Los cuestionamientos por irregularidades en el Ejército ya no son novedad. El bullado caso de la compra de helicópteros Cougar (2005-2007) por un total de 170 millones de dólares y los eventuales sobreprecios que fueron detectados por la Contraloría General de la República en la adquisición de aeronaves en 2015-2017 constituyen algunos ejemplos.
Recientemente, hemos conocido hechos que pueden llegar a constituir un nuevo fraude: la duplicación de facturas por 200 millones de dólares asociadas a operaciones de venta de armas y sistemas bélicos, realizadas a través de la maestranza castrense FAMAE a empresas nacionales e internacionales. Este caso se constituiría como una nueva arista de los desfalcos en el marco de la Ley Reservada del Cobre.
La importancia de mencionar aquellos dos primeros casos es que tienen factores en común con este nuevo fraude. Pueden o no construir ilícitos, pero definitivamente explicitan deficiencias, o a lo menos objeciones éticas que dejan una duda razonable respecto de la legitimidad de los procesos de gasto de los recursos reservados, las redes de proveedores, los criterios de adjudicación de licitaciones y la compra de armamento.
La “puerta giratoria” y el traspaso de oficiales en retiro de las FF.AA. a puestos claves de las empresas proveedoras de las mismas instituciones de las cuales fueron parte, es un tema crítico. Un caso paradigmático en este sentido es la empresa C&M de Virgilio Cartoni; exmilitar, prominente proveedor de pertrechos y armamento militar del Ejército y mencionado en las indagatorias que el Ministerio Público llevó en su momento sobre el eventual enriquecimiento ilícito del excomandante Fuente-Alba años atrás.
La “puerta giratoria” y el traspaso de oficiales en retiro de las FF.AA. a puestos claves de las empresas proveedoras de las mismas instituciones de las cuales fueron parte, es un tema crítico. Un caso paradigmático en este sentido es la empresa C&M de Virgilio Cartoni; exmilitar, prominente proveedor de pertrechos y armamento militar del Ejército y mencionado en las indagatorias que el Ministerio Público llevó en su momento sobre el eventual enriquecimiento ilícito del excomandante Fuente-Alba años atrás.
En virtud de esto, nada evita pensar que las empresas que registran doble facturación, Eurocopter Chile, Miguel Quezada Leal e Ingeniería de Protección Limitada, entre otras, cuenten con exoficiales entre sus filas.
Desde luego, el problema no es que estos trabajen, posterior a su retiro, en las empresas privadas que abastecen a las Fuerzas Armadas. El conflicto de interés radica en el tiempo transcurrido desde su renuncia y la nueva contratación. Hubiese sido productivo preguntarse el tiempo que transcurrió entre el retiro del excoronel Hugo Barría Rogers, involucrado en el caso de los helicópteros Couger, y su incorporación a C&M; o los del coronel (r) Bustos Valderrama y el oficial (r) Tello Jerez, que también ingresaron a la empresa. Hoy, en 2018, sería pertinente preguntarse si existen exoficiales que podrían ser parte de las empresas con esta doble facturación.
Este es el sentido que busca regular el proyecto de ley que presenté en 2016 y que actualmente se ha estado discutiendo en la Cámara de Diputados. La idea es impedir que exmiembros de las FF.AA., Carabineros y PDI puedan prestar servicios en entidades privadas que sean proveedoras de bienes y servicios de estas ramas, al menos hasta por ocho años desde el retiro de la institución. Sin embargo, después de todo, los esfuerzos siguen siendo insuficientes.
Un problema a asumir urgentemente por sus efectos nocivos a la democracia y a la probidad de las instituciones y sus miembros, es la incompatibilidad que debieran tener las empresas, cuyos ejecutivos hayan sido formalizados por fraude, en el concurso de nuevos procesos licitatorios con otras instituciones del Estado. Resulta casi extravagante que el dueño de la empresa Capellán, habiendo estado formalizado en 2016 por el Ministerio Púbico por la facilitación de facturas falsas por casi dos mil millones de pesos, haya permanecido al mismo tiempo como proveedor del Departamento de Transportes de Carabineros.
Por otro lado, el rol de FAMAE en el presunto fraude que sacude hoy al Ejército es relevante por un elemento: los controles administrativos internos del Ejército fallaron en el llamado caso “Milicogate”. Nada nos dice que no lo seguirán haciendo, a pesar de las 22 medidas de mitigación presentadas por la institución a comienzos de año. Y esto se fundamenta en algo bastante sencillo: es el control civil de la Defensa y sus instituciones armadas el que ha fallado. Podemos comenzar por reforzar la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados, particularmente de la Comisión de Defensa; derogar la Ley Reservada del Cobre; y terminar con el financiamiento garantizado para la defensa nacional. El insumo necesario es la voluntad política para ello.
Esperemos que las medidas comprometidas por el ministro de Defensa, y toda la batería de compromisos de probidad en los que ha insistido el Presidente, lleguen a buen puerto y que no queden solo en pomposos enunciados sin carácter práctico.
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