Casi un 80% de quienes votaron en el plebiscito de octubre de 2020 se inclinó por el cambio constitucional, rechazando además que fuesen los miembros del Congreso quienes se involucraran en éste. El resultado de la elección de convencionales fue sorprendente, con un fuerte castigo a los partidos tradicionales de centroizquierda. Lo mismo sucedió poco más de un año después cuando se eligió un nuevo gobierno.
Pero a tan sólo meses de aquello, acecha el riesgo de que suceda exactamente lo contrario a esa voluntad popular. Pase lo que pase con el resultado del próximo 4 de septiembre, los partidos políticos tradicionales ya amenazan secuestrar la Constitución, como indica la reducción a 4/7 del quórum necesario para modificar la Carta Fundamental y confirma el acuerdo de reformas dado a conocer hace unos días en caso de ser aprobada la Propuesta de nueva Constitución (PNC).
Y después se preguntan: ¿por qué tanta apatía electoral y rechazo al sistema (cada vez más falto de legitimación)?
Mi parecer es que a muchos políticos que en teoría estaban por el cambio les dio vértigo apenas vieron que algo así era posible. No deja de sorprender su resistencia a lo nuevo. ¿Por qué tanta neofobia, en especial en lo económico y medioambiental
Me quiero referir a un fenómeno específico en este escenario: cuando la centroizquierda, en especial el PS y el FA (en su versión post primera vuelta presidencial) tuvieron que escoger entre el riesgo del cambio o la consolidación de su liderazgo, dentro de un statu quo que aparenta abrir nuevas posibilidades (pero luego las cierra antes de que se llegue a la puerta), la neofobia ―y no por primera vez― les paralizó el alma en materias económicas y medioambientales [PALMA, 2020].
Recordemos que en la elección de convencionales, la DC y el PPD apenas lograron elegir alguno, y que el PS ni siquiera llegó al 5% de apoyo. Tanto la exConcertación como el Frente Amplio quedaron entonces tras la sorpresiva Lista del Pueblo (LdP). Fue un resultado tan devastador para la centroizquierda que su propia subsistencia quedó en juego. Se enfrentaron entonces a dos desafíos: uno político (la nueva Constitución) y otro darwiniano (la lucha por su supervivencia, pues parecía que la selección natural los dejaba en el camino).
Para este sector lo fundamental pasó a ser neutralizar (y ojalá demoler) al competidor, la LdP. Eso quedó claro inmediatamente: cuando la LdP se concentró en la Comisión 5 (medioambiente y modelo económico), el FA no colocó allí a ninguno de sus 21 convencionales. ¿Acaso tales temas no eran de su interés? Obviamente que no. Tan sólo fue la política pequeña de no tener que buscar acuerdos, y así quedar con absoluta libertad para rechazar en el pleno cualquier propuesta que saliera de dicha comisión. Como un jugador de póquer inexperto, el FA mostró su mano demasiado temprano.
Lo que el PS y el FA buscaban era que no quedase rastro de la LdP en la Constitución, y los dos tercios del pleno fueron el mecanismo para lograrlo. Lo más conocido es que el PS —con complicidad del FA, y a pesar de acuerdos previos― rechazó en el pleno todo el informe preliminar de la comisión 5. En otra instancia, el Pleno rechazó el 85% de otro informe. Así, el antagonismo PS y FA versus LdP terminó por empobrecer la propuesta de nueva Constitución, en especial porque quedó desfasada en lo económico y medioambiental respecto de los avances en otras materias.
En términos un tanto extremos, parecía como si ante el susto de que el cambio los sobrepasara ―y terminar siendo algo así como la cola de un león que rugía por el cambio―, el PS y el FA optaron por lo seguro: seguir siendo la cabeza del ratón del «más de lo mismo» (pero ojalá mejor).
La obstrucción del PS y FA al avance en materias fundamentales de lo económico y medioambiental terminó por tener un gran impacto desmovilizador entre quienes estaban por el cambio. Si bien la actual aparente falta de apoyo mayoritario al Apruebo es un fenómeno complejo, sostengo que en su raíz está la situación recién descrita. Tampoco ayuda que la campaña por el Apruebo esté liderada por quienes secuestraron la nueva Constitución y en la cual predominan las excusas, disculpas y rasgaduras de vestido casi bíblicas.
