PAÍSFoto: Cedida/Álvaro Varela en la calle donde estaba la casa en la que se refugió tras el Golpe.
Aunque el abogado señala que ya existe una verdad judicial sobre la cual no caben recursos posteriores en Chile, luego de que la Corte Suprema absolviera a todos aquellos que el ministro Alejandro Madrid había condenado en primera instancia por la muerte del ex Mandatario, asevera que en el expediente existen elementos que “permiten sostener algo distinto a lo que judicialmente se resolvió”. Al cumplirse 50 años de la creación del Comité Pro Paz –simiente de la cual saldría posteriormente la Vicaría de la Solidaridad–, Varela dice que un verdadero avance en materia de DD.HH. sería que las Fuerzas Armadas entregaran la documentación que deberían tener, y asegura que no cesarán en su intención de que el Concejo Municipal de Santiago revoque el cambio de nombre de la calle Santa Mónica, donde funcionó el Comité.
Este año no solo se cumplieron 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Un mes después, el 9 de octubre de aquel año, un decreto arzobispal firmado por el cardenal y arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, dio origen al Comité Pro Paz, una “comisión especial para atender a los chilenos que, a consecuencia de los últimos acontecimientos políticos, se encuentren en grave necesidad económica o personal”, como indicaba el documento.
Esa era la labor de un organismo que contaba con el apoyo de las iglesias católica, evangélica luterana, metodista, metodista pentecostal, presbiteriana, bautista, ortodoxa y la comunidad judía, y que poco a poco vio cómo sus pequeñas oficinas ubicadas en un edificio en Erasmo Escala esquina Almirante Barroso –hoy campus patrimonial de la Universidad Alberto Hurtado, donde recientemente se inauguró un impactante mural que rinde homenaje al Comité– comenzaron a llenarse de personas que estaban siendo víctimas de las gravísimas violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura de Pinochet.
Detrás del Comité –que luego se trasladaría a la emblemática casa de la calle Santa Mónica, en Santiago– había hombres preparados para la vida sacerdotal que enfrentaron al régimen militar, pero también hombres y mujeres, civiles, abogados y procuradores, que arriesgaron su vida no solo en pro de los perseguidos, sino también de sus familiares.
Uno de ellos fue Álvaro Varela Walker, quien en 1973 era presidente del centro de alumnos de Derecho en la Universidad de Chile. El abogado, militante del MAPU, titulado en España tras ser expulsado de la U. de Chile –debido a la acción directa de Miguel Otero Lathrop–, y quien fue la inspiración para el personaje de Ramón Sarmiento, interpretado por el actor Benjamín Vicuña en la serie Los Archivos del cardenal –algo que reconoce con modestia–, conversó con El Mostrador tras llegar a Santiago de un viaje al sur, donde se encontraba por motivos de trabajo, ya que, a 50 años del golpe y tras haber sido secuestrado y torturado por la DINA, se mantiene activo en sus labores como hombre apasionado por el derecho.
Hoy, Varela Walker, que recientemente fue reconocido con el “Premio Facultad de Derecho de la Universidad de Chile” y que estuvo al frente de importantes casos, entre ellos, el relacionado con la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, está a la espera de que se le otorgue simbólicamente su título de abogado de la Casa de Bello, a fin de terminar con una de las acciones de la dictadura en su contra que sigue vigente. Pero también está en una batalla por la memoria, en contra de una decisión de la Municipalidad de Santiago, liderada por la alcaldesa Irací Hassler (PC).
A propósito de los 50 años del golpe de Estado, el Concejo Municipal decidió cambiar el nombre de ocho calles de la capital, entre ellas, Santa Mónica, conocida por quienes integraban el Comité Pro Paz como “la calle más limpia de Santiago”, por motivos que explica en esta entrevista. El municipio ya cerró la puerta a retrotraer el cambio de nombre. Sin embargo, el abogado, hoy vicepresidente del directorio de la Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, junto a un grupo de defensores de DD.HH., insistirán en que se conserve el nombre original, sin descartar acciones ante organismos internacionales.
