OPINIÓN
Ningún militar podía oponerse, porque el Código de Justicia Militar no distingue. En conformidad con la ideología de la Seguridad Nacional, la guerra externa y la guerra interna son la misma cuestión, y los enemigos pueden ser, indistintamente, extranjeros o chilenos. La desobediencia, en tiempos de guerra, se castiga con la pena de muerte, y quien la castiga es su superior militar, que es juez y parte. El gobierno militar, atendiendo a su origen espurio, necesitaba justificarse, para lo cual mantuvo, hasta el último día, como enemigos a los chilenos de izquierda, y destinó personal militar a los organismos de seguridad interior, para que ellos los combatieran, siendo estos los que conocemos ahora como los violadores de los derechos humanos. Al respecto, cabe señalar que, entre los oficiales que fueron destinados a cumplir las tareas represivas, al interior de organismos de seguridad, no figuran los hijos de la aristocracia militar, los que se mantuvieron desarrollando las tareas militares ordinarias.
A cincuenta años del golpe de Estado, es un dato que este hecho político y las violaciones a los derechos humanos que lo sucedieron son dos temas que continúan dividiendo a los chilenos. Pasa que estos dos temas tuvieron por autores a los militares, pero que estas dos conductas, desde la perspectiva militar, fueron ejecutadas en el cumplimiento de órdenes, que se originaron en los niveles más altos de la escala jerárquica, y que los subalternos estaban obligados a obedecer, aunque se tratara de órdenes ilegales, porque no tenían ante quién denunciarlas.
A modo de ejemplo, a los militares no se les consultó si querían o no participar en un golpe de Estado, y solo un grupo muy menor y de muy alto grado participó en los preparativos, y no podría haber sido de otra manera, porque su éxito se fundamentó, entre otros factores, en el secreto y en la sorpresa, al menos, respecto al día en que se iba a producir.
El golpe militar
Particularmente, a mí, el golpe de Estado me sorprendió a los dieciséis años, como cadete de primer año de la Escuela Naval. A ninguno de mis compañeros, ni a mí, se nos preguntó nada; simplemente, el 11 de septiembre de 1973, muy temprano por la mañana, se nos informó que ese día las Fuerzas Armadas habían derrocado al Gobierno de la Unidad Popular, y que no tendríamos clases porque los profesores no podrían llegar porque, por seguridad, todas las personas deberían permanecer en sus casas y no había movilización colectiva.
Al respecto, es importante efectuar tres precisiones. La primera, implica reconocer que, en Chile, por derivación de la Guerra Fría y de nuestra dependencia y alineación con los Estados Unidos, para ingresar a las plantas de oficiales, cuadros permanentes y gente de mar de las Fuerzas Armadas, los postulantes deben superar un proceso de selección, que excluye a los que provienen de familias de izquierda, y que el ingreso a las plantas es solo a través de las escuelas matrices, porque se supone que dos años de formación militar es tiempo suficiente para suprimir, o al menos para detectar, el germen marxista o cualquier otra mala costumbre que pueda existir en un aprendiz de militar. La segunda, que los postulantes seleccionados para ingresar a las escuelas matrices de oficiales provienen en su mayoría de colegios particulares, lo que, en sí mismo, contribuye a que los oficiales tiendan a adherirse a los partidos políticos de derecha.
No ocurre lo mismo con el personal del cuadro permanente y de la gente de mar, que por provenir de una clase social más baja sus familias suelen ser de izquierda, y así se había comprobado, con motivo de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las cámaras de tripulación, durante la transmisión televisiva, en que la gente de mar aplaudía los cómputos que favorecían a la Unidad Popular. Esta tendencia se modera, durante los procesos de selección de las escuelas matrices, mediante la preferencia de los postulantes campesinos, porque suelen ser más dóciles que los hijos de obreros. Y la tercera precisión es que lo que distingue a la formación militar no es el uso de las armas, como suele creerse, sino la inculcación de la obediencia, que no es una virtud, como también suele creerse, porque los crímenes más horrorosos en la historia de la humanidad se han cometido en cumplimiento de órdenes.
