran permitir un amplio conocimiento ciudadano de la trayectoria y las ideas de los y las candidatas. Asimismo, acceder a las razones por las cuales las diversas autoridades se inclinan por algunos y cuáles son las expectativas respecto del futuro desempeño de la persona elegida", indicaron.

En esa línea, señalaron que "buenos procedimientos debieran tender a excluir la consideración de cercanías personales, lealtades, pertenencia a redes profesionales o cualquier otro elemento semejante que ponga en cuestión la independencia de la persona electa con los demás poderes públicos o con diversos grupos de interés".

"Desgraciadamente, hemos avanzado muy poco en esto a pesar de las malas experiencias previas y el proceso de designación está resultando más opaco y discrecional de lo deseable", enfatizaron.

Recordemos que la Corte Suprema definió el lunes la quina de candidatos para Fiscal Nacional. Estos son el fiscal regional de Magallanes, José Morales; el abogado penalista Ángel Valencia; la abogada y directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurdíca del Ministerio Público, Marta Herrera; el fiscal regional de Aysén; Carlos Palma, y el exfiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Rodrigo Ríos.

"Relaciones de confianza"

Los académicos también apuntaron que "la percepción pública es que algunos de los factores fundamentales de las decisiones en las diversas etapas serán las conexiones personales, las reuniones y recomendaciones privadas".

"Se hace cada vez más patente que para optar a este cargo con una mínima expectativa de éxito, es necesario un largo proceso de generación de relaciones de confianza con diversas autoridades, lo que resulta muy cuestionable para quien luego ejerza la función de Fiscal Nacional", prosiguieron los firmantes.

"Pensamos que aun es tiempo que el Poder Ejecutivo y el Senado tomen sus decisiones de acuerdo con un procedimiento que sea de carácter público y donde todas las preguntas y los debates que sean necesarios puedan ser conocidos por la ciudadanía", instaron.

• Puede leer la carta completa en este link.

A continuación la lista de firmantes:

• Andrea Pinto Bustos, profesora Derecho PUCV.
• Angélica Torres, profesora Facultad de Derecho UDP.
• Claudio Fuentes Maureira, profesor Facultad de Derecho UDP.
• Cristian Riego, profesor Facultad de Derecho UDP.
• Christian Suárez, profesor Facultad de Derecho Universidad de Talca.
• Diego Palomo, profesor Facultad de Derecho Universidad de Talca.
• Eduardo Alcaino, profesor Facultad de Derecho UDP y UAI.
• Enrique Letelier Loyola, profesor Facultad de Derecho Universidad de Valparaíso.
• Fernando Orellana Torres, profesor Facultad de Derecho UCN.
• Flavia Carbonell, profesora Facultad de Derecho U. Chile.
• Francisco Maldonado, profesor Facultad de Derecho Universidad de Talca.
• Gonzalo Agliati Vásquez, profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal PUCV.
• Guillermo Oliver, profesor Facultad Derecho PUCV.
• Humberto Alarcón, profesor Facultad de Derecho UDD.
• Javier Velásquez, profesor Facultad de Derecho Universidad de la Frontera.
• Jaime Vera, profesor Facultad de Derecho PUCV.
• Juan Sebastián Vera, profesor Facultad de Derecho U. Chile.
• Jordi Delgado Castro, profesor Facultad de Derecho Universidad Austral de Chile.
• Lorena Espinosa, profesora Facultad Derecho UDP.
• Macarena Vargas Pavez, profesora Facultad Derecho UDP.
• Mauricio Duce J., profesor Facultad Derecho UDP.
• María Elena Santibañez Torres, profesora Facultad de Derecho PUC.
• María Inés Horvitz, profesora Facultad de Derecho U. Chile.
• Matías Aránguiz, profesor Facultad de Derecho UC.
• Ramon García, profesor Derecho UCSC.
• Renée Marlene Rivero Hurtado, profesora Derecho Universidad de Chile.
• Ricardo Lillo, profesor Facultad de Derecho UAI.
• Sophía Romero Rodríguez. profesora de Derecho Procesal PUCV.
• Víctor Beltrán Román, profesor Facultad de Derecho UDP.