El 11 de septiembre de 1973, Varela Walker tenía 22 años. Ese día se refugió en una casa de Las Condes, luego del bombardeo a La Moneda. Estuvo ahí hasta que el día jueves 13 de septiembre inició un viaje a Temuco, transportado por un funcionario civil de la Armada conocido de su familia. Debió sortear numerosos controles en el camino y chequeos de los militares que tenían su nombre en una lista. Logró llegar a Chillán al filo del inicio del toque de queda, alojando en el Gran Hotel frente a la plaza y, después de pasar una noche tétrica, de silencio y a media luz, tras el levantamiento del toque de queda arribó a la capital de La Araucanía, donde permaneció alrededor de tres semanas, para luego regresar a Santiago ante el aviso de la reapertura de la Escuela de Derecho, para dar sus pruebas finales y egresar.
-Quisiera empezar esta entrevista por un hito recientemente conmemorado. Previo a los 50 años del Comité, el pasado 5 de octubre, se cumplieron 35 años del triunfo del No. ¿Qué significó para usted el fin de la dictadura?
-Fue una fecha que me golpeó en el corazón y en la mente. Primero en el corazón, porque por primera vez veíamos con alguna certeza el término de la dictadura, algo que jamás pensamos desde el año 73 en adelante, a pesar de que siempre pensamos que nuestra labor iba a ser relativamente temporal. Entonces, frente al plebiscito, con todas las dudas que pudiesen enfrentarse en cuanto al futuro y en cuanto a si se iba a respetar o no la voluntad, y qué capacidad había realmente de poder manifestar la voluntad en ese acto, era la primera oportunidad ya cierta de estar frente al término de la dictadura. Además, por otro lado, era la primera oportunidad cierta de poder volver a un régimen humanitario, de término de un régimen que tenía como finalidad la destrucción por los medios más crueles posibles de todos quienes fueron sus opositores. Dada la fiereza de ese régimen, todo podía pasar, pero por lo menos estábamos frente a una esperanza.
-Con el plebiscito no termina la labor de la Vicaría y mucho menos de lo que fue el Comité…
-Absolutamente, la labor del Comité y su continuación en la Vicaría terminó el año 92, siguió un tiempo después de la vuelta a la democracia, con la finalidad de hacer un cierre adecuado y, además, con una cuestión muy relevante, que era determinar el futuro del archivo de la Vicaría la Solidaridad. Eso fue parte importante para el periodo de cierre y de ahí se llegó a la creación de la Fundación Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, que es donde se enviaron todos los documentos que se habían reunido. Esta fundación se creó precisamente por un decreto también del Arzobispado de Santiago, el año 1992, el mismo año en que se puso término a la Vicaría.
-Usted empezó a trabajar en abril del 74 en el Comité Pro Paz y, por lo que se conoce, su trabajo como procurador le trajo algunos problemas familiares.
-Más que nada, era una preocupación de mis padres por lo que me podía pasar a mí, pero ellos no tuvieron, a pesar de su posición política de derecha, absolutamente ningún reparo a la circunstancia de unirme a la defensa de los derechos humanos. Obviamente, como padres, tenían temor de lo que me podía pasar y preocupación. Y efectivamente fueron testigos directos de cuando fui secuestrado, pero no era una posición de ellos decir “no te metas en la defensa de los derechos humanos”, porque no corresponde o porque consideraran que fuera falso, sino que aceptaron con manifestación permanente de su inquietud y preocupación por mis condiciones.
-El Comité pasa de una pequeña oficina a una amplia casa en calle Santa Mónica, una clara señal de lo que estaba empezando a pasar en Chile. ¿Por qué la llamaban “la calle más limpia de Santiago”?
-Nos trasladamos a la casa de Santa Mónica, que era una casa que pertenecía al llamado Movimiento Familiar Cristiano, organismo vinculado al Arzobispado de Santiago. Ellos pusieron a disposición la casa y ahí se trasladó el Comité. Era una casa mucho más amplia y, bueno, con mejores condiciones. Nosotros la llamábamos la “calle más limpia” de Santiago porque había, todo el día, de manera permanente, un contingente de “barrenderos” que barrían solo esa cuadra, no barrían todo el barrio, y eran agentes de seguridad de la DINA que estaban permanentemente controlando los movimientos nuestros. Por eso, nosotros siempre teníamos cuidado y el momento crítico siempre era el final del día, cuando salíamos del Comité para irnos a la casa. Siempre lo hacíamos acompañados, nadie salía solo, porque era un momento muy crítico. Uno los veía, era hasta ridículo. Es decir, ellos creían que lo hacían fantástico y que seguramente nosotros no nos dábamos cuenta.
