Autor: L. Ayala y M. J. Ahumada
El fiscal de Rancagua, Sergio Moya, es uno de los escasos persecutores que ha visto cómo funciona el sistema “Antorcha”. La información la proporcionó en su defensa el propio “profesor”, creador del cuestionado software. Sin embargo, Moya ya señaló que no podía concluir si la aplicación funcionaba o no.
“Emiliano Arias ha salido del grupo”. El mensaje llegó la noche del domingo 4 a los teléfonos de los fiscales regionales que integran un grupo de WhatsApp en el que las autoridades mantienen comunicación informal entre sí y con el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Por esos días el tema obligado en el chat era la acusación a integrantes de unidades de Inteligencia que hizo la Fiscalía de La Araucanía sobre la supuesta manipulación de pruebas en la Operación Huracán y que el viernes 9 derivaron en el cierre del caso y su sobreseimiento definitivo.
Antes de abandonar el grupo, Arias avisó que desinstalaría la aplicación de su teléfono y se salió. Algunos no le dieron mayor importancia, otros creyeron que se trataba de un nuevo distanciamiento del jefe regional de O’Higgins, quien -después de ser sancionado en un sumario administrativo que ordenó Abbott- nunca volvió a asistir a un Consejo Nacional. Pero además, en una acción inédita, Arias recurrió en contra de su jefe ante los tribunales de justicia, acción que fue desestimada esta semana por la Corte Suprema. Su abogada, quien además es su pareja, la ex fiscal Marisa Navarrete, había anunciado que de agotar instancias judiciales en Chile, recurrirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Una decisión que aún está pendiente.
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Pasaron cuatro días antes de que Arias, el jueves 8, diera una explicación por abandonar el grupo de mensajería. A esa altura se sabía que su mujer había tomado la defensa de los oficiales de Carabineros investigados por presunta manipulación de pruebas y la del civil Álex Smith, “el profesor”, creador del cuestionado software “Antorcha” que -presuntamente- interceptaría celulares.
En el correo destinado al fiscal nacional, pero con copia a todos los fiscales regionales, el jefe de O’Higgins explicaba que se salió del grupo de WhatsApp debido a unas vacaciones en el sur donde no había acceso a internet. Sólo al regresar -señalaba en el mensaje- supo que su pareja había asumido la representación de varios carabineros acusados por el Ministerio Público en el marco de la Operación Huracán y, para evitar suspicacias, había decidido retirarse del grupo pues sabía que se discutirían estrategias comunicacionales y decisiones procesales como suele hacerse con causas de envergadura y relevancia nacional como esa.
Lo cierto es que desde hace varios días ya se venían tratando esas temáticas. Apenas se conoció que Navarrete asumiría las defensas del caso, se produjo incomodidad en los miembros de la institución. Y ésta sólo se acrecentó cuando la misma abogada pidió la salida del caso del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, el mismo que propuso una sanción para Arias en un sumario.
Navarrete anunció que pediría un sumario a Paredes porque supuestamente en sus dichos sobre la manipulación de pruebas en el caso Huracán había adelantado su juicio sobre los hechos, los mismos cargos por los que se sancionó al fiscal de O’Higgins en una causa anterior.
Pero la situación de Arias se transformó en comentario obligado de los fiscales luego de que trascendiera la declaración ante el Ministerio Público del ingeniero Smith, “el profesor”, quien aseguró -el 30 de enero- que su aplicación había sido utilizada no sólo en La Araucanía, sino que también en Rancagua.
Los ojos sobre Moya
Pocos en el Ministerio Público conocían que Arias el 24 de enero -cuando se hacen públicas las sospechas del Ministerio Público de implantación de evidencias en la Operación Huracán- abrió en su zona otra indagatoria para esclarecer la veracidad de la información de inteligencia que el mismo personal de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco le había entregado a ellos en noviembre y diciembre del año pasado en el marco de una causa por presunto financiamiento de terrorismo también en La Araucanía.
Parte de esta información el fiscal jefe de O’Higgins la había comentado en el correo enviado a Abbott y a sus pares donde, además, detallaba que tras recibir dichos informes de Inteligencia le pidió a Carabineros que acreditaran el uso del software, al que definió como “malware”.
Fuentes que conocen esta situación precisaron que funcionarios de la Fiscalía de Rancagua habían recibido el 19 de enero a Smith y el personal de UIOE.
Conocedores de las pruebas dicen que en primera instancia se ocupó un teléfono de turno de la Fiscalía, pero que el software no funcionó. Sin embargo, se realizó otra prueba que tampoco logró resultados totalmente satisfactorios.
El propio Smith habría nombrado en sus declaraciones ante el Ministerio Público al fiscal de Rancagua, Sergio Moya, subalterno de Arias, como un ejemplo de la efectividad de su aplicación.
Tras las aseveraciones de “el profesor” el fiscal de La Araucanía -que investiga la eventual manipulación de pruebas en la Operación Huracán- solicitó a Moya un informe de su experiencia con “Antorcha”.
Este último describió por escrito que no podía concluir si la aplicación funcionaba o no. Y es que una de las pruebas realizadas se hizo en el celular de uno de los abogados asistentes de la zona y sólo un par de horas después el personal policial había llegado con unas fotografías familiares obtenidas supuestamente de su teléfono. Sin embargo, el mismo abogado habría advertido que dichas imágenes estaban también en su Facebook.
Moya también señaló en su escrito que cuando requirió mayor información a Carabineros sobre el resultado de la prueba se le explicó que no podrían responder sus consultas porque a esa altura la Fiscalía ya había allanado la UIOE y se había llevado los computadores donde supuestamente estaban las pruebas.
La causa en la que Carabineros liberó información de Inteligencia a Moya data del 2012, pero sólo en noviembre de 2017 recibieron un reporte en que se usó “Antorcha”.
El informe del fiscal de Rancagua se sumó a los antecedentes con que el Ministerio Público pretende probar la manipulación de pruebas en los ataques incendiarios en La Araucanía.
Con todo, Arias no salió indemne de sus últimas decisiones. El mismo día en que envió el correo a Abbott y transparentó el episodio de su subalterno con el cuestionado “profesor”, la Fiscalía Nacional invocó razones de objetividad y -ya que Navarrete representaría a imputados de la UIOE- se decidió reasignar el caso abierto el 24 de enero al fiscal de Aysén, Carlos Palma, quien ya indaga eventuales irregularidades en procedimientos de Inteligencia.
El viernes negro de Aleuy
El fiscal jefe de O’Higgins no fue el único damnificado esta semana por las esquirlas de las acusaciones que pesan sobre la Operación Huracán.
Pasadas las seis de la tarde del viernes 9 se materializó uno de los temores más grandes del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy: el sobreseimiento de los 8 comuneros mapuches imputados en la serie de atentados en la Región de La Araucanía.
El subsecretario siguió paso a paso la audiencia que se llevaba a cabo en los Tribunales de Justicia de Temuco. Después de todo, Aleuy había tomado el rol central en las querellas presentadas por el gobierno -invocando la Ley Antiterrorista- contra quienes resultaran responsables de una seguidilla de ataques incendiarios a camiones e iglesias, ocurridos entre marzo y agosto del 2017 y donde los ocho comuneros mapuches aparecían -según las pericias de Carabineros- como los eventuales responsables.
Se trataba, entonces, de una de las causas emblemáticas del gobierno. Pero era especialmente sensible para el subsecretario, que ha hecho de la situación de la zona una de las prioridades de su gestión. Al punto que en octubre del año pasado -cuando la Presidenta Michelle Bachelet decidió recalificar la querella por Ley Antiterrorista por la quema de una iglesia evangélica a cambio de que cuatro comuneros depusieran una huelga de hambre-, Aleuy amenazó con presentar su renuncia al cargo.
Poco después del mediodía del viernes 9 el gobierno, y particularmente el subsecretario, ya había sufrido su primer revés. El juez de Garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, decidió mantener la decisión del Ministerio Público y no reabrir las investigaciones por la Operación Huracán.
La decisión gatilló una reunión de Aleuy con el ministro del Interior, Mario Fernández, y el ministro (s) de la Segegob, Omar Jara, para evaluar la situación.
Ya a eso de las tres de la tarde parte del equipo del subsecretario ya anticipaba que el escenario sería aún más complicado debido a que también se decretaría el sobreseimiento de los comuneros mapuches. La principal razón que advertían los abogados del gobierno fue la presentación de peritajes de la investigación que el equipo de La Moneda aseguraba desconocer y que fueron -según indicaron en La Moneda- una razón clave para que el juez decidiera fallar a favor de los imputados.
Cerca de las ocho de la tarde -dos horas después de conocida la sentencia- el gobierno emitió un comunicado donde acusa la existencia de dichas pruebas desconocidas y anticipa que se evalúan las acciones legales a seguir, dentro de las cuales no se descarta una apelación por el sobreseimiento. Pero el ambiente era de decaimiento: se trataba de uno de los mayores fracasos de la gestión de Aleuy.
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