Sin duda que en otras áreas hay cosas realmente novedosas en la Propuesta, pero mucho de eso corre el riesgo de ser letra muerta sin crecimiento ni distribución. No sólo quedaron intactos los amarres del obsoleto modelo actual ―aquellos que dificultan su transformación y obstaculizan el desarrollo de nuevas estrategias productivas―, sino que el PS y el FA incluso intentaron agregar otros amarres que ni siquiera estaban en la Constitución de Pinochet (me extiendo sobre ello más adelante). Como siempre he argumentado, la nueva Constitución no debería tomar partido en modelos de desarrollo ni de estrategias productivas, sino ser sólo «habilitadora» de estas; o sea, ser exactamente lo opuesto a aquella que en 1980 nos dejó atados a un modelo rentista neoliberal.
Una Constitución así debería fijar un piso común en materias como derechos sociales y propiedad colectiva de los recursos naturales, y luego abrir espacios para que a partir de ahí se pudieran implementar dentro de ella diferentes modelos de desarrollo y estrategias productivas. Pero eso no fue lo que pasó, pues se dejaron intactos muchos de los amarres de la actual Constitución.
Por cierto que la conformación de la Lista del Pueblo no ayudó a llegar a acuerdos en dichas materias. Como era probable en algo que surgió tan espontáneamente, en ella cupieron tanto embaucadores que fingían dramas personales, como quienes la vorágine del ascenso político sumió en una manía ideológica que recuerda la de agentes en mercados financieros valorando activos a precios delirantes. La exuberancia irracional también se da en lo ideológico. Una convencional del colectivo no sólo defendía la nacionalización del cobre, sino que también se adjudicaba el derecho a diseñar la hoja de ruta («vamos a ir primero por la Escondida», dijo frente a las cámaras). También cuando sugerí que «el derecho a una vida digna» debía tener contenido ―como un subsidio monetario para que nadie quedase bajo la línea de la pobreza―, se me acusó de «focalizar» (¿por qué sólo a los pobres? ¡Hay que darle un ingreso mínimo asegurado a toda la población!).
Pero entre los LdP (o ex LdP, pues pronto se atomizaron) también había una masa crítica con propuestas nuevas y constructivas, con la cual el PS y FA pudieron perfectamente haber trabajado en materias económicas y medioambientales, conciliando opiniones y limando asperezas. Sin embargo, el miedo a que la marea del cambio los dejase en el camino llevó a estos últimos a tal posición de antagonismo en materias fundamentales de economía y medioambiente que hasta los hizo oponerse a asuntos que ellos mismos habían defendido toda una vida. O sea, se les trastocaron las prioridades.
Resultado: una Propuesta de nueva Constitución asimétrica; que avanza significativamente en muchas áreas, pero que no se sale del status quo del rentismo obsoleto y depredador en otras fundamentales.
Por supuesto que también el lobby del gran empresariado ―en especial, mineras― jugó su rol, pero creo que lo otro fue al menos igual de relevante en lo de quedarse atascado en estas materias. En tantos correos electrónicos y whatsapps con convencionales del PS y FA, nunca dejó de sorprenderme el rencor y resentimiento con la ex LdP. Preguntándole a un amigo PS sobre el rechazo tan absurdo (y con complicidad FA) del informe preliminar de la Comisión 5, me dijo que sí, que fue una decisión POLÍTICA (y lo escribió con mayúscula); o sea, léase: no sucedió por el contenido del informe.
Era la nueva Constitución la que se empobrecía.
No cabe duda que en la PNC hay avances en lo económico: por ejemplo, se amplía el mandato del Banco Central para compatibilizar lo financiero con el nivel de actividad económica y el medioambiente (de ser aprobado, va a ser referencia mundial).
Además trae el enfoque de género a lo económico, consolida derechos sindicales, ataca la precariedad laboral, extiende el derecho de huelga al sector público, reconoce el trabajo doméstico y el de cuidados, y algo avanza en ecología y derechos del consumidor.
También permite al Estado tener un rol más activo en la economía. Y hay un cambio parcial en la regulación del agua.