-Recordado es el caso de Jaime Zamora, militante socialista que logró escapar de la DINA precisamente en esa calle, ¿usted estaba ahí, no?
-Fue un detenido que estaba en manos de la DINA, interrogado por sus vínculos con el Comité Pro Paz. Él les dice que no conoce los nombres, pero sí de vista. Entonces, si los veía los iba a reconocer. Los agentes se paran con él en la esquina de Cumming con Santa Mónica. Él sabía que junto a la casa había otra oficina, de la Comisión de Desarrollo, que se dedicaba a crear talleres de trabajo y buscar financiamiento para los cesantes. Él conocía esa oficina que los de la DINA no se habían percatado que existía. Entonces, estando parado con ellos, ve que se abre la puerta y sale corriendo. Como no lo tenían esposado ni vendado, sale corriendo e ingresa a esta oficina. Y ahí los agentes intentan sacarlo y, bueno, la gente se defendió.
Nos enteramos los que estábamos al lado y rápidamente se produjo un tremendo movimiento de la Iglesia, llegaron algunos obispos y nos mantuvimos encerrados con la negativa de entregarlo. La DINA rodeó absolutamente todo el sector. Llegaron varios obispos, ya que incluso llegó el jefe de la DINA, hasta el “Mamo” Contreras, y el cardenal (Silva Henríquez) se comunicó por teléfono con Pinochet, pidiéndole que nos dejaran a nosotros a Zamora y que se retirara la DINA. Después de una fuerte negociación se logró y se retiraron, pero nosotros nos quedamos hasta muy tarde, porque no teníamos la certeza de si efectivamente se habían retirado.
Zamora quedó en manos de un obispo y, bueno, se le hizo un examen médico y se constató que había sido torturado, particularmente con la típica apagada de cigarrillos en el cuerpo, entre otras, pero ese fue un momento muy difícil porque, como te digo, estuvimos varias horas con la DINA en pleno y nosotros pensamos que en cualquier momento entraban y nos baleaban a todos o nos sacaban.
Es muy difícil que se vuelva a dar esa conjunción tan intensa de hombres de un alto valor moral, hombres intelectualmente muy preparados y además muy valientes, como el obispo Enrique Alvear, que fue en una oportunidad a golpear la puerta de Villa Grimaldi, porque teníamos noticias de alguien que estaba desaparecido y que estaba ahí. Se lo planteamos y él dijo “bueno, yo voy”. Hubo otros muchos que tuvieron muchas acciones así de esa naturaleza, en Santiago y en provincias, gente que resistió la persecución de la dictadura y también la persecución de la derecha chilena y de los medios de prensa que los maltrataban de un modo impresionante.
-Bueno, ustedes, los abogados y procuradores, tampoco se atemorizaron. De hecho, usted siguió trabajando en la defensa de los derechos humanos pese a la detención por parte del mismo Osvaldo Romo…
-A mí me detuvieron y me involucraron, porque la finalidad que tenían ellos era atacar al cardenal. Lo que me pedían era que firmara una declaración en la que yo me confesaba como el vínculo entre el MIR y el cardenal. Esto, a partir de que habían detenido a una gran amiga mía, que es detenida desaparecida hasta el día de hoy, Cecilia Castro, y a su marido, Juan Carlos Rodríguez (también detenido desaparecido). Ella tenía en su libreta mi nombre y mi teléfono del Comité, que yo le había pedido que lo anotara, pues yo sabía que era del MIR, para que pudiera comunicarse inmediatamente conmigo si le pasaba algo. Entonces, a partir de eso es que ellos elaboran esa pretensión, declaración que yo no firmé ni siquiera bajo tortura. Simplemente me negué, no cedí a la tortura para firmar la declaración. A las 24 horas después de liberado seguí trabajando como siempre, por 12 años más.
