Este artículo fue publicado en Clarín, con fecha 14 de febrero de 2014. Con motivo de que el presidente Boric ha anunciado el envío de un proyecto para levantar el secreto del informe emanado de la Comisión Valech, creo necesario publicarlo nuevamente. El original es más extenso, sin embargo, he omitido la segunda parte por no tener relación directa con el tema en comento. Va la nota:
Estimado lector, antes de dar inicio a la nota referente al título, deseo hacer una aclaración: el día de hoy quería enviar a Clarín el cuarto artículo de la saga titulada “La FECH y el cuco del anarquismo”; sin embargo, las declaraciones de personeros políticos de la Nueva Mayoría, me llevaron a preparar sendas respuestas, pues el silencio sólo significaría avalarlas.
La canallada.
Vamos al grano. Empezaré por las declaraciones del senador Jaime Quintana quien al hacer una defensa corporativa de la militante del PPD, Carolina Echeverría, nombrada para ocupar el cargo de subsecretaria de Defensa, y ante las acusaciones que involucran a su padre, el coronel ® del ejército, Víctor Echeverría Henríquez, en violaciones de los derechos humanos, sin un mínimo de dignidad, habla de “presuntas víctimas” y “presuntos crímenes”; dice además, que el surgimiento de los cuestionamientos a Carolina Echeverría se deberían a “un deporte veraniego”.
Al leer estos comentarios, inmediatamente pensé que el senador Quintana sufría del Síndrome de Estocolmo. Pero al leer su biografía me percato que al momento del golpe de Estado tenía sólo 6 años de edad. Entonces, al término de la dictadura cívico-militar apenas tenía 22 años. De esto se colige, si no se demuestra lo contrario, que don Jaime Quintana, no sufrió ni prisión, ni tortura, ni exilio. Si esto es así, y se presenta ante el electorado como un militante de centro-izquierda (aunque el Partido Por la Democracia del cual es su presidente, diste mucho de esa categoría), de todas maneras, debiera tener un poco de respeto por las personas que fueron encarceladas, torturadas y asesinadas (lo que él califica como presuntos crímenes). Y ahora me dirijo a usted senador Quintana para manifestarle lo siguiente: sus declaraciones son propias de la ultraderecha de nuestro país y las hemos venido escuchando desde el primer momento del término de la dictadura cívico-militar. En el caso de la derecha, forman parte de su ADN reaccionario y fascistoide, pero al provenir de un senador y presidente de un partido de la Nueva Mayoría, se convierten en una vulgar canallada. Por lo demás, podría ser más original y no repetir las mismas monsergas de la ultraderecha.
La hipocresía.
Ahora bien, y siguiendo con el mismo tema, otro parlamentario, el diputado Jorge Burgos, a pocas semanas de asumir como titular del Ministerio de Defensa, también brinda su decidido apoyo a Carolina Echeverría y manifiesta que han estado en permanente contacto y sabe de su compromiso con los derechos humanos. Hasta aquí, en mi modesta opinión, sólo cabe estar de acuerdo con el futuro ministro. Sin embargo, donde sí el honorable diputado comete un muy desafortunado “error”, es cuando declara que “en un Estado de Derecho quienes determinan las responsabilidades penales son los tribunales, no los denunciantes ni tampoco son responsables los hijos, eso es ajurídico”. Totalmente de acuerdo con que los hijos no son responsables de los delitos cometidos por sus padres. Pero, señor diputado, y ahora me dirijo a usted, ¿de qué tribunales está usted hablando, de los mismos que absolvieron al general Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, alias Daniel López? Tal vez, esos tribunales consideraron que las denuncias no eran lo suficientemente graves para ser tomadas en cuenta y los denunciantes (la mayoría de los chilenos) no aportaron las suficientes pruebas para que los tribunales pudiesen condenarlo.
La abyección.
Además, usted como parlamentario debe estar en conocimiento de que existe un texto legal llamado Ley Valech que tiene el número 19.992, en cuyo Título IV, Del Secreto, en su artículo 15 dice lo siguiente:
TITULO IV Del secreto Artículo 15.- Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003,
del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes.
