PAÍS
La Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, creada a pocos meses del Golpe de Estado, llevaba el registro de los presos, sus detenciones, traslados y liberación. Menos conocida, esta entidad, daba una cierta legalidad de facto que funcionaba más para lo interno que para lo externo. Era la encargada, entre otras cosas, de entregar certificados de detención para justificar ausencia laboral y también para acreditar la calidad de víctima de Derechos Humanos. Esos documentos sirvieron, entre otras diligencias, para elaborar el Informe Valech.
“En el estacionamiento del estadio Nacional se me colocó scotch en los ojos y de ahí me llevaron a un lugar que escuché, por parte de ellos, era Villa Grimaldi y que más tarde identifiqué como tal, por las descripciones del sitio hecho por mis compañeros”, este párrafo es parte del relato de Pedro, el nombre ficticio de un hombre de 41 años detenido —como cientos— que se recoge en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad.
Pedro fue detenido el 16 de enero de 1974 en la fábrica donde trabajaba y donde era parte del sindicato. Fue trasladado a Tres Álamos (administrado por Carabineros), después a Ritoque, donde funcionaba el campo de concentración Ritoque (operado por la Fach) —ubicado en el ex balneario popular— y que hoy es sitio de memoria. Tras nueve meses allí, fue llevado a Cuatro Álamos (a cargo de la DINA). Este recorrido se conoce gracias a que su mujer, junto a un abogado del Comité Pro Paz, lo buscaron incansablemente sin encontrarlo y sin tener noticias de él. Hasta que mediante un recurso de amparo (nº1248-75) del 30 de septiembre de 1975, que no tuvo respuesta, pero que dio lugar a una apelación ante la Corte Suprema en octubre de 1975 y que argumentaba “que la incomunicación no figuraba en el Estado de Sitio”. Sólo entonces respondió el entonces ministro del Interior, general César Raúl Benavides Escobar, que había sido arrestado por el Decreto Exento (D.E.) de Interior 15 (21-2-74) y se adjuntan los otros decretos que daban cuenta de su itinerario por los distintos centros de detención. Sin embargo, el recurso fue rechazado. Y Pedro siguió preso.
La secretaría de presos
El 31 de diciembre de 1973 se decretó la creación de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (Sendet). El documento de la Contraloría General de la República, señala que “será una oficina al interior del Ministerio de Defensa Nacional, que tendrá por finalidad coordinar con los diversos ministerios las materias relacionadas con las personas que hayan sido privadas de libertad en virtud de las facultades que confiere el Estado de Sitio”.
Le correspondía coordinar la acción control e información de los lugares de detención en todo el país; mantener al día la estadística de los detenidos; llevar un control de su situación jurídica y sanitaria; velar por su atención social y asistencial, entre otras.
Contaba con un departamento estadístico, administrativo, logístico y de inteligencia, este último encargado de los interrogatorios.
Esta repartición menor, fue pensada para coordinar la información proveniente de los diferentes centros de detención. También podía proponer al Ministerio del Interior el cambio de situación de los presos, a través de los siguientes decretos: Exento de traslado, de Libertad, de Abandono o Expulsión del país.
La Sendet se instaló en el ex Congreso Nacional y estaba integrada por funcionarios de la Fuerzas Armadas y de Carabineros en comisión de servicio. En sus comienzos, en 1973, tuvo bajo su tuición los campos de detención: Pisagua, Chacabuco, estadio Chile, isla Dawson, isla Quiriquina, estadio Nacional. También los campamentos de tránsito de Linares, Chillán, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta Arenas. En 1974 se sumaron: Ritoque, Puchuncaví, Tres Álamos, El Morro. En 1975 se abrió un recinto para mujeres en Pirque. El resto dependía directamente de los Servicios de Inteligencia.
“La Secretaría la crearon porque tenían asumida la importancia de tener registros para efectos administrativos. Quizá sacaron la idea de los registros penitenciarios, donde todo se registra, porque el Estado gasta dinero en tener una persona privada de libertad. Por eso mismo, creo que fue importante en su momento. Con posterioridad, ha sido relevante para efectos de memoria y registro de situaciones de violación de Derechos Humanos. Fundamental para mucha gente que fue detenida sin juicio y menos con una condena. De hecho, les sirvió a muchas personas para demostrar su calidad de víctima y ser parte del Informe Valech. Llegaban hombres y mujeres mayores con un papelito ajado que desdoblaba y entregaban: era el certificado de detención de la Sendet, algunos incluso los usaron después del Golpe como ‘justificativo’ en el trabajo”, explica el abogado de DDHH, ex funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, Fernando Martínez.
Por otro lado, agrega: “la cultura legalista hizo que en Chile los golpistas revistieron su acción de una legalidad de facto: bandos y decretos leyes, varios de los cuales se ha sostenido estaban preparados desde antes del golpe. En esa línea, la creación de un organismo para registro de los detenidos, es muy coherente”.
Esto queda demostrado en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
“Un número considerable de personas que prestaron testimonio acompañaron su declaración con la certificación otorgada por el organismo aprehensor que aún conservaba en su poder. En los primeros años, especialmente el Ejército y la Armada, así como la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, entregaron un gran número de certificaciones de las detenciones en determinado recinto. También se acompañaron tarjetas de control que las personas debían presentar semanalmente en comisarías o cuarteles, instructivos de cómo cumplir con los controles impuestos, etc.”, señala el documento.
El registro
Pedro fue liberado el 17 de noviembre de 1976 mediante el D.E Nº2343. Meses después la Sendet emitió un certificado (se adjuntan otros certificados de detenido. Archivo Vicaría de la Solidaridad) para ser presentado, por el ex reo, ante el CIME (Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas) y luego para la Cruz Roja Internacional.
Este dice: “Certifico que el ciudadano permaneció detenido desde el 16 de enero de 1974 hasta el 17 de noviembre de 1976. Que dicha detención fue temporal, como consecuencia de la aplicación de facultades del Estado de Sitio imperante en el país. Que fue puesto en libertad en conformidad del decreto Nº2343 de fecha 17 de noviembre de 1976 del ministerio del Interior. Se extiende el presente certificado para ser presentado en el CIME.
Como Pedro, Hugo Méndez guardó su certificado.
Detenido el 27 de septiembre de 1973. Estuvo preso en Punta Arenas y luego trasladado a Isla Dawson. Fue puesto en libertad el 24 de septiembre de 1974. El certificado de agosto de 1975 (Museo de la Memoria), señala que la detención fue temporal, consecuencia de la aplicación de las facultades del Estado de Sitio. Y que fue puesto en libertad por no haberse comprobado, hasta este instante, que hubiere contravenido las normas constitucionales del país. Firma el coronel Jorge Espinoza Ulloa, secretario ejecutivo nacional (comisión nacional de detenidos).
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