Cuando comienzan los preparativos para el golpe militar, con reuniones de oficiales navales, estos preparativos son descubiertos por el personal de gente de mar, generándose, en muchos de ellos, conflictos éticos porque, como es evidente, no todos los marinos estaban dispuestos a “tirar contra sus hermanos”. Algunos de estos marinos, para evitar el golpe de Estado, denunciaron los preparativos al Gobierno y por eso se reunieron con el senador Carlos Altamirano (PS) y con los dirigentes Óscar Garretón (MAPU) y Miguel Enríquez (MIR). Las reuniones resultaron un fracaso, porque en ese tiempo también había un profundo desconocimiento de la clase política respecto a las Fuerzas Armadas.
En resumen, los miristas querían ser los jefes de los marinos en la defensa militar del Gobierno de la Unidad Popular y los marinos no quisieron subordinarse a unos paisanos, sino que liderarse a sí mismos. Producto de estas reuniones, el juez naval de la Primera Zona Naval, que era el vicealmirante José Merino Castro, abrió una causa en contra de los marinos por infiltración subversiva y la Fiscalía Naval dispuso la detención de alrededor de doscientos cincuenta marinos, entre julio y agosto de 1973, que fueron los primeros torturados, porque la disciplina militar no es ni un conocimiento ni un aprendizaje, sino mucho temor al castigo. Desde otra perspectiva, si el almirante Merino no era capaz de asegurar la disciplina entre sus subalternos, difícilmente tendría éxito el golpe de Estado que debía capitanear, punto de vista que no justifica, pero que sí explica, la crueldad represiva que aplicó la Armada en contra de los marinos antigolpistas.
En definitiva, ante la fundada sospecha de que el sentimiento antigolpista se extendiera entre la tropa y que el golpe militar fuera el detonante de una división de las Fuerzas Armadas, consecuencial al clima de polarización que caracterizaba al Chile del año 1973, se derivó la determinación naval de adelantar el golpe de Estado, y no el temor de que Allende llamara a un plebiscito, que es algo que importaba más a la Unidad Popular que a los golpistas.
Al respecto, no tan solo la CIA promovía el golpe de Estado, sino también la derecha política, que en ese tiempo incluía a la Democracia Cristiana, cuyos representantes más connotados golpeaban las puertas de los cuarteles, para convencer a sus mandos de la conveniencia de derrocar al Gobierno de la Unidad Popular. A su vez, la gente de derecha, en las calles, lanzaba granos de maíz a las tropas, para calificarlos de gallinas, porque no usaban sus armas en contra del Gobierno de la Unidad Popular. Pasa que las personas de derecha, en Chile, consideraban, y aún consideran, que las Fuerzas Armadas son parte de su patrimonio y que, por tanto, las pueden utilizar en función de sus mezquinos intereses.
En definitiva, la derecha oligárquica estima que, cuando se acaba la política, las Fuerzas Armadas deben salir de sus cuarteles para dirimir a su favor. Ejemplos hay muchos, entre ellos, la Matanza de la Escuela Santa María (1907), la Masacre de Marusia (1925), la Masacre del Seguro Obrero (1938), la Masacre de Puerto Montt (1969) y el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y los crímenes que lo precedieron. A su vez, la extrema derecha no vacila en eliminar a los militares que no comulgan con sus intereses, como ocurriera con el coronel Santiago Amengual, el comandante Arturo Araya y los generales René Schneider, Alberto Bachelet y Carlos Prats, por nombrar a algunos de alto grado. A su vez, las Fuerzas Armadas son instituciones cuyos miembros pertenecen a las clases medias, por lo que suelen tener comportamientos muy aspiracionales, razón por la cual prefieren identificarse con las clases más acomodadas.
Desde el punto de vista militar, el golpe de Estado tiene dos fechas significativas, una clandestina: el 27 de julio de 1973, que es el día en que es asesinado el edecán de Salvador Allende, comandante Arturo Araya, porque el almirante Merino temía que informara a Allende sobre el golpe de Estado. Esta fecha coincide con el arresto de los marinos constitucionalistas.
