El inicio de la transición que intentaba dejar atrás el régimen dictatorial posibilitó una mayor garantía de los derechos fundamentales de los chilenos. A su vez, el esclarecimiento de parte importante de la Verdad, a través de los distintos Informes oficiales (Rettig y Valech), significó una revalorización de los Derechos Humanos por parte de la sociedad chilena y la convicción de la necesidad de avanzar hacia el establecimiento de una cultura institucional pro-Derechos Humanos que sea el soporte ético y normativo de la sociedad democrática que anhelamos.
Sin embargo, en los últimos meses, se han profundizado los esfuerzos por consagrar la Impunidad de minoritarios pero poderosos sectores que promueven la reducción ó suspensión de penas que permitan la liberación de los condenados por crímenes contra la Humanidad. El último esfuerzo en esa dirección lo constituye el anuncio del Gobierno de enviar un Proyecto de Ley que permita indultar a los criminales condenados y recluidos en Punta Peuco, a través de una mal llamada “Ley Humanitaria”.
Esta ofensiva, encabezada por el Gobierno y por exmilitares y políticos negacionistas que reivindican el Golpe Militar, han logrado instalar una polémica mediática con la complicidad de algunos medios de comunicación, mediante la cual se ha intentado poner en tela de juicio, la pertinencia de que sigan cumpliendo sus respectivas penas, aquellos condenados que tuvieran una avanzada edad o con enfermedades terminales.
En síntesis, nuestra posición de rechazo a esta concertada maquinación para intentar por todos los medios eludir la aplicación de la Justicia, se funda entonces, en el más estricto apego a los principios y normas de los diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Confiamos que no prosperará este burdo empeño de intentar desviar la atención del verdadero debate que se debe reinstalar en la sociedad, cual es, cómo avanzar en la exigencia hacia el Estado y sus órganos, para que salden de una vez por todas, las deudas pendientes en materia de Verdad y Justicia, tanto con sus víctimas y familiares como con la sociedad toda.
Nuestra posición frente a esta ofensiva por la Impunidad se resume en que debe aplicarse sólo un criterio objetivo, pero suficiente: los distintos Poderes del Estado de Chile, deben acatar y cumplir cabalmente las obligaciones emanadas de la normativa internacional sobre Derechos Humanos que ha sido suscrita y ratificada por nuestro país, además de cumplir con lo resuelto en esta materia, por los distintos órganos administrativos y jurisdiccionales que integran el Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
En el caso que nos ocupa, de acuerdo con la normativa internacional de Derechos Humanos, no procede la reducción de pena, a través de la libertad condicional, ni la suspensión o término de la misma, a través del Indulto o la Amnistía.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional -vigente en Chile y aplicable en la materia- establece requisitos que ninguno de los condenados por crímenes contra la Humanidad, cumple a cabalidad. En efecto, se exige para ello el que el condenado lo haya sido a una pena proporcional a la gravedad del delito, requisito que no se cumple por la aplicación de la denominada “media prescripción” en más de 150 casos, que ha significado en la práctica la imposición de penas irrisorias, cuya improcedencia está dada, porque los crímenes contra la Humanidad son amnistiables e imprescriptibles. Además, se exige para el otorgamiento de la reducción de pena el que haya existido de parte del condenado, colaboración desde un primer momento con las investigaciones judiciales al objeto de obtener el pleno esclarecimiento de los hechos y, un arrepentimiento genuino expresado en una colaboración eficaz. Ninguno de los condenados cumple con estos requisitos.
En síntesis, nuestra posición de rechazo a esta concertada maquinación para intentar por todos los medios eludir la aplicación de la Justicia, se funda entonces, en el más estricto apego a los principios y normas de los diversos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile. Confiamos que no prosperará este burdo empeño de intentar desviar la atención del verdadero debate que se debe reinstalar en la sociedad, cual es, cómo avanzar en la exigencia hacia el Estado y sus órganos, para que salden de una vez por todas, las deudas pendientes en materia de Verdad y Justicia, tanto con sus víctimas y familiares como con la sociedad toda.
En consecuencia, los chilenos no debiéramos permitir que el lento e intrincado camino que hemos recorrido por recuperar la soberanía arrebatada y el restablecimiento de la plena vigencia de los derechos humanos, sufra un serio retroceso en el debido cumplimiento por parte del Estado chileno de sus obligaciones internacionales. De lo contrario, Chile volverá a ser un paria dentro de la comunidad internacional, papel al que fue condenado durante los 17 años del régimen dictatorial, por la acción criminal que realizaron aquellos cuya libertad hoy, algunos ruidosamente, promueven.
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