Por: Samuel Romo con información de comunicado de prensa | Publicado: 29.08.2022
El integrante del Poder Judicial fue formalizado por hurto y quedó en libertad | Agencia UNO (Temática)De acuerdo con Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres, “este es otro caso donde una víctima de acoso sexual y laboral, es abandonada por quien debería protegerla, su empleador, lo que envía una grave señal al resto de las funcionarias del Poder Judicial y a la sociedad”.
Ante el incumplimiento de medidas de mitigación obligatorias dispuestas en su favor tras denuncia de acoso sexual y laboral, una jueza de un tribunal de Santiago -quien pidió no revelar su nombre- interpuso una denuncia por tutela laboral contra la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la cual fue admitida el viernes pasado.
De acuerdo con Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres, “este es otro caso donde una víctima de acoso sexual y laboral, es abandonada por quien debería protegerla, su empleador, lo que envía una grave señal al resto de las funcionarias del Poder Judicial y a la sociedad”.
Los hechos que explican la demanda son los siguientes: el pasado 19 de mayo la Corporación Administrativa del Poder Judicial debía cumplir con medidas de mitigación ordenadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), luego de que esta institución acreditara que los actos denunciados por hechos constitutivos de acoso sexual y laboral en el espacio de trabajo que sufrió la magistrada -perpetrados, entre otros y otras por el ex juez de Rancagua, Luis Barría Alarcón- fueron efectivos, tras estudio del puesto laboral y médico.
La superintendencia, en su resolución, indicó que los agresores de la víctima debían ser trasladados y cambiados de sus funciones para no tener más contacto con ella. Sin embargo, la funcionaria se reintegró el día 25 de julio del año 2022, pero no había cumplimiento de las medidas y sus agresores continúan en sus puestos de trabajo.
La víctima por ahora se mantiene con teletrabajo sólo por la alerta sanitaria, modalidad que terminará a finales de septiembre, lo que la obligará a compartir espacio y funciones con los denunciados.
De acuerdo con AML Defensa de Mujeres, la falta que comete la administración del Poder Judicial, al no implementar las medidas de mitigación obligatorias, estaría habilitando “espacios de impunidad” al interior de la institución.
“En este caso en concreto, y en todos los que se promuevan, hacemos un llamado a todos los integrantes del Poder Judicial a comprometerse en la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos tanto de quienes integran el Poder Judicial como de aquellos y aquellas que acuden a tribunales exigiendo justicia, orientando su actuar a generar ambientes laborales libres de violencia y discriminación, con especial énfasis en la prevención y atención del acoso sexual” indicó por su parte la ministra Carola Rivas, de la Asociación de Magistradas Chilenas (MA_CHI), entidad que está asesorando y acompañando a la víctima.
Además, esta situación se da en paralelo a la formalización del ex juez Barría por los delitos de abuso sexual reiterado contra otras dos funcionarias, el próximo mes de septiembre.
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