Pero también proliferan promesas vagas en temas de desigualdad, y sin ninguna comprensión del fenómeno fundamental en esta área: la única forma de mejorar la desigualdad en forma sostenida es anclándola en una mejor estrategia productiva (que nazca en el mercado, y no de eternos subsidios). También son poco precisas las referencias al extractivismo, y la propiedad social de los recursos naturales sigue siendo algo falto de sustancia. Y no sólo siguen los amarres al actual rentismo obsoleto e ineficiente, sino que no hay nada que ayude a asegurar el uso productivo de la renta de los recursos naturales (equivalentes en 2021 a aproximadamente un 20% del PIB, según el Banco Mundial). Sin eso no vamos a llegar nunca a ninguna parte
Lo paradójico es que, de haberse abierto espacios en la Propuesta a nuevas estrategias productivas, estas no hubiesen sido más que el reflejo de lo que se avanzó en otras materias. En lo económico no era ir más allá, sino simplemente emparejar esta área con los otros avances. Creo que esta descoordinación inevitablemente va a terminar por sabotear otros logros. El PS y el FA habrán ganado en su estrategia político-partidaria dentro de la Convención, pues prácticamente no quedó huella de la ex LdP en las materias económicas fundamentales de la PNC. Pero con ello también perdimos el resto de chileno/as, pues lo que quedó es una Propuesta empobrecida, que dificulta un cambio de estrategia productiva. ¡Cómo debe estar celebrando el gran empresariado rentista!
¿De dónde va a venir el crecimiento de la productividad, la menor desigualdad, y los nuevos ingresos públicos? Sin ellos, muchos de los demás avances incluidos en la Propuesta pueden transformarse en letra muerta. En nuestra economía rentista, el crecimiento de la productividad está prácticamente estancado hace quince años; y la producción de cobre de las mineras privadas, hace diez [PALMA, 2022]. Lo extractivo ya dio, y hace mucho, todo lo que podía dar, y se transformó en contraproducente. Necesitamos nuevos motores de crecimiento de la productividad, financiados principalmente con el uso productivo de la renta de los recursos naturales. Es la única forma de salir del pantano. No es física cuántica.
No era tarea de la nueva Constitución, sino de la democracia, decidir cuál es la estrategia productiva específica a seguir para lograrlo. Pero sí lo era el crear los espacios para que la que se escoja fuese factible de implementar. Parece obvio.
***
A pesar de vivir en el extranjero, tuve la suerte de poder integrarme al trabajo de la Convención. Primero, sugerí que aquello de «el derecho a una vida digna» es palabrería si no tiene contenido: nadie puede vivir bajo la línea de la pobreza, y hoy están allí aproximadamente tres millones de chilenos y chilenas. Expliqué que un subsidio monetario directo para lograrlo no costaría más de un 2% del PIB, y sugerí formas de implementarlo y financiarlo.
Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Si no aprovechamos la oportunidad que nos daba el PNC, ¿dónde? Oídos sordos en el PS y FA.
Luego intenté demostrar que, en una economía de mercado, una condición absolutamente necesaria para la eficiencia productiva es tener derechos del consumidor reales y verdaderos. Lo demás es receta para la ineficiencia. Tampoco tuve mucha suerte, pues aunque la PNC dice algo al respecto, es de una timidez asombrosa.
Luego vinieron muchas batallas; por problemas de espacio sólo menciono tres. La primera era asegurar que en todos los tratados económicos, incluidos los comerciales, los litigios con el Estado chileno deben dirimirse en cortes chilenas. Esto no es sólo un tema de soberanía y mínimo autorrespeto como nación, sino que también está relacionado con que las cortes ad-hoc del CIADI son una burla, pues los conglomerados pasan a ser jueces y parte. Más aún, ya están en retirada, como lo demuestra que en la renegociación del NAFTA (TLCAN) se cambiaron esas cortes por las nacionales. En el gran tratado de China con países asiáticos los litigios también se llevan en cortes nacionales, así como en el nuevo tratado que intenta hacer Biden con países asiáticos para aislar a China. Pero el PS y el FA, atrasados de noticias, votaron sistemáticamente en contra de la primacía de las cortes nacionales. Si lo hubiesen apoyado, estaban los dos tercios.
Incluso cuando —luego de mucho esfuerzo— se aprobó en el Pleno que al menos las cortes comerciales internacionales debieran ser permanentes y con jueces profesionales (no como la chacota del CIADI), a último minuto se agregó la palabra ‘preferentemente’.
Luego vino el tema del contenido de los tratados comerciales, los cuales no deberían atar las manos de futuros gobiernos en materias que no tengan relación con lo comercial. Esa es la marca registrada de tratados tipo TPP-11, donde lo comercial no es más que el incentivo para agregar nuevos amarres para dificultar en cambio; como es el caso de las múltiples compensaciones por lo que denomina expropiación ‘indirecta’ [ver PALMA 2021 y 2019]. Pero el PS y el FA votaron sistemáticamente en contra de todas las formulaciones que se propusieron para evitar aquello. Con su apoyo (y el de aliados), seguro estaban los dos tercios.
