La moción entró en silencio este martes a la Cámara

Diputados de la Alianza ingresan proyecto que busca la impunidad de quienes cometieron crímenes en dictadura
por Alejandra Carmona y Claudia Rivas

“Fortalece la justicia, equidad e igualdad penal y procesal para todas las personas procesadas o condenadas por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”, dice el proyecto que presentaron este martes los diputados Jorge Ulloa (UDI) y Mario Bertolino (RN). “Este proyecto pondría a Chile en el límite de un Estado al margen de la comunidad internacional civilizada”, señala la abogada Carmen Hertz sobre la iniciativa.
Este martes los diputados Mario Bertolino (RN) y Jorge Ulloa (UDI) ingresaron a la Cámara un proyecto que busca la impunidad de quienes cometieron crímenes en dictadura. “Fortalece la justicia, equidad e igualdad penal y procesal para todas las personas procesados o condenados por hechos acontecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”

“El presente proyecto de ley, se inspira en los más altos valores de justicia, equidad e igualdad penal y procesal, al cual sin exclusiones gozamos todos, ya que emanan de la naturaleza humana, garantizados por nuestra Constitución Política de la República, y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Nos motiva también la búsqueda de la reconciliación entre todos los chilenos, y de esta forma reforzar la unidad nacional”, señala el comienzo del documento, que en su artículo primero establece que “a todos los autores, cómplices o encubridores” de los delitos mencionados, “en grados consumados, frustrados o tentados, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encontraren cumpliendo una pena impuesta por sentencia definitiva no superior a presidio mayor o reclusión mayor en su grado medio, o no superior a 15 años, se les remitirá de pleno derecho completamente la pena”.
El texto señala que no “no será obstáculo para la obtención del presente beneficio, la circunstancia que la persona haya sido condenada con anterioridad por crimen o simple delito” y que “al conceder este beneficio, el tribunal establecerá un plazo de observación que no será inferior al de duración de la pena, con un mínimo de un año y máximo de tres, e impondrá las siguientes condiciones que le condenado deberá cumplir”, entre ellas, la residencia en un lugar determinado, que podrá ser propuesta por el condenado.
La idea
El documento fue elaborado por Ulloa y Bertolino fue invitado a participar de este proyecto. Precisamente fue el primero de ellos quien estuvo presente en la reunión que, en secreto, sostuvo hace pocos días el candidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, con funcionarios en retiro de las Fuerzas Armadas. En la oposición se especula que esto podría ser el resultado de algún acuerdo entre ambos.
Respecto al proyecto, Bertolino dice que su presentación se debe a que “llegó el momento en que nuestro país tiene que avanzar en solucionar temas pendientes. En materia de Derechos Humanos sólo están cumpliendo pena quienes fueron funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero ningún extremista”. El diputado de Renovación Nacional explicó que la iniciativa busca que quienes hayan cumplido una condena de 15 años puedan solicitar “seguir cumpliendo su condena en su domicilio, como un gesto humanitario hacia ellos, pues muchos de ellos están enfermos o tienen algún tipo de afección”.
Para el diputado de Renovación Nacional es necesario “dar una señal cuando hay personas que justa o injustamente han debido pagar con cárcel, considerando que lo sucedido el 73 fue producto de una situación lamentable que pasó el país y que todos esperamos que no se vuelva a repetir”.
En su opinión, casi 40 años después del golpe de Estado, no se “pueden emitir juicios sin entender la situación histórica. Y actualmente hay solo un sector que ha pagado sus culpas ante la justicia”, dijo, aludiendo a que desde su punto de vista, los partidos políticos y el gobierno en su minuto contribuyeron a alterar los ánimos políticos.
Para la abogada de derechos humanos, Carmen Hertz, “los fundamentos de este proyectos son un copy paste de los escritos que en tribunales presenta la defensa de los procesados por crímenes de exterminio. Es un proyecto que pretende la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y que no tiene destino alguno porque pondría en entredicho las obligaciones internacionales del Estado de Chile”.
Aunque las posibilidades de que esta iniciativa pueda avanzar en su tramitación son muy bajas, el presidentede la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Alta, Patricio Walker (DC) calificó de “brutal” el proyecto. A su juicio, “esto muestra la verdadera cara de la derecha pinochetista, que no ha aprendido nada y quiere “institucionalizar la impunidad de quienes cometieron graves atropellos a los derechos humanos bajo el amparo del Estado, de manera cobarde y alevosa”.
Y “naturalmente, que en el Senado no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado y en la Cámara tampoco”, concluyó Walker.