PAÍSEn una declaración emitida desde el penal y dirigida al diputado Gonzalo de la Carrera, presos condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet reconocieron que, “en el cumplimiento de sus deberes”, muchas de sus acciones produjeron violaciones a los derechos humanos. Aseguran que ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, “lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”. Asimismo, los presos de Punta Peuco lamentaron que haya transcurrido un lapso de 33 años sin que sus superiores hayan asumido la responsabilidad de sus órdenes, lo que ha resultado en la prolongada prisión de sus subalternos. [ACTUALIZADA]
A través de una carta enviada al diputado Gonzalo de la Carrera, con fecha 7 de septiembre de 2023, presos recluidos en el centro de detención Punta Peuco marcaron un punto de inflexión en el debate sobre la dictadura, a 50 años del Golpe de Estado, abordando su responsabilidad en un período oscuro de la historia, pero acusando un “pávido silencio” de sus superiores.
La declaración firmada por 27 de los 134 internos en el penal para criminales de lesa humanidad, transmitida a través de la abogada Javiera Steger Vidal, destaca la ocasión del aniversario de la independencia del país y el homenaje al Ejército, “siempre vencedor y jamás vencido”, para resaltar la importancia de su mensaje.
“Sentimos el patriótico deber de señalar a nuestros compatriotas que si bien cumplimos sentencias judiciales que han emanados de un sistema procesal que fue desechado por injusto e inquisidor, lo hacemos con la dignidad y el estoicismo propios de un soldado”, comienzan señalando los militares condenados.
En un gesto sin precedentes, los prisioneros reconocieron que muchas de sus acciones en ese período produjeron violaciones a los derechos humanos, atribuyendo esto en parte a una formación que priorizaba la obediencia sobre el respeto por sus adversarios. Sin embargo, subrayaron que este reconocimiento no debe ser interpretado como una justificación, sino como un intento de comprensión.
“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, agregan.
La declaración de los oficiales reclusos en Punta Peuco apunta hacia los subalternos, incluyendo suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles, quienes, según argumentan, cumplían órdenes de sus superiores basadas en la legislación militar vigente de la época. En este sentido, los prisioneros instaron a la sociedad civil y al poder político y judicial a considerar medidas jurídicas o administrativas que permitan a estos subalternos volver a reunirse con sus seres queridos.
“Asumida dicha realidad, con la misma firmeza y dignidad, expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando -nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles- hoy tengan como único futuro terminar sus dias en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”, remarcan.
Asimismo, los presos de Punta Peuco lamentaron que haya transcurrido un lapso de 33 años sin que sus superiores hayan asumido la responsabilidad de sus órdenes, lo que ha resultado en la prolongada prisión de sus subalternos. En este contexto, los prisioneros se ofrecieron a asumir la responsabilidad de sus actos como una respuesta al “pávido silencio” de aquellos que no han reconocido su participación en los hechos de la época.
“A la sociedad civil le pedimos el apoyo y la comprensión para hacer realidad el anhelado sueño de una justicia ‘justa’ para nuestros subalternos”, declaran.
En su cierre, quienes se definen como “oficiales subalternos de antaño, jóvenes soldados que cumplimos las órdenes de nuestros superiores en aquellos aciagos días que vivió nuestro país hace 50 años y durante todo el gobierno militar”, juran lealtad a la “patria y a nuestras instituciones”.
El diputado Gonzalo de la Carrera acusó recibo de la carta e incluso la leyó desde el Congreso junto a la diputada Gloria Naveillán. “Espero haber sido un puente para contribuir a la reconciliación nacional”, señaló el parlamentario.
