A todos las y los mártires de
la lucha social y política mapuche
Por la libertad de todas y todos
los presos mapuches
Por la libertad Inmediata de Héctor Llaitul
Dice el refrán popular “tanto va el agua al cántaro que este finalmente se rompe”. Eso es lo que ha ocurrido con la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. Las presiones que tanto al gobierno del presidente Gabriel Boric y a su Ministra del Interior, Izkia Siches, como al Ministerio Público ejercidas por el poder del capital, empresarios de las forestales, las autoridades políticas (gobernadores, alcaldes, parlamentarios locales como nacionales de amplio espectro) como de los medios de comunicación, entre otros, para actuar en contra del líder mapuche, han dado resultados: Héctor Llaitul ha sido formalizado por un conjunto (cinco) heterogéneo de supuestos delitos contra del Estado de Derecho y se ha decretado su prisión preventiva.
La “guerra de Arauco” en el Wallmapu se reactiva nuevamente bajo otros medios, pero desde 1541 sigue siendo la misma: la lucha del pueblo nación-mapuche por liberarse de los invasores, de los colonizadores, de los explotadores y un vario pinto conjunto de hombres y mujeres no mapuches que amparados por el Estado Imperial, primero, y luego, por el Estado chileno, han buscado aniquilar y hacer desparecer a un pueblo-nación, solo por existir y habitar un territorio que les pertenece desde siempre.
La aniquilación, la desaparición forzosa, de los pueblos preexistentes a la invasión europea y nacional ha sido una práctica de cinco siglos en el territorio de Abya Yala; en Chile, por ejemplo, el pueblo Ona, habitantes de la denominada Tierra del Fuego, en el extremo Austral del Continente, fue financiada por los grandes estancieros de Magallanes para invadir sus territorios a objeto de ocuparlos con miles de cabezas de ovinos. Los exterminaron. Por lo tanto, que los grandes empresarios capitalistas que hoy ocupan y explotan el Wallmapu busquen por todos los medios legales o extralegales hacer desaparecer al pueblo Mapuche no es de ninguna manera una novedad es una constante histórica y política.
Pero también ha sido una constante histórica y política que el pueblo-nación mapuche se levante y resista abiertamente esa ocupación e intento de aniquilación. Por eso, su lucha es legítima. Todo pueblo tiene derecho a resistir cualquier intento político de exterminarlo.
En Chile, el Estado, como expresión de la dominación de la cultura cristiana occidental y, por cierto, capitalista, ha buscado de diferentes formas someter, subyugar y aniquilar física y culturalmente al pueblo mapuche. La pacificación de la Araucanía en el siglo XIX fue una expresión de la estrategia política-militar emprendida por el Estado chileno para desplazar a los mapuche de sus tierras, reducirlos en “reservaciones” en tierras de mala calidad, para matarlos de hambre, negándoles su cultura, creando estereotipos de ellos: indios flojos, ignorantes, bárbaros, borrachos, entre otros. Discriminación racial y cultural. El Estado nacional chileno le declaró la “guerra” a un pueblo, solo porque este tenía la “propiedad” de tierras, bosques, ríos, lagos, flora y fauna que el capital privado como también estatal ambicionaba para incrementar su expansión y desenvolvimiento a objeto de hacer posible su reproducción en el tiempo. Devastar la naturaleza y la vida humana, no son límites ni fronteras para la acción del capital. Durante 150 años el capital nacional e internacional protegido por el Estado nacional ha expoliado, explotado y arrasado con todo aquello que para los mapuche es considerado vital para su existencia como cultura y pueblo.
El despojo de todo lo mapuche ha sido expuesto por todos los interesados en dar conocer esta devastación, ya sea por los propios mapuche como también por las y los chilenos hastiados de tanta destrucción. Sin embargo, el Estado nacional como también la sociedad chilena han sido en el largo plazo sordos, ciegos y mudos. Y, por lo general, han actuado en favor de los grandes, medianos y pequeños intereses del capital. Solo en los últimos años, a lo menos, en las últimas dos décadas, se ha despertado una cierta sensibilidad hacia la situación de los pueblos originarios y, especialmente, de la lucha mapuche.
Durante la pasada revuelta popular y ciudadana de Octubre de 2019 el país contempló, con asombro, que en las grandes acciones colectivas que ocuparon los espacios públicos de las ciudades del país, miles de personas agitaron e hicieron flamear los emblemas, la bandera, del pueblo mapuche. Más tarde en la Convención Constitucional, la reivindicación de los pueblos originarios quedó manifiesta en los “escaños reservados” para representantes de estos pueblos. Para ratificar la presencia política e histórica de las naciones prexistentes, fue elegida una representante del pueblo-nación mapuche como presidenta de la Convención. La presencia de Elisa Loncon fue alabada, celebrada y aplaudida por muchos. No por todos, pues los representantes del capital y de los sectores dominantes expresaron en múltiples ocasiones el encono que les producía la presencia y actuación de las y los representantes de las primeras naciones, especialmente, de los mapuche.
La Constitución Política elaborada por la Convención, con la oposición irrestricta de las y los convencionalistas recogió la sensibilidad expresada por las ciudadanías en Octubre y expresó en diversas normas el reconocimiento histórico, político, cultural e identitario de las primeras naciones en el Artículo 5. La declaración normativa de la plurinacionalidad del Estado es un rasgo destacado de la propuesta constitucional. Si embargo, estos aspectos han merecido por parte de la comunidad nacional, o sea, de la sociedad chilena, una fuerte reacción contraria, acusando a la Convención de producir una Constitución Indigenista. El rechazo a estas normas ha provenido de distintos sectores de la ciudadanía no solo de los grupos sociales dominantes sino también de sectores medios como populares: dejando al descubierto que los profundos rasgos racistas y discriminatorios de la sociedad chilena no es un asunto del pasado sino todo lo contrario, pervive entre las ciudadanas nacionales.
Esta situación contrasta con la reivindicación de lo mapuche en las manifestaciones de Octubre y, sobre todo, por la condena que muchos sectores sociales y políticos levantan actualmente en contra de la lucha que levantan las diversas organizaciones políticas y sociales mapuche en el Wallmapu.
La lucha mapuche es plural y diversa. No hay una sola forma, ellos implementan tanto la lucha política-institucional como la directa, política-militar, o sea, armada. La CAM, organización donde participa, Héctor Llaitul, ha declarado su combate directo y activo en contra de las empresas capitalistas forestales, hidroeléctrica, minera y salmonera que actualmente como hemos dicho devastan la vida humana y natural del Wallmapu.
La lucha directa y abierta de la CAM no ataca ni atenta contra personas sino contra los bienes de capital que estas empresas posee, un componente ético-político que ni la acción del Estado nacional ni de los propietarios de esas empresas poseen: respetar la vida humana.
Como se sabe, el Estado, a través de sus instituciones policiales, ha dado muerte a numerosos mapuche en los últimos años. Crímenes de lesa humanidad que, por cierto, muchos de los cuales han quedado impunes. Lo mismo ha ocurrido con las diversas acciones violentas que han realizado los distintos grupos armados no mapuche que actúan en la macrozona sur.
Ahora bien, en todo conflicto político hay pérdidas humanas. Eso es lamentable. Pero la mayoría de los muertos han sido del pueblo mapuche. Todos, por cierto, estamos interesados que la problemática histórica y política que afecta al pueblo nación mapuche se resuelva.
Esa resolución es extremadamente compleja. La cual, por cierto, no se soluciona con las normativas presentes en el texto constitucional que se somete a plebiscito el próximo 4 de septiembre, pero que ellas son un avance lo son y, por esa razón, se requiere su aprobación. La situación se vería agravada si se mantiene la actual Constitución. Si la ciudadanía salió a flamear la bandera mapuche en Octubre 2019, no podría actuar el 4 de septiembre en un sentido contrario. Sería una inconsecuencia y un absurdo, o solo una “monería” posmoderna, insustantiva, light, vacía.
La ciudadanía no se puede quedar inactiva ante la detención de Héctor Llaitul. Detención propiciada y auspiciada por el capital. El gobierno de Gabriel Boric fue incapaz y débil para resistir la presión de los poderes políticos, económicos y comunicacionales del capital.
Desgraciadamente, el gobierno actual no tiene ni la fuerza, ni la entereza, ni la habilidad política ni tampoco el personal competente para enfrentar de manera decisiva al poder al capital. Tampoco poseen una visión ni una estrategia para tratar el conflicto en el Wallmapu. Su intención inicial de “dialogar” sin considerar los elementos propios de la cultura del pueblo mapuche, fue un fiasco. No es llegar y subirse a un automóvil e ingresar al territorio mapuche. Hay que respetar y este gobierno solo respeta y se inclina lacayamente ante los deseos y presiones de la derecha y el capital empresarial.
Luego del bochorno ministerial, la Ministra del Interior, acosada por la derecha política ha debido someterse e iniciar la persecución del dirigente máximo de la CAM. Pues resulta paradojal que el gobierno vaya en contra de Llaitul y no sobre todas y todos los miembros que integran la CAM, pues los delitos que se atribuyen a Llaitul no son personales sino colectivos. Lo cual prueba que es intento de descabezar el movimiento, sin comprender que esta lucha es colectiva. Por esa razón, podrán meter a la cárcel a Llaitul, pero, con ello no van a frenar la lucha mapuche.
La detención y presión política Llaitul como la ocupación militar desde hace meses, es otra forma de darles garantías al capital que podrá seguir operando en el Wallmapu, sin problemas. Pero, allí el gobierno yerra, la lucha del pueblo mapuche no depende de la existencia de uno u otro líder; es, fundamentalmente, una lucha de un colectivo, de un pueblo.
La prisión política de Llaitul debe verse como una oportunidad para que la sociedad civil chilena se pronuncie de manera conjunta con el pueblo mapuche por su libertad. Se debe configurar una gran alianza social y política anticapitalista que exija la salida del Wallmapu de todas las empresas que allí operan. Se debe avanzar en la devolución no de tierras a los mapuche sino del territorio que el Estado Nacional usurpó en el siglo XIX. Otorgarle autonomía territorial y, sobre todo, autodeterminación gubernamental.
Sin que lo anterior implique la desmembración del estado plurinacional, sino que seamos capaces de dar vida a una nueva forma de organización política que permita que todes podamos vivir en este territorio nombrado como Chile. Pero, ello implica eso sí, que el problema no son las y los chilenos, ni los mapuche u otros grupos sociales y culturales, el problema, fundamental, es el capitalismo depredador y salvaje.
A pesar de todas de las “buenas ondas” con los mapuche por parte de las ciudadanías nacionales, ni las celebradas ovaciones a la expresidenta de la Convención Elisa Loncon, y tantas otras, nada de eso da solución a la devastación del pueblo mapuche, sino se frena la acción del capitalismo. La lucha social y política debe ser contra la actual forma de Estado y gobierno, expresiones, políticas de la dominación capitalista.
De más está decir que el deseo expresado por Elisa Loncon al momento de asumir la presidencia de la Convención el pasado 4 de julio de 2021 de “refundar Chile”, se las llevó el viento. Sin destruir las estructuras de poder existentes en el país, será imposible hacerlo.
La criminalización de la lucha social, cultural y política mapuche obliga a todes los que salieron a flamear la bandera mapuche a luchar por la libertad de todos los presos políticos mapuche y de Héctor Llaitul.
Pues, ¡¡¿“todos somos Llaitul”?!!
Juan Carlos Gómez Leyton
San Joaquín, 25 de agosto de 2022
®JCGL/jcgl
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