Las razones del golpe de Estado
Es evidente que la causa del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es el triunfo de Salvador Allende, en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, porque, si en dicha elección hubiese ganado el candidato de la derecha, Jorge Alessandri, no habría ocurrido golpe de Estado. Tal como si, en la elección presidencial del 19 de noviembre de 2017, hubiese salido electo el candidato de la Concertación, Alejandro Guillier, y no Sebastián Piñera, no habría ocurrido el estallido social, del 18 de octubre de 2019. La diferencia es que el golpe de Estado tuvo por protagonistas a militares y el estallido social tuvo por protagonistas a civiles. Esta diferencia explica, por sí misma, que el primero tuviera éxito, en derrocar a Allende, y que el segundo fuera frustrado, en su intención de derrocar a Piñera.
Sucede también que, como nuestras Fuerzas Armadas, desde casi siempre, han sido sociedades cerradas y, a diferencia de las de otros países latinoamericanos, no tenían una tradición golpista, los primeros preparativos para la materialización del golpe de Estado se inician desde fuera de ellas, bajo la cobija de los deportes náuticos, en Algarrobo, en el club de yates Cofradía Náutica del Pacífico Austral, y bajo la dirección de Agustín Edwards Eastman, quien reclutó para sus propósitos, entre otros, al almirante Merino, que en ese tiempo era el Comandante en Jefe la Primera Zona Naval. Dos eran los requisitos por cumplir para realizar el golpe de Estado: la alineación de los cuatro jefes de las instituciones armadas y la neutralización de los oficiales constitucionalistas, obstáculo último que, en virtud de la obediencia, era accesorio a la superación del primero.
Sucede que la sociedad civil, por su esencia, no puede vencer, militarmente, a las Fuerzas Armadas, que tienen el monopolio de las armas y de la violencia organizada, y son, a su vez, obedientes y disciplinadas, características que, en sí mismas, aseguran el triunfo de los militares sobre los civiles. Esta es la razón por la cual Pinochet se mantuvo en la Comandancia en Jefe del Ejército hasta después de terminado su gobierno.
No tardó Merino en convertirse en el principal colaborador de Agustín Edwards, aguachado por las temporadas veraniegas en la casa de campo en la isla Illeifa, en el lago Ranco, que este le facilitaba, con consumo incluido. Y es esta la causa por la cual la Armada de Chile es la institución que más se compromete con el golpe de Estado, incluso brindando protección militar al paro de los camioneros y facilitando armas a Patria Libertad y, a contar de fines de julio de 1973, reprimiendo por subversivos a los marineros contrarios al golpe de Estado.
Los acontecimientos se precipitan. El 17 de agosto de 1973, el general Sergio Ruiz Danyau, después de una discusión con el Presidente Salvador Allende, renuncia a la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea y, en su reemplazo, asume el general Gustavo Leigh Guzmán; el 23 de agosto de 1973, el general Carlos Prats González, después de un confuso incidente, con civiles de derecha, renuncia a la Comandancia en Jefe del Ejército y, en su reemplazo, asume el general Augusto Pinochet Ugarte. El 11 de septiembre de 1973, a las 04:30 horas, el comandante en Jefe de la Armada, almirante Raúl Montero Cornejo, es detenido en su domicilio en las Condes por un grupo de infantes de marina, por orden del recién asumido, de facto, comandante en Jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino Castro; y también el 11 de septiembre de 1973, a mediodía, es detenido en La Moneda el general director de Carabineros, José Sepúlveda Galindo, siendo reemplazado por el general César Mendoza Durán, quien asume de facto, ese mismo día, la Dirección General de Carabineros. No está de más exteriorizar que ninguno de estos hechos que, por su propia naturaleza, atentaban directamente en contra de la disciplina de las Fuerzas Armadas, afectó la condición de obedientes de los militares subalternos.
Lo cierto es que, en conformidad con el plan de la Cofradía Náutica, el candidato para presidir Chile era el almirante Merino, quien lideraría el golpe militar, tomando la iniciativa, y con la posesión de un plan de Gobierno en lo económico elaborado por Chicago Boys. De hecho, a las 08:00 horas del 11 de septiembre de 1973, como señal de liderazgo, el almirante Merino pronuncia un discurso radial, en representación de las Fuerzas Armadas, donde señala las razones del golpe.
