por Felipe Saleh 24 octubre, 2018
Otra vez San Ramón. Poco más de un año pasó desde que un reportaje de televisión reveló que en dicha municipalidad estuvo contratado el líder de un clan de narcos, escándalo que obligó a su alcalde, Miguel Angel Aguilera, a dar un paso al costado y renunciar a su militancia del Partido Socialista (PS) en medio de una investigación de la Fiscalía. El último tiempo las aguas parecían más tranquilas en esa comuna, incluso el jefe comunal dio en enero una entrevista asegurando que los socialistas “me van a terminar pidiendo disculpas”. Un confianza que roza con la soberbia, que poco le va a durar a la autoridad municipal.
Eso, porque desde el lunes el informe que elaboró la Contraloría General de la República, sobre una denuncia anónima por irregularidades en San Ramón, está en los escritorios del Fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, y de la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud.
El informe de la Contraloría establece que el concejal José Miguel Zapata (PS) –uno de los más cercanos al alcalde Aguilera– fue, hasta marzo de 2014, director de la Secretaría de Planificación Municipal (Secpla), un puesto con alto rango de acción en el manejo de recursos, y luego, funcionario del Gobierno Regional Metropolitano.
Así, de acuerdo al informe de Contraloría, entre el 2014 y el 2015 el concejal Zapata tuvo participación directa en la adjudicación de seis proyectos por un total de $283 millones. En uno, como director de Secpla donde conoció las bases con anticipación, y en los otros cinco, desde su paso por la gobernación, instancia clave en el otorgamiento de recursos.
“Se comprobó que el señor José Miguel Zapata Vergara, en su calidad de Director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de San Ramón, SECPLA, tomó conocimiento preciso y detallado de las licitaciones que posteriormente fueron adjudicadas a la empresa de la cual fue dueño, y con la que, aun fuera de su propiedad, mantuvo un vínculo, comprobándose que en su rol de secretario comunal, participó en la evaluación y supervisión técnica de la formulación de las propuestas y luego, en su calidad de Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del GORE Metropolitano, visó los convenios entre esa entidad y el mencionado municipio”, reza el informe del ente fiscalizador.
La denuncia anónima que dio origen a la investigación, también significa un problema para el alcalde Aguilera. La auditoría determinó que este compró en 2016 una casa en La Reina por $355 millones al valor de la UF actualmente, de los cuales $100 millones los pagó en efectivo. Sin embargo, las pruebas de cómo obtuvo ese dinero aún no estaban a la vista cuando se terminó de escribir el informe y, por eso, Aguilera deberá remitir a la Contraloría Regional Metropolitana la justificación financiera y tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos sobre la adquisición del bien raíz en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del informe, y dichos documentos "se remitirán al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado”, determina el informe.
La empresa aludida es Asesoría en Investigación Social (AIES) en la que, según los registros del Diario Oficialconsignados por la Contraloría, Zapata dejó de ser socio el 13 de marzo de 2014, aunque traspasó su participación a la madre de su hijo. Además, se comprobó que las facturas con que la compañía cobró sus servicios de diseño de proyectos de infraestructura contenían el mismo correo electrónico del concejal socialista que figura en la página web municipal.
“Para la situación analizada, el denunciado señor José Zapata Vergara, en su calidad de Director de la SECPLA, tomó conocimiento preciso y detallado, de las licitaciones que posteriormente se adjudicó la empresa de la cual fue partícipe, y con la cual, tal como se expuso, siguió manteniendo vinculación. Por otra parte, en su calidad de Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional Metropolitano, visó los convenios suscritos entre esa entidad y la Municipalidad de San Ramón teniendo pleno conocimiento de las materias contenidas en estos, los que posteriormente fueron ejecutados por la sociedad en la cual tuvo participación. Sin perjuicio de que el denunciado a la fecha de la firma de los contratos, no pertenecía a la empresa adjudicataria, de la documentación analizada en la presente investigación, se desprenden circunstancias que le restan imparcialidad en las labores que desempeñó en dichos cargos”, sentencia el informe de la Contraloría.
En su defensa oficial ante el organismo fiscalizador, Zapata precisó que “el curso normal de cualquier proyecto es la elaboración de los convenios mandato, lo que es realizado por el Departamento Jurídico del GORE Metropolitano, dependiente de la Administración Regional y no por la División de Análisis y Control de Gestión, no existiendo aprobación ni visación alguna de un documento sobre el cual pudiese haber ejercido alguna influencia, complementando que lo realizado fue firmar un memo conductor que integraba un procedimiento altamente normado en ese gobierno regional”. El concejal agregó que, cuando las licitaciones se produjeron, ya estaba alejado del gobierno regional.
Pero la Contraloría mantuvo sus reparos, insistiendo en que Zapata sí tuvo acceso a información privilegiada y que mantenía su vínculo con la empresa AIES. La incompatibilidad enunciada por el órgano de control es "el manejo de información a la que tuvo acceso en el ejercicio de los cargos que desempeñó, específicamente en la formulación y evaluación de los proyectos, además de la evidencia que la empresa consultora siguió utilizando el correo personal del denunciado en sus actividades comerciales, agregándose, que a cargo de la misma se encontraba la señora [se omite el nombre], con quien tiene un hijo en común”. La mujer apuntada es Beatriz Bello y aparece como socia de AIES.
El pie de la casa
A pesar de los llamados a su oficina municipal, Zapata no respondió los llamados de El Mostrador. Pero en noviembre del año pasado explicó a Ciper por qué no declaró su vínculo con AIES antes de asumir como concejal y dejó en evidencia que aún mantenía una relación formal con dicha empresa: "Hago una autocrítica, pero nunca me puse en una situación de negociación incompatible, pero a lo mejor debí desligarme completamente de la empresa. Lo que pasa es que la había creado hace más de diez años, en ella he trabajado mucho tiempo y, a lo mejor, en el futuro vuelva a trabajar en ella. Mientras no haya una negociación incompatible no constituye un delito”.
La Contraloría cuestiona que la Municipalidad de San Ramón haya aprobado sucesivas prórrogas, sin aplicar las multas que establece la ley. “El municipio no exigió al contratista las respectivas solicitudes de prórroga de los proyectos adjudicados, pese a que los plazos de ejecución se encontraban expirados, generándose atrasos en su entrega, sin que el municipio aplicara multas por $ 602.797.500”, consigna el informe que también muestra los decretos "con que se otorgaron prórrogas a los proyectos en cada caso”.
Defensa privada
La denuncia anónima que dio origen a la investigación, también significa un problema para el alcalde Aguilera. La auditoría determinó que este compró en 2016 una casa en La Reina por $355 millones al valor de la UF actualmente, de los cuales $100 millones los pagó en efectivo. Sin embargo, las pruebas de cómo obtuvo ese dinero aún no estaban a la vista cuando se terminó de escribir el informe y, por eso, Aguilera deberá remitir a la Contraloría Regional Metropolitana la justificación financiera y tributaria emitida por el Servicio de Impuestos Internos sobre la adquisición del bien raíz en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del informe, y dichos documentos "se remitirán al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado”, determina el informe.
Durante el desarrollo de la investigación, Aguilera entregó documentos asociados a los impuestos de este dinero y señaló que fue sujeto de una fiscalización por parte del SII y que, con fecha 15 de enero de 2018, el citado servicio entregó sin observaciones toda la documentación de respaldo relativa a la justificación financiera y tributaria con motivo de la adquisición del bien raíz. "Cabe indicar, que de la información aportada por el Alcalde, no constan las conclusiones que este indica por parte del referido SII, por lo que se mantiene lo observado”, determina el informe.
La Contraloría objetó la aparente contratación que hizo la municipalidad de un abogado para defender a los implicados en la investigación de la Fiscalía por supuestos nexos con el narcotráfico –lo que consta en un acta del Concejo Municipal el año pasado– por un total de $10 millones. El profesional fue contratado por los meses de noviembre y diciembre para integrar la dirección jurídica del municipio, pero también para "colaborar con la dirección jurídica en la defensa penal del municipio, en el contexto de la denuncia por presunta intromisión de narcotráfico en sus actividades", sentencia el decreto de contratación. Aguilera afirmó que se trató de un “error de redacción”.
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