El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior.
Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a
terceros por voluntad propia.
Los integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como las demás personas que participaron a cualquier título en el desarrollo de las labores que se les encomendaron, estarán obligados a mantener reserva respecto de los antecedentes y datos que conforme al inciso primero de este artículo tienen carácter secreto, durante todo el plazo establecido para aquel. Estas personas se entenderán comprendidas en el Nº 2 del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal o del artículo 303 del Código Procesal Penal, según corresponda.
La comunicación, divulgación o revelación de los antecedentes y datos amparados por el secreto establecido en el inciso primero, será sancionada con las penas señaladas en el artículo 247 del Código Penal. Entonces, honorable diputado, ¿nos puede explicar a los ciudadanos de este país, si tuvieron algún sentido las más de 38.000 respectivas denuncias que efectuaron las víctimas a través de sus testimonios ante los funcionarios de la comisión Valech, mismas que fueron sancionadas (acreditadas) por dicha comisión?
Estoy en condiciones de asegurarle, honorable diputado, porque lo he conversado en innumerables ocasiones con varios compañeros, que de haber sabido que se iba a decretar el secreto para asegurar la impunidad de los torturadores, ninguno de los compañeros y compañeras que me ha tocado entrevistar y, por lo que me explicaron, ninguno de los que concurrieron, habrían entregado su testimonio.
Y ese artículo, señor Burgos, no es más que una traición a la confianza de las víctimas que lo único que deseaban, era que se hiciera justicia. Pero claro, el ex presidente Ricardo Lagos, prefirió subsanar la negación de justicia al mejor estilo neoliberal: con una reparación económica, aunque fuera “austera y simbólica”. El problema, es que las torturas no fueron ni austeras ni simbólicas; por lo demás, la famosa compensación económica es harto rasca. ¿Sabe a cuánto asciende el monto que recibe un “compensado” por la ley Valech? Yo se lo informo: $156.038.- mensuales; es decir, ni siquiera el sueldo mínimo. La decisión en el sentido de no entregar el monto total en un solo acto (que habría sido de mucha utilidad para las víctimas de avanzada edad cuya mayoría se encontraba cesante), radicaba, justamente, en la idea cierta que más temprano que tarde, irían falleciendo, con el consiguiente ahorro para el fisco, puesto que esa compensación no es hereditaria. Y esta es otra felonía establecida en la ley Valech.
Una pregunta señor diputado: ¿usted leyó la ley antes de concurrir con su voto para aprobarla?, ¿estuvo de acuerdo con el mentado artículo 15 que establece la impunidad absoluta de los torturadores? Si es así, entonces lo menos que puede hacer es quedarse callado y no tratar de confundir a la ciudadanía con “tinterilladas hipócritas”. Esto, sin contar que de todas formas usted es cómplice, al igual que todos los parlamentarios que estuvieron de acuerdo en aprobar la ley Valech con el artículo 15 incluido, del acto de mayor abyección que haya cometido un presidente de la República durante el período republicano. El ex presidente Lagos tendrá que cargar con el estigma de haber asegurado la impunidad absoluta a los mayores violadores de los derechos humanos de nuestra historia.
Esta felonía, no tiene parangón, ni siquiera con la Ley de Defensa de la Democracia o Ley Maldita, del presidente Gabriel González Videla, porque en esta ocasión, no sólo se traicionó la confianza de las víctimas, sino además, se les volvió a dar una estocada en su dignidad. Desde esta tribuna, hago un llamado a las víctimas que concurrieron con su testimonio ante la Comisión Valech, que hagan público cada uno de estos testimonios tal cual fueron expuestos ante los funcionarios de dicha comisión, pues estoy seguro que será el único camino que nos acerque a la verdad y a la justicia plena, y no “en la medida de lo posible”. Si no fuera así, por lo menos, como dijo el presidente Allende, que tengan una sanción moral de la mayoría del pueblo chileno.
Hugo Murialdo
No hay comentarios:
Publicar un comentario