Más de $3 mil millones que le fueron incautados a Augusto Pinochet en 2004, fueron recientemente traspasados a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Esto en el marco de la investigación por el patrimonio del dictador, también conocido como Caso Riggs.

Los dineros fueron depositados en la cuenta corriente del CAPJ, luego que los herederos del también ex comandante en jefe del Ejército no hicieron reclamo en el plazo de seis meses que dicta la ley, consignó El Mercurio.

En 2018, la Corte Suprema dictó que la familia Pinochet traspasara al Estado US$ 1,6 millones. En la instancia, el máximo tribunal determinó que los herederos del dictador eran “terceros responsables” y, a su vez, que este “incurrió en conductas que importaron sustracción de caudales públicos”, indicó el medio citado.

De este modo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le solicitó al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Guillermo de la Barra poner a disposición de la corporación los dineros retenidos. Esto fue accedido por el magistrado en 2020: “El saldo de dinero incautado que no fue objeto de comiso nunca fue reclamado en el plazo de seis meses por ninguna persona y, por tanto, se dispuso su entrega a la CAPJ”.

La sentencia quedó ejecutoriada a fines de agosto de 2022, sin embargo, no se había podido materializar, debido a que el dinero estaba con medidas precautorias que decretó el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, ante una demanda que presentó el CDE.

En la época, investigaciones realizadas en Estados Unidos revelaron que el Banco Riggs había ayudado a Pinochet a crear dos empresas de papel, en las Islas Bahamas, usando pasaportes falsos y una identidad oculta recurrente: Daniel López.