El plan militar, en sí mismo, fue simple y de inspiración naval. El golpe se inició en Valparaíso, antes de las 06:00 del 11 de septiembre de 1973, con la Armada asegurando el área general de Valparaíso, en una suerte de cabeza de playa, cuya retaguardia estaba protegida por la escuadra nacional y las naves U.S., que participaban en la operación Unitas. El avance de las tropas no resultaba necesario, porque estas están, naturalmente, ya establecidas y distribuidas a lo largo del territorio, con planes de contrainsurgencia, fundamentados en la conscripción obligatoria. La organización de paz de nuestras Fuerzas Armadas, desde los tiempos de la Conquista, es la de un ejército de ocupación, que considera, al menos, un regimiento por ciudad capital de provincia, y en los pueblos están los carabineros.
Así, solo bastó con que marinos, militares, aviadores y carabineros salieran a las calles. El Ejército tomó el control de las ciudades y aseguró el suministro de los servicios básicos. Al final, el poder político no fue asumido por el almirante Merino, sino por una Junta Militar, integrada por los cuatro jefes de las instituciones armadas y comandada por el general Pinochet, que el mismo 11 de septiembre se sumó a los golpistas.
Tres hipótesis explican el bombardeo de La Moneda con los Hawker Hunter. La primera, dar una clara señal a los partidarios de la Unidad Popular de que su Gobierno había sido derrocado, desalentando así cualquier resistencia; la segunda, otorgar un grado de participación a la Fuerza Aérea en el golpe de Estado; y la tercera, las dos anteriores.
El tema es que no hubo resistencia armada, ni armas para defender al Gobierno de la Unidad Popular. Las tropas cubanas nunca aparecieron, las fuerzas del GAP no pasaron de ser unos pocos guardaespaldas y choferes, los cordones industriales carecían de toda capacidad operativa y solo los carabineros de La Moneda opusieron resistencia a deponer las armas.
En resumen, se estima que menos de 60 personas murieron defendiendo al Gobierno de la Unidad Popular, como resultado directo de las acciones de combate del 11 de septiembre. De ellos, 46 eran de la guardia de Allende, algunos murieron combatiendo a los soldados que tomaron La Moneda, otros como resultado del bombardeo con los Hawker Hunter y otros, directamente, asesinados. Entre los militares, hubo 34 muertos.
La nueva institucionalidad
Lo que viene después es conocido. Se ordenó a las personas mantenerse en sus casas y se permitió a los que estaban en sus lugares de trabajo dirigirse a sus hogares. La Junta Militar decretó toque de queda, a partir de las 15:00 horas, en todo el territorio del país, el cual perduró hasta el 2 de enero de 1987. Se decretó Estado de Sitio en todo el territorio nacional, el cual se asimiló al de guerra interna. Se declararon ilegales los partidos políticos que pertenecían a la Unidad Popular y los otros fueron suspendidos y el Congreso disuelto. Se ordenó a todos los particulares entregar las armas de fuego que estuvieran en su poder. Se instó a los ciudadanos a denunciar a todos los que habían sido adherentes del Gobierno de la Unidad Popular, especialmente, a sus principales líderes, entre ellos, Carlos Altamirano (PS), Volodia Teitelboim (PC), José Tohá (PS), Luis Corvalán (PC) y Luis Guastavino (PC).
Comenzó también la búsqueda de las armas, y la persecución y represión de las personas que tenían ideologías de inspiración marxista y, en general, de todos los opositores al nuevo Gobierno, y se abrieron centros de detención especiales. No está de más señalar que el trabajo vinculado, esto es, oír a los soplones, el arresto de las personas, su custodia, los consejos de guerra y los interrogatorios no tardaron en derivar en tormentos. Que la vigilancia de las calles, las patrullas, los allanamientos y el trabajo sucio debieron ser cumplidos por los militares de bajo grado.
Ningún militar podía oponerse, porque el Código de Justicia Militar no distingue. En conformidad con la ideología de la Seguridad Nacional, la guerra externa y la guerra interna son la misma cuestión, y los enemigos pueden ser, indistintamente, extranjeros o chilenos. La desobediencia, en tiempos de guerra, se castiga con la pena de muerte, y quien la castiga es su superior militar, que es juez y parte.
