por Iam Parra Campos 24 octubre, 2018
Señor Director:
En tiempos en que en nuestro país se discute acerca de la conveniencia de establecer mediante una ley, la obligatoriedad de enseñar en los colegios la importancia y la trascendencia de los Derechos Humanos (DDHH), resulta relevante dar el énfasis que en la opinión pública no se le ha dado a la moción propuesta por la diputada Carmen Hertz. Y, para hacer un correcto análisis de la importancia del asunto, es prudente, referir primero y brevemente, a la peligrosa situación que se está configurando en Brasil con el afianzamiento de las propuestas del candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro; y, el explícito apoyo dado por la presidenta de la UDI y el ex-candidato presidencial Antonio Kast. Y, luego señalar la esencialidad de los derechos humanos frente al clásico argumento de la mantención del orden.
Ellos, afirman que la mantención del orden no sólo puede sino que debe mantenerse e imponerse a toda costa incluso transgrediendo derechos de las personas (ejemplo de ello: la propuesta de Bolsonaro de permitir la inmunidad policial cuando éstos maten en servicio, extendiendo la aplicación del eximente de responsabilidad penal de “legítima defensa”, sin investigación previa; o la solución de José Antonio Kast contra el narcotráfico, cerrar las fronteras con Bolivia e intervenir agresivamente barrios críticos). El recurso para justificar una opinión tan severa y radical como esta es la criminalización de todo problema social que genere incomodidad en la ciudadanía – sin considerar soluciones de fondo-.
Coincidentemente con ello, se encuentra la creciente sensación de vulnerabilidad de la ciudadanía frente a la delincuencia común y su decepción de las instituciones públicas, atacadas por la corrupción y falta de probidad de las autoridades. En contexto, la suma de estos factores tiene un solo resultado posible: la necesidad imperiosa de orden, que aparentemente garantiza un sano desenvolvimiento de las instituciones y las personas. Y, ese orden, pareciera que solo puede resultar del fortalecimiento de los controles y la acción policial y punitiva del Estado.
Así las cosas, los derechos humanos representan la luz de sensatez para guiar la discusión política, y controlar aquellas medidas que tengan por objeto erradicar las prácticas ímprobas en el Estado y abordar el fenómeno de la delincuencia en general. En efecto, no debemos olvidar – contrario a la relativización constante de personeros de derecha – que los derechos humanos se incrustan en la esencia misma del ser de todos los individuos, es la carta de garantías que nos recuerda – y así debe ser – que la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas son condiciones no negociables. Es por ello que hoy más que nunca la sociedad debe ser educada en la importancia de los derechos de ser persona y las implicancias de su privación, pues de otro modo, cada ciudadano se encontrará a merced del seductor discurso que promete, mediante políticas ineficaces y de corto plazo, el establecimiento de un paraíso sostenido en el orden y no en la dignidad de las personas.
En ese sentido, es cierto que el orden es un elemento esencial del mantenimiento de una estructura social e institucional que permita una vida en común segura, pero no correcto aseverar que el orden únicamente es resultado del aumento del control de la ciudadanía y restricciones profundas a sus derechos, hasta el punto en algunos casos de privarlos absolutamente. No es admisible entender que el precio del orden económico y el progreso es el sacrificio de la integridad física de las personas o incluso sus vidas, tampoco es permisible que la lucha contra la delincuencia sea identificada únicamente con el aumento del castigo y la severidad del poder punitivo del Estado, ignorando las causas que provocan el fenómeno en el fondo. Y ya desde una perspectiva puramente política, resulta alarmante – como en el caso de Brasil – que un importante segmento de la población purgue las ideas totalitarias, homofóbicas y racistas si en cambio, el candidato que representa estos desvalores promete seguridad, orden y probidad.
¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿No tuvimos suficiente sufrimiento a lo largo del siglo XX con dictaduras a largo del continente? ¿Acaso no somos capaces de identificar en la promesa del orden a toda costa, el germen de la autoridad despótica que amenaza nuestros derechos? Una cosa parece explicar esto, y es la sistemática amnesia que afecta a las sociedades cuando no son educadas acerca de la importancia del respeto a la dignidad de las personas, con la garantía principal de los derechos humanos, así, sin más ni distinción alguna.
El fantasma de la dictadura recorre constantemente a las sociedades modernas, prometiendo la tranquilidad a través de la consecución del orden como un fin en sí mismo. Transmutó, esta vez ya no viste de uniforme militar, hoy lo hace con un lustroso traje formal, con un lenguaje frontal y severo que afirma decir la verdad y que construye en su discurso una apología al orden y probidad que él mismo dice representar. Esta vez, sus armas no son los fusiles sino el temor de la gente, de él se alimenta y crece. Sin embargo, olvida él mismo que el orden es solo un medio para la consecución de un genuino fin: el resguardo de la dignidad de las personas.
Por ello, si acaso las políticas públicas que pretenden garantizar el orden y la seguridad de los ciudadanos no son efectivas, el cuestionamiento jamás debe dirigirse a la existencia de los derechos de las personas, sino a la formulación y sofisticación de dichas políticas públicas. Por este motivo, una condición necesaria para la reflexión ciudadana y el cuestionamiento democrático, es la existencia de una sociedad educada bajo la cultura de los derechos humanos y la democracia.
La enseñanza de los derechos humanos no es una instrumentalización política, es un elemento esencial si nuestro objetivo es el desarrollo y el progreso social con miras al respeto de la dignidad de las personas. De otro modo, es factible transitar constantemente bajo el velo de una institucionalidad que nos impone solapadamente “dictaduras a la moderna”, caracterizada por la existencia de derechos para las personas en sus legislaciones, pero con un amplio margen de discrecionalidad para restringirlos – cuando no privarlos – según parezca conveniente en algún momento, para garantizar el orden.
Iam Parra Campos
Estudiante Derecho UDP
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