Opinión

 

Reforma a las policías: los anuncios ausentes

por Juan Enrique Pi 20 agosto, 2022

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentó dos instancias que tendrán por objetivo la reforma de las policías: una Comisión compuesta por instituciones públicas que asesorará a la ministra Siches en el análisis, evaluación y revisión de la restructuración; y una Unidad Consultiva, la cual será una instancia permanente que tendrá por objetivo apoyar el diseño e implementación de dicha reforma. En este lanzamiento se dieron a conocer cinco lineamientos generales para el trabajo como subordinación al poder civil, eficacia policial, transparencia y probidad, enfoque de género y enfoque de derechos humanos; y además se hicieron los primeros anuncios de cambio, los cuales tienen relación con la modificación de requisitos de ingreso a las escuelas policiales, eliminando exigencias absurdas y anacrónicas como la existencia de tatuajes, el pie plano y una mínima estatura.

Independiente de que el anuncio es el primer paso de un proceso, hay dos cuestiones que me llamaron profundamente la atención. La primera es que parece sorprendente que el primer anuncio de reforma a la institución policial tenga relación con requisitos de ingreso a las escuelas de Carabineros, y no con las violaciones de derechos humanos que quedaron de manifiesto en el estallido social, y que todos los exdirigentes estudiantiles y líderes de organizaciones sociales hemos podido evidenciar con décadas de anticipación. Esta observación no busca minimizar la medida relativa a los requisitos de ingreso eliminados, que entiendo se encuadran en el contexto de inseguridad pública que vive el país y la merma de la dotación policial; pero sí me provoca extrañeza que después de sendos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, y de Amnistía Internacional -todos contestes en el abuso policial en el contexto de protesta, en la vulneración de derechos de las y los manifestantes, y en la necesidad de formar a las fuerzas de orden en derechos humanos- este primer anuncio no se haya referido al tema más que al voleo, con una única mención entre otros objetivos planteados. ¿En qué está trabajando hoy el gobierno del Presidente Boric para asegurar que las futuras intervenciones policiales no vulneren la integridad física y psíquica de personas que ejercerán su legítimo derecho a la protesta pacífica? Un anuncio en esa línea era, y es todavía, urgente.

Lo segundo, y esto me parece aún más lamentable, es la ausencia de organizaciones LGBTIQ+ en la Unidad Consultiva de la Reforma. Todos los informes sobre violaciones de derechos humanos en el contexto de la protesta social de 2019 también coincidieron en que una de las poblaciones que sufrió vulneraciones específicas fueron las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans; e instaron al Estado chileno a la formación de sus fuerzas de orden en el respeto irrestricto a sus derechos. Lo anterior, por cierto, en línea con lo mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace más de una década en el fallo Atala Riffo y niñas vs. Chile, cuya garantía de no repetición sigue con ínfimas cifras de cumplimiento en todos los servicios públicos, incluidas las policías. Pero otro antecedente que agrava esta falta es el reciente estudio sobre discriminación y violencia hacia personas LGBTIQ+ que lanzó el año pasado la Subsecretaría de Prevención del Delito: una de las primeras estadísticas oficiales con que la diversidad sexual y de género cuenta respecto a la brecha en el ejercicio de sus derechos. Este estudio mostro que aun cuando el 62% de los encuestados había sido víctima de un delito alguna vez en su vida, y el 50% había sufrido un ilícito de estas características en el último año, apenas una de cada diez víctimas había realizado la denuncia respectiva. Esta cifra es desoladora: el 90,8% de las personas LGBTI en Chile no acude a realizar una denuncia cuando es víctima de un delito en su contra; casi un 30% por vergüenza de contar la situación, y un 28% por desconfianza en las policías, tribunales o en el proceso mismo.

Por esto resulta incomprensible que, ante los informes de derechos humanos de organismos internacionales y las cifras que el mismo Estado ha levantado sobre la materia, no se haya convocado a ninguna organización de defensa de derechos de personas LGBTIQ+ a esta reforma. No solo porque muchas veces somos víctimas de crímenes horrorosos como los ocurridos hace unas semanas a Ignacia Palma y Jaime Vergara, ambos asesinados de manera brutal a causa de la transfobia y la homofobia; sino porque además hay una distancia abismante, pública y documentada, entre las víctimas y las instituciones encargadas de socorrerlas, acogerlas y buscar la justicia ante la vulneración de sus derechos. Seguir omitiendo a las organizaciones de la diversidad sexual solo mantendrá esta brecha, la cual además de alarmar, trunca sueños y cobra vidas. Espero que el Ejecutivo pueda cuanto antes enmendar esta falta.

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