El gobierno militar, atendiendo a su origen espurio, necesitaba justificarse, para lo cual mantuvo, hasta el último día, como enemigos a los chilenos de izquierda, y destinó personal militar a los organismos de seguridad interior, para que ellos los combatieran, siendo estos los que conocemos ahora como los violadores de los derechos humanos. Al respecto, cabe señalar que, entre los oficiales que fueron destinados a cumplir las tareas represivas, al interior de organismos de seguridad, no figuran los hijos de la aristocracia militar, los que se mantuvieron desarrollando las tareas militares ordinarias.
Después el pragmatismo y la traición. En los delitos cometidos en cumplimiento de órdenes militares son igualmente autores el superior que ordena como el subalterno que cumple, salvo que el subalterno represente la orden al mismo superior que se la impartió. Ninguno de los comandantes en Jefe que protagonizó el golpe, ni sus sucesores, reconoció haber ordenado las violaciones a los derechos humanos y, menos, que estas hubiesen sido sistemáticas.
Los civiles que salieron a lanzar trigo a las Fuerzas Armadas, los que golpearon las puertas de los cuarteles, los que aplaudieron el golpe de Estado, los que todavía lo justifican, los que guardaron silencio frente a las violaciones a los derechos humanos y los que rechazaron los recursos de amparo, no salieron a defender a los militares, que hicieron el trabajo sucio, para justificar la dictadura y para que Chile se pudiera insertar en los parámetros del liberalismo económico, esto es, un sistema fundamentado en el sector privado y en la apertura al comercio exterior, la rebaja de los aranceles a la importación y la reducción del Estado mediante la privatización de sus empresas, dejando a este un rol subsidiario, lo que constituyó un duro golpe a la industria nacional.
En lo laboral, consecuentemente, se restringió el poder sindical y las materias de negociación. En definitiva, la implementación de la política económica de los Chicago Boys requirió del apoyo de los organismos represivos de la dictadura.
El epílogo, del golpe militar
Una vez que, con el triunfo del No y el retorno a la democracia, vino el consenso, el sistema internacional abrió las puertas al Gobierno de Patricio Aylwin y la CIA abrió sus archivos secretos. Toda la clase política apoyó los tratados de libre comercio, a sabiendas que traían aparejado, como requisito, el pleno respeto a los derechos humanos. Los mismos jueces que ayer habían aplicado la Ley de Amnistía, absuelto a los militares violadores de los DD.HH. y rechazado los recursos de amparo, al día siguiente, consideraron que el secuestro puede ser un delito permanente, que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y que el cumplimiento de órdenes, cuando implica violar los DD.HH., no constituye una eximente de responsabilidad penal.
Lo más patético es que, para nuestras Fuerzas Armadas, el retorno a la democracia no se produjo el 11 de marzo de 1990, cuando asumió la Presidencia de la República Patricio Aylwin, porque los comandantes en Jefe designados por Pinochet continuaron al mando de sus instituciones, contradiciendo las reglas de la democracia, cuando lo estimaron necesario.
El químico Eugenio Berríos fue asesinado en Uruguay en agosto de 1992, por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército. La prohibición del libro Ética y Servicios de Inteligencia, del cual soy autor, se produjo en marzo de 1993 y el asilo del general Manuel Contreras en la Base Naval de Talcahuano se produjo en junio de 1995. La defensa jurídica de los militares violadores de los derechos humanos fue asumida por abogados pagados con fondos reservados, hábil estrategia, porque fue acogida con gratitud por los acusados, aseguró la condena de los subalternos y liberó de responsabilidad penal a los comandantes en Jefe.
En definitiva, para los aviadores la dictadura terminó el 31 de julio de 1991, cuando el general Fernando Matthei se fue a retiro; para los carabineros terminó el 16 de octubre de 1995, cuando el general Rodolfo Stange se fue a retiro; para los marinos, el 14 de noviembre de 1997, cuando el almirante Jorge Martínez se fue a retiro; y para los militares, propiamente tales, terminó el 10 de marzo de 1998, cuando el general Augusto Pinochet se fue a retiro.
Al menos en apariencia, las Fuerzas Armadas aprendieron la lección. Los postulantes varones a las escuelas matrices de oficiales han disminuido y los procesos de selección y la permanencia en las FF.AA. se transformaron en inclusivos. Las Fuerzas Armadas no reprimieron a tiros el estallido social y no están combatiendo a tiros la delincuencia insurreccional mapuche.
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