Por Alfredo Peña R.
Definición de Opereta: Es un género musical. Se trata de un tipo de ópera musical, animado y anormal, cuya característica fundamental consiste en contar con una trama inverosímil y disparatada
Un filósofo ruso sostuvo que una de las funciones accesorias del derecho era entretener a la ciudadanía. Y la verdad es que en ocasiones eso es cierto. De alguna manera, nos produce algo de placer ver a los poderosos teniendo que escuchar como son formalizados o a un empresario con el rostro desfigurado cuando la Corte Suprema declara que su proyecto económico contraría la legislación sobre el medio ambiente.
Pero también es cierto que en ocasiones el espectáculo se vuelve grotesco. El caso entre el contralor Bermúdez y la (aún) subcontralora Dorothy Pérez es un fantástico ejemplo de ello. Siendo jefa de la División Jurídica del Ministerio de Educación, a Pérez no le faltaba el tiempo para hacer una intensa campaña a favor del ex principal asesor jurídico del senador de derecha Andrés Allamand (RN), Jorge Bermúdez Soto.
 
Una vez que Jorge Burgos logró ungir al candidato de la derecha como Contralor General de la República, Jorge Bermúdez premió el esfuerzo de Dorothy Pérez, quien antes había pasado sin pena ni gloria por la Contraloría pero si con muchas licencias médicas, como su jefa de gabinete, con auto fiscal incluido. Claro que el propósito era nombrarla subcontralora, pero para ello había que deshacerse sin causar mucho ruido de la ex funcionaria Patricia Arriagada, quien estuvo cerca de 30 años en la Contraloría. Sutilezas más, sutilezas menos, Arriagada desaparece del mapa y Pérez logra ser ungida sub contralora.
La amistad no duraría tanto y de pronto Bermúdez le pide la renuncia a Pérez, quien se niega a presentarla y el asunto se zanja declarando vacante el cargo y proveyéndola con una funcionaria que iba pasando.
A partir de ahí nos fuimos enterando de todo tipo de cosas: que la destitución se debía a que Pérez había sido citada a declarar ante la Fiscalía -y así de pronto nos enteramos que ser citado a declarar es una causal de cesación en un cargo público-, que ella no estaba de acuerdo con la imagen de Contralorito (y en esto no podemos sino estar de acuerdo, pues se trata uno de los personajes más siniestros que haya inventado la Administración Pública) y que Bermúdez se reía de sus opiniones en las reuniones de trabajo.
 
Pérez se defendió argumentando el tremendo cariño que sentía por la Contraloría, a la cual curiosamente había renunciado unos años antes para irse a trabajar al Ministerio de Educación. Tampoco el cariño era tanto, pero era algo.
 
Hasta aquí todo pareciera estar en un rango de legítimo desacuerdo o de simple cahuineo, según usted prefiera, en el servicio público.
 
Lo grave es que las dos más altas autoridades de la Contraloría General tienen interpretaciones diametralmente acerca de su propia ley orgánica. Entonces, uno se puede preguntar si esas dos autoridades pueden discrepar vehementemente acerca que cuál es el derecho vigente, ¿cómo puedo estar seguro que el criterio contenido en un dictamen firmado por Bermúdez es el correcto?
 
La verdad es que se trata de una lucha de poderes y de egos, donde Bermúdez lleva las de perder: ahora el asunto se decidirá en la Tercera Sala de la Corte Suprema, a cuyo Presidente Sergio Muñoz ninguneó en el Senado y en el Tribunal Constitucional a propósito de las contiendas de competencia.
          
En nada le ayuda el recurso de apelación presentado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, que emplea un lenguaje durísimo contra la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sostiene que el fallo es absurdo y contrario a derecho, arribando, agrega, a conclusiones aberrantes e inconciliables entre sí. Y remata acusando a los magistrados de faltar a la verdad, es decir, de mentirosos.
 
Primero, es de la esencia del ejercicio profesional respetar los fallos de lo Tribunales de Justicia. Uno puede compartirlos o discrepar de ellos, pero lo peor que se le puede decir a un juez es que falló contra derecho. Segundo, la presidenta debe dar el ejemplo en cuando a las relaciones que tienen litigantes y magistrados. No debe olvidar que según un reciente estudio del Colegio de Abogados, el 90% de los fallos favorecen al Fisco. No le hace bien denostar a los ministros. Los subordinados tienden a repetir las conductas de los jefes. No sería sano para el ejercicio de la profesión que los abogados del Consejo de Defensa del Estado, emulando a su jefa, despotricaran cada vez que los jueces fallan en su contra.
 
Tercero, la posición de Bermúdez es extremadamente frágil, nadie ha salido en su defensa, ningún sector político, ninguna organización social, ni un centro de alumnos, ninguna ONG, ni mucho menos los profesores de derecho público, quienes están hartos de oír del principio de confianza legítima. Ni menos, la derecha que presionó al Gobierno anterior para colocarlo en el cargo.
 
El silencio de estos últimos es indicativo de cuál es la opinión jurídica que existe acerca de su gestión. Su único respaldo lo ha encontrado en el Tribunal Constitucional -el hijo de su presidente trabaja en la Contraloría- y en una pocos de la derecha.
Después de todo, las fiscalizaciones, los sumarios y los juicios de cuentan están a la orden del día en los municipios de oposición. Por esto, las cosas no están como para que Bermúdez se dé gustitos mediáticos. De hecho, en gran medida su adicción a las cámaras lo ha colocado en la posición en que se encuentra.
 
Para colmo, así como si nada, el contralor insiste en que la subcontralora es María Soledad Frindt. El mismo día en que se presenta la apelación en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones, Bermúdez decide ignorarla. Si el contralor desprecia al poder judicial desprecia el Estado de Derecho.
 
Ha faltado sensatez y ha sobrado imprudencia.
 
Si la Corte Suprema acoge el recurso de protección, Bermúdez no tendrá otra alternativa que renunciar. ¿Cómo podría mantenerse en su cargo si despide a una funcionaria sin tener facultades para ello? En tal escenario, perdería toda credibilidad frente a la Administración Pública. ¿Quién se atrevería a pedirle un consejo, si sabe que ese consejo puede ser inconstitucional?
 
Desde hace años que no veíamos en la Contraloría un escándalo como este. El último fue la situación vivida por el ex contralor Héctor Humeres, quien ejerció el cargo bajo los gobiernos de Frei, Allende y Pinochet. Al negarse a tomar razón del decreto mediante el cual Pinochet convocaba al plebiscito, terminó renunciando al cargo por una trama urdida por Mónica Madariaga, funcionaria del organismo. Se hizo el plebiscito, se deshicieron de Humeres y nombraron a Sergio Fernández contralor para avalar un plebiscito sin estado de derecho. Como se hacía en dictadura.

¿Seguirá Bermúdez la suerte de Humeres?