Firman
- Jaime Torres Gacitúa
- Carlos Herrera Jimenez
- Iván Quiroz Ruiz
- Patricio Román Herrera
- Enrique Sandoval Arancibia
- Daniel Guimpert Corvalán
- Hernán Ramírez Hald
- Roberto Ampuero Alarcón
- Manuel Muñoz Gamboa
- Gerardo Aravena Longa
- Gerardo Godoy García
- René Villarroel Sobarzo
- Carlos Tapia Gallegillos
- Harodo Latorres Sánchez
- Raúl Quintana Salazar
- Manuel Provis Carrasco
- José Zara Holger
- Cristoph Willeke Floel
- Reimer Kohlitz fell
- Fernando Rojas Tapia
- Ricardo Álvarez Jalabert
- Vittorio Orvieto Tiplitzky
- Manuel Carevic Cubillos
- Juan Mancilla Díaz
- Arturo Silva Valdés
- Walther Klug Rivera
- Patricio Maraboli Orellana
Los casos de los más importantes
De todos los exagentes que firman el documento, el primero en reconocer su participación en las violaciones a los DDHH y pedir perdón por ellas fue Carlos Herrera Jiménez, exoficial de Ejército que fue parte de la Dirección de Inteligencia de dicha institución y de la CNI y que, entre otros hechos, fue el autor material de la muerte de Tucapel Jiménez, así como del transportista Mario Fernández.
En 1998 concedió una entrevista a La Tercera en la cual dijo que “si de algo sirve, de la forma más sincera y humilde, pido perdón a la sociedad chilena y en particular a las personas y los familiares de las personas que pudiesen haber sido dañadas por mi fanatizado proceder”.
De los demás firmantes, destacan los siguientes:
-El exoficial de Carabineros Iván Quiroz Ruiz, agente de la CNI, quien fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad en los homicidios cometidos en el marco de la “Operación Albania”, así como a 7 años como autor de los secuestros de dos personas (José “Pepe” Carrasco y Abraham Muskablit) luego del atentado en contra de Augusto Pinochet. Asimismo, fue condenado a 10 años y un día por su participación en el caso de cinco miembros del FPMR secuestrados en 1987.
–Daniel Guimpert Corvalán: exoficial de la Armada, fue jefe de Contrainteligencia y miembro del Comando Conjunto. Entre otros casos, está condenado a 20 años de presidio, como autor de asociación ilícita y secuestro calificado, por el caso de tres personas desaparecidas entre 1975 y 1976, y a cinco años y un día por el secuestro de Carlos Contreras Maluje.
-Hernán Ramírez Hald: exgeneral de Ejército, fue condenado a 10 años y un día por el secuestro de un militante comunista (José Flores Araya), en 1974. También fue condenado a 800 días de presidio, como encubridor del homicidio de Tucapel Jiménez, debido a lo cual debió dejar el Ejército, pues se encontraba en servicio activo al momento de recibir dicha condena. Actualmente está querellado junto a Virginio Cartoni por parte del Consejo de Defensa del Estado, debido a la venta de equipos criptológicos al Ejército con sobreprecios, como informó El Mostrador.
-Manuel Carevic Cubillos: exoficial de Ejército, agente de la DINA. Fue condenado a 10 años y un día por el secuestro de también funcionario de dicha policía secreta, Rodolfo González Pérez; a 7 años y un día por el secuestro del profesor de la U. de Chile, Marcial Toro, y además enfrenta varias causas relacionadas con la “Operación Colombo”.
-Manuel Provis Carrasco: exbrigadier general de Ejército, entre otros casos en que está implicado, registra una condena de 10 años y un día por el homicidio del periodista Augusto Carmona, asesinado por la CNI en 1977. Además, está condenado a 15 años de prisión por su participación en la asociación ilícita que planificó el secuestro y homicidio del bioquímico que fabricaba gas sarín para la DINA, Eugenio Berríos.
-Arturo Silva Valdés: exoficial de Ejército, funcionario de la CNI, se encuentra condenado a 20 años por el caso Berríos. Silva fue escolta de Augusto Pinochet y a partir de 1994 fue jefe de seguridad de seguridad del dueño de El Mercurio, Agustín Edwards.
-Christoph Willeke Flöel: exoficial de Ejército y agente de la DINA, también llegó al grado de brigadier general. Fue condenado a 17 años en la investigación por la “Operación Cóndor” y también por el homicidio, en Buenos Aires, del excomandante en Jefe del Ejército, Carlos Prats, y su esposa, en 1974, por lo cual recibió 15 años y un día. Además, fue condenado a 10 años y un día como autor del homicidio de Lumi Videla, acaecido ese mismo año en Santiago.
-José Zara Holger: exoficial de Ejército, miembro de los “boinas negras” y agente de la DINA. También está condenado a 15 años por el crimen de Carlos Prats y su esposa.
Carta Presos de Punta Peuco by El Mostrador on Scribd
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