La ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford dictó acusación en contra de cuatro funcionarios del Ejército por su responsabilidad en los delitos de fraude al Fisco y falsedad en materia de administración militar en la denominada arista "Tecnodata III" de la investigación que instruye.

La magistrada acusó a Jozo Santic Palomino, Fernando Grossi García, Clovis Montero Barra y María Luisa Gatica Barrio, por su responsabilidad en los delitos antes señalados y que corresponde a la presentación de un total de 43 facturas falsas entre los años 2011 y 2012 que causaron un perjuicio fiscal de 41.342.230 (cuarenta y un millones trescientos cuarenta y dos mil doscientos treinta pesos).

La investigación de la ministra Rutherford estableció que los mencionados funcionarios, que se desempeñaban respectivamente como director de Finanzas del Ejército, tesorero de la Tesorería del Ejército (TE), subtesorero de la Tesorería del Ejército y jefa de sección del Departamento de Finanzas de la Tesorería del Ejército, durante los años 2011-2012, gestionaron y obtuvieron indebidamente el pago de facturas falsas de la empresa proveedora Tecnodata con fondos fiscales. 

De acuerdo a la indagatoria, las facturas fueron llenadas con glosas descriptivas que según las órdenes de compra corresponderían a supuestas ventas de insumos computacionales -particularmente cartuchos de tinta, tóneres y cartridges para el abastecimiento de la Tesorería del Ejército- adaptándose a los montos o cantidades acordados entre el proveedor y el subtesorero quien, a su vez, le encargaba a otros funcionarios la confección de la documentación de respaldo y obtener el pronto pago de las facturas con dineros que estaban dentro del presupuesto anual.

Además, una vez que el subtesorero de la Tesorería del Ejército tenía en su poder las facturas y su documentación de respaldo procedía a realizar las maniobras encaminadas a obtener, previo acuerdo, la firma de la persona que debía recepcionar los insumos computacionales y dar fe del recibo. 

"En esas condiciones, las facturas falsas y su pretendida documentación de respaldo también espuria, fueron ingresadas al Departamento de Finanzas, cursándose la tramitación de las mismas, para el posterior pago efectivo del valor de aquellas a Tecnodata", indica el Poder Judicial.

Asimismo, "luego que el Ejército transfiriera los fondos a la cuenta corriente del proveedor en pago de las facturas falsas, quien hacía las veces de representante de la empresa ante el Ejército, procedió a retirar los dineros, manteniendo una parte de ellos para sí (el correspondiente al IVA y al 15 por ciento del valor de la factura), y entregó el resto de los mismos, en efectivo, o bien en especies, al funcionario del Ejército que le había solicitado las facturas".

Según la investigación, todas estas operaciones se efectuaron con "conocimiento y autorización del director de Finanzas del Ejército de la época", quien además, en caso de faltar recursos para el pago de las facturas falsas aludidas, a requerimiento del subtesorero de la Tesorería del Ejército, procedía a autorizar y disponer la entrega de remesas extraordinarias.