Las Constituciones han representado los intereses y la cosmovisión de las clases dominantes: durante el siglo XIX en Chile la Constitución de 1928, en el gobierno pipiolo de José Joaquín Prieto, y redactada por el gaditano José Joaquín de Mora, es una de las más avanzadas en la historia constitucional en Chile mejor redactada de la historia constitucional de nuestro país.
La Constitución de 1833, impuesta a raíz de una guerra civil, representa el predominio del monarca-presidente y la visión del orden precario portaliano, propio de la aristocracia santiaguina. Esta Constitución fue la que provocó más guerras civiles en Chile: entre las provincias y la capital, Santiago, y entre pipiolos y pelucones y, luego, entre liberales y conservadores; sólo en el siglo XIX pueden encontrarse, al menos, cuatro guerras civiles y 3 guerras internacionales, dos con la confederación Perú boliviana y una con España, la revolución Atacameña liderada por los hermanos Gallo y los Matta, (en nombre de la reivindicación de una Constituyente, y el Diario y la moneda llevaban el sugestivo nombre de “Asamblea Constituyente”).
La guerra civil contra los pelucones comenzó por la disputa entre las provincias de Concepción y Santiago; la de los Gallo y los Matta, entre la rica provincia de Atacama y la aristocracia santiaguina.
La guerra civil de 1891 expresó el combate entre parlamentarismo y presidencialismo, entre el Congreso y el Presidente de la República, (en ese entonces gobernaba José Manuel Balmaceda), y los triunfadores – los congresistas – impusieron un parlamentarismo sui generis a la chilena.
El parlamentarismo, (1891-1925), tiene muy mala fama, fundamentalmente en la crítica del historiador Alberto Edwards Vives, en su libro La fronda aristocrática y en Historia de los partidos políticos, en que pinta este período como la “república veneciana”, que terminaba por anular el aporte autoritario de Diego Portales y, en el caso del historiador Edwards Vives, proponía un gobierno fuerte y autoritario, en esa época, encarnado en el militar Carlos Ibáñez del Campo, (el historiador, posteriormente, fue ministro de Educación durante este gobierno).
La crisis de dominación oligárquica, en plena república parlamentaria, comienza con la crítica de los intelectuales del Centenario, (1910), Luis Emilio Recabarren, Alejandro Venegas (“Julio Valdés Canje”), Nicolás Palacios y Enrique Mac Iver, entre otros.
La crisis del Centenario logra su mayor expresión en 1920, año de la elección presidencial ganada por Arturo Alessandri Palma, después de un empate entre el León de Tarapacá, (Alessandri), y Luis Barros Borgoño, resuelto por un tribunal de honor en favor de Alessandri. En 1925 los militares terminaron por imponer una Constitución que pusiera fin a la “bacanal parlamentaria”, (el sistema parlamentario), y a la república plutocrática.
A partir de 1932, época en que se pone en marca la Constitución de 1925, surge un período llamado “sustitución de importaciones”, por el cual Chile debe vivir de su propia producción a causa de la crisis de 1929 y, posteriormente, de la segunda guerra mundial, (1939-1945). Durante ese período la aristocracia santiaguina comienza a ser reemplazada por nuevos sectores oligárquicos, en este caso, apoyados por las capas medias, (gobiernos radicales y de democratacristianos).
La dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet, (1973-1989), sólo se limita instalar una alianza oligárquica-militar, sobre la base de un proyecto corporativista católico, neoliberal y autoritario. La Constitución de 1980 representa la expresión de estas tres capas de una nueva oligarquía, cuya base se centra en el autoritarismo católico, traído desde la España de Francisco Franco, así como de la dictadura del mercado, basada en la escuela de economistas de Austria, inspirada y aplicada por los Chicago-Boys en Chile.
En la actualidad, la crisis de dominación oligárquica se expresa en el derrumbe, a escala mundial, de la democracia representativa, (propia de la filosofía del siglo XVIII), en que la representación surgía de un “pacto social” y la “voluntad general”, (el mismo J.J. Rousseau no logró explicar su verdadero sentido).
Los Partidos Políticos en general no han podido cumplir su papel de conectores entre el pueblo soberano y el poder político. En el fondo, las democracias electorales se han transformado en un permanente quiebre entre la ciudadanía y el poder político. Los Partidos Políticos sólo se han limitado a confirmar la ley de Robert Michels, en su obra De la oligarquía en las organizaciones políticas.
La crisis actual de representación parece no tener salida inmediata en las formas en que las Constituciones expresan el reparto del poder: no basta con el reemplazo de instituciones representativas por las de democracia directa, pues ninguno de los sistemas de gobierno, hasta hoy, (parlamentario, semipresidencial o presidencial), no garantizan equilibrios de poder, menos de una justa representación de la soberanía popular.
Rafael Luis Gumucio Rivas (El Viejo)
20/08/2022
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