-¿Cómo era pararse en tribunales durante la dictadura?
-Nos maltrataron, y no solo los jueces sino también los funcionarios, y no solo los funcionarios, también los tribunales estaban custodiados por Gendarmería. Yo iba todos los días a la Corte de Apelaciones, que estaba a cargo de la recepción de los recursos de amparo, y tenía un funcionario de la DINA que me seguía y me vigilaba desde el minuto en que yo llegaba a la Corte hasta que me iba. Cuando yo llegaba a la oficina a los recursos de amparo, la jefa de la oficina llamaba por el citófono interno a donde funcionaba esta gente de la DINA y decía “llegó”. Entonces, en pocos minutos, aparecía el agente. Yo le había puesto “el guatón Cannon”, porque en esa época había una serie de televisión de un policía norteamericano que era grande y se llamaba así.
Incluso, un día sábado en la tarde, en que como siempre nos reuníamos del Comité, dado que nosotros no podíamos contar así “a la libre” que estábamos trabajando en el Comité… pero un día jugamos un campeonato de fútbol entre nosotros, en un gimnasio en calle Lira, un poco más al sur de 10 de julio. Y cuando voy en auto camino para allá, al mirar, me topo con un auto que venía por la izquierda y casi chocamos. Lo miro y era “el guatón Cannon”. Me bajé y le pegué una patada en el auto y le dije: “Guatón, está bien, sígueme todos los días de la semana, pero déjame tranquilo el fin de semana”. Se rió, pero esas eran las condiciones en las que trabajábamos. Y, como te digo, eran crueles los ministros y los funcionarios, todo el Poder Judicial básicamente. Todos en el Poder Judicial eran crueles con nosotros, con muy pocas excepciones.
-La Corte Suprema recientemente descartó el asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva. ¿Cómo recibió esta decisión del Poder Judicial?
-Yo investigué durante muchos años, estuve en la investigación y no tengo la menor duda que se trata de un homicidio. Ahora, las circunstancias, los participantes, etcétera, bueno, se podrán discutir y, bueno, ya hay una sentencia de la Corte Suprema y no hay nada más que hacer, pero los elementos y presunciones que se reunieron y que conducen a que se trató de un homicidio y perfectamente planificado, son muy poderosos y constan en el expediente. La Corte Suprema finalmente establece la verdad jurídica y eso es irrefutable y es el procedimiento, pero quien quiera que revise el expediente va a encontrar muy abundantes elementos que le van a permitir sostener algo distinto a lo que judicialmente se resolvió. Ahora bien, no hay recursos en contra de eso, es la verdad judicial.
-La búsqueda de detenidos desaparecidos sigue vigente. El Gobierno del Presidente Boric lleva a cabo un Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cómo lo evalúa?
-No cabe la menor duda de que uno de los hechos más crueles es lo que fue el plan trazado por la dictadura de hacer desaparecer chilenos. Yo tengo un familiar directo que es un detenido desaparecido, por lo tanto, sé lo que eso significa, aparte de tener varios amigos y muy cercanos y muy queridos afectados, pero la crueldad que hay detrás del plan de hacer desaparecer a la gente no tiene nombre, es inexplicable. Todo esfuerzo que se haga, y se han hecho muchos, para determinar en qué estado o qué pasó en definitiva con los restos de los detenidos desaparecidos, es valioso. El Plan Nacional de Búsqueda del Gobierno es interesante, muy valioso y estoy expectante a que se den a conocer todas las acciones que se van a realizar. Como política de Estado, se suma a tantas otras y es muy valiosa.
-En ese sentido, el Ejército, si bien dice que no tiene información que no esté en la Justicia, asegura que está dispuesto a cooperar con el Plan Nacional de Búsqueda, ¿le parece que es un avance?
-El verdadero avance en materia de DD.HH. sería que las Fuerzas Armadas entregaran la documentación que deberían tener. Es inconcebible que un organismo que se dedicó, por razones de seguridad nacional bajo sus conceptos, a realizar estos actos, destruyera documentación. Además, el grueso de los involucrados tienen o tuvieron grado militar, incluso algunos bastante alto, de manera que es incomprensible que los organismos a los que pertenecieron no tengan los antecedentes. Realmente me cuesta mucho entenderlo.
-¿Cómo ha visto la discusión de la nueva Constitución? El Consejo Constitucional aprobó que se establezca el arresto domiciliario para personas que tengan enfermedades terminales, lo que beneficiaría a los presos de Punta Peuco.
-Si bien se han logrado poderosas sentencias en estos juicios, aquellos que están detrás de los crímenes y que están condenados y cumpliendo condenas se mantienen en la negativa. Por eso es que existe la necesidad de seguir buscando a los detenidos desaparecidos. Es una crueldad enorme que no solo los mataran, sino que sus cuerpos los enterraron ilegalmente y los volvieron a eliminar. Es decir, no les bastó con matarlos. Esta crueldad e inhumanidad se trataba no solo de castigarlos a ellos, sino que también querían castigar a sus familias y a sus descendientes, por eso es que se justifica que los descendientes de los detenidos desaparecidos sigan bregando por la búsqueda.
La gran lección que nos dejó el proyecto anterior es que un proyecto de Constitución no es un instrumento de un grupo para someter al resto del país a su voluntad. Entonces, yo espero que lo que resulte de este proyecto se aleje de aquello, porque aquello fue ampliamente rechazado, además con una votación, con una concurrencia a votar muy grande. Ojalá que esta vez nos enfrentemos a un proyecto de Constitución que no sea con el que un sector pretenda avasallar al resto del país. Esto es para la convivencia nacional, para que en definitiva haya espacio para todos, y vamos a ver qué pasa en diciembre.
-¿Cómo ve al país a 50 años del golpe?
-Enfrentado a los 50 años es muy relevante conocer lo que vivimos a partir del 11 de septiembre de 1973 y conocerlo en su integridad, completamente. Yo tengo una parte de la experiencia como defensor de derechos humanos y eso lo voy a transmitir siempre. Creo que es muy valioso transmitirlo, porque es muy difícil entenderla para quienes no la vivieron. Además, hoy día buena parte de nuestros dirigentes políticos, y particularmente del Gobierno, son jóvenes y no tuvieron esas vivencias, de modo que es importante que todos las conozcamos bien, reflexionemos sobre ellas y saquemos de ahí grandes lecciones. A partir del 11 de septiembre, el pueblo chileno, las familias chilenas, sufrieron mucho. Hay mucho dolor, hay mucho padecimiento y eso tenemos que siempre tenerlo presente en toda circunstancia, de modo que no se vuelva a repetir.
Yo fui torturado y no quisiera que nadie sea torturado. Yo estuve varias horas a la espera de ser ejecutado en un centro de tortura, con un cañón en la frente, y es una experiencia muy dura, muy fuerte, y no la desearía para nadie en Chile ni en cualquier parte del mundo. Esa es la razón de por qué tenemos que hacer la reflexión. No se trata de volver sobre el pasado por odiosidad, y tampoco se trata de pasar página del tema. Hay que reflexionar y para reflexionar hay que tener información.
-¿Cree que la derecha se ha moderado sobre los hechos ocurridos en septiembre del 73?
-Yo creo que, con el curso de los años, la derecha se ha movido fuertemente hacia reconocer los hechos que ocurrieron, tal vez no con la intensidad que sería necesaria, pero ya es positivo que haya reconocimiento a condenarlos, tal vez no con la fuerza e intensidad que se requiere, pero ha habido condenas. Ahora, yo creo que lo que ocurrió con motivo de los 50 años es más bien consecuencia de la contingencia política.
Creo que, lamentablemente, la contingencia política tan cruel que hay en el país en estas materias llevó a algunos a arrinconarse hacia negar los hechos o levantar nuevamente la figura de la dictadura, así como llevó a otros también a empujar intensamente para el otro lado solamente en el ámbito de la acusación. Creo que no es representativo todo lo que ocurrió con motivo de los 50 años del verdadero sentir que existe en el pueblo de Chile. Yo lo conozco bien y creo que estuvo determinado estrictamente por lo que fue un acto más de la contingencia, pero al margen de la contingencia creo que hay otros pensamientos, otras restricciones y, en esta reflexión, mantener la memoria es absolutamente esencial y por eso es que