Finalmente, sobre el royalty a los recursos naturales; en especial, a la gran minería del cobre: se presentaron muchas alternativas para asegurar que estos fuesen de verdad y no las ficciones de ahora. Pero el PS y el FA se opusieron a todo. El último intento que redacté al respecto decía simplemente: «El royalty minero tiene que reflejar el valor de mercado de los minerales en bruto que extraen las mineras», pues nos pertenecen a nosotros y no a ellas. Pero el resultado fue el mismo.
Mientras tanto, el convencional más conocido del FA escribía columnas culpando a «las excentricidades» de la izquierda por la falta de apoyo del Apruebo. Vaya mi «excentricidad»: ¡que en una economía de mercado deban regir los precios de mercado! Lo demás se llama subsidio (y a empresas que están entre las más rentables del mundo). Además, esa es la única forma de financiar los nuevos derechos sociales y los cambios en salud y educación.
Debo ser muy ultraizquierdista para insistir en la primacía de los precios del mercado en cuanto a lo que debemos cobrar por nuestros recursos naturales, y en querer darle alguna chance a los balances fiscales. Pero los intereses de un puñado de grandes conglomerados rentistas y la política pequeña del PS y FA pudieron más. Otra vez, con su apoyo estaban los dos tercios.
Más aún, el convencional Fernando Atria, el mismo que criticaba las «excentricidades» de la izquierda, salió con una propia: presentó una indicación que consolidaba las garantías constitucionales de las «concesiones plenas» de Pinochet y José Piñera (las que continuó la Concertación), pues habían quedado en un limbo jurídico. De haberse aprobado en el pleno, y entre muchas otras cosas, eso incluso hubiese hecho prácticamente imposible un royalty de verdad, y olvídense de los balances fiscales. El FA llegó a ese extremo: ya no era cosa de limitar el cambio, sino de pasar a ser parte de la resaca ideológica en favor del «más de lo mismo» del empresariado rentista.
Tomando prestado del psicoanálisis, parece que a mucho/as del FA les pasó lo típico de quienes llegan al poder: no conseguir compatibilizar el pensar por sí mismo/as con el ser ello/as al mismo tiempo. El pensamiento secuencial y lógico ahora parece venir de un lugar interno distinto de donde provienen sensaciones, deseos y temores. El pensamiento pasa a ser formulado en términos de qué es lo que se debe pensar; las creencias se definen como adherencia a nuevos dogmas y necesidades, y no a convicciones internas. La acción no está impulsada por estas convicciones, sino por la subordinación a los requerimientos del poder.
Y el argumento, repetido ad nauseam, de que hay cosas que uno tiene que dejar para habilitar otras, sonó durante los últimos meses del debate constitucional como una excusa cada vez más hueca. El alma en lo económico de una Constitución «habilitadora» es que dentro de ella no haya amarres que fuercen el status quo. Es cosa de principios y algo fundamental para la eficiencia productiva.
Si alguien quiere «aprobar para perfeccionar», ¿qué tal si partimos por esto? Que las demandas contra el Estado se resuelvan en cortes chilenas; que los tratados comerciales no puedan pasar de contrabando leyes de amarre que limiten la acción de futuros gobiernos, y que el royalty tenga que reflejar el valor de mercado de los minerales en bruto que les vendemos a las mineras. Parece obvio.
En fin, Bachelet y Boric cantan a Pablo Milanés: «… no es perfecta, mas se acerca a lo que yo siempre soñé». En realidad, deberían entonar «es innecesaria y autodestructivamente imperfecta, pues por pequeñeces políticas (e ignorancia de la teoría económica) sacrifica mucho de lo que siempre soñé»
Si hasta la teoría económica neoclásica (que supuestamente informa este modelo) dice que, ante la presencia de distorsiones y fallas de mercado, lo fundamental para la eficiencia en materias de política económica es tener un amplio rango de maniobra en el rediseño que busca (al menos) un second best. Los amarres no son más que otra forma de distorsión de mercado.
Así y todo, es una Propuesta de nueva Constitución que hay que defender, pues contiene una gran cantidad de temas en los que se avanza en formas impensables antes del estallido social. Por muy «asimétrica» que sea ―y aunque creo que eso lo vamos a pagar caro―, sin dudas estoy, y con fuerza, por el Apruebo. Es solo que cada país tiene la Constitución que se merece.
Por José Gabriel Palma
Fuente: Ciper Chile
Publicado en el Clarín con la autorización del autor
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