Se ha hecho una práctica común de la actual administración que el Presidente de la República y algunos de sus ministros critiquen por la prensa –de manera ácida o francamente agresiva– el funcionamiento del resto de los poderes del Estado u organismos autónomos, como el Ministerio Público. Un principio básico del Gobierno republicano y de un Estado en forma, es que ello no ocurra y que, las referencias que se hacen entre poderes sean discretas, austeras y en la línea del mayor respeto cívico. Tonos como el usado en estos días por la ministra vocera, Cecilia Pérez, para referirse al Poder Judicial, nada tienen de cívicos.
En esta materia –independientemente de las críticas u observaciones que la actuación del poder interpelado, en este caso el Judicial, pudiera merecer– aparece como una agresión política a mansalva a una institución que, en función de sus obligaciones, debe abstenerse de caer en disputas públicas, menos con la Presidencia de la República.
No cabe duda que el tono errático y dubitativo de la conducción presidencial, generalmente rodeada de declaraciones apresuradas y contramarchas, tiene directa relación con esta persistencia de una vocería agresiva, tendiente a encontrar el origen de los problemas públicos en el actuar de otros. Por cierto, también influye la vocación manifiesta del Gobierno de buscar o crear tonos comunicacionales que le alivien las críticas ciudadanas que experimenta de manera persistente y ampliamente denotadas por la desaprobación a su gestión en todas las encuestas de opinión.
No es primera vez que el actual Gobierno envía a los jueces y al Ministerio Público de manera destemplada a hacer su trabajo, como lo hizo esta semana Cecilia Pérez. Sin embargo, se debe tomar nota respecto a que un hecho de extrema gravedad, como el atentado terrorista a una comisaria de Carabineros, con varios policías heridos como resultado, y otro atentado frustrado contra un exministro del Interior, fue recibido con escepticismo y desconfianza por la ciudadanía. Precisamente por el desprestigio de las fuerzas de seguridad y del propio Gobierno, no solo a raíz de los hechos de corrupción en la policía, sino también por el montaje de inteligencia efectuado para inculpar a ciudadanos mapuches.
Es un hecho notorio que el país tiene serias fisuras en el funcionamiento de sus instituciones, las que están operando sin mayor coherencia ni sentido común entre ellas y, aún más, incluso con querellas administrativas y políticas en torno a sus competencias, la validez y supremacía de sus decisiones.
Pero ello, que es un problema de hermenéutica constitucional y que necesariamente requiere soluciones legislativas, por lo tanto, es un problema político e institucional, se exacerba si tiene agitadores de climas crispados entre las propias autoridades encargadas de encauzar, de manera diligente, la estabilidad institucional.
El clima social de desprestigio de la política y de desconfianza que el país exhibe, felizmente tiene todavía un muro de contención en el funcionamiento de sus instituciones. Por lo mismo, esa forma larvada de populismo que impone la lógica de que, si existe alguien a quien culpar de los problemas, al hacerlo estos se acaban, es un acto de desinstitucionalización. Los problemas no se terminan, sino solo se acumulan si la estrategia de taparlos comunicacionalmente da resultados, para volver a aparecer más adelante, seguramente en una forma más virulenta.
No es primera vez que el actual Gobierno envía a los jueces y al Ministerio Público de manera destemplada a hacer su trabajo, como lo hizo esta semana Cecilia Pérez. Sin embargo, se debe tomar nota respecto a que un hecho de extrema gravedad, como el atentado terrorista a una comisaria de Carabineros, con varios policías heridos como resultado, y otro atentado frustrado contra un exministro del Interior, fue recibido con escepticismo y desconfianza por la ciudadanía. Precisamente por el desprestigio de las fuerzas de seguridad y del propio Gobierno, no solo a raíz de los hechos de corrupción en la policía, sino también por el montaje de inteligencia efectuado para inculpar a ciudadanos mapuches.
En estas circunstancias, cuando la confianza de los ciudadanos es más necesaria, ella falla o es débil, entre otras cosas, por el poco criterio de las autoridades ejecutivas como el Presidente o su vocera de Gobierno, para entender que, en un Estado de Derecho, legalidad y legitimidad funcionan como sistema. Si uno falla, fallan todos, por lo que la regla del respeto y la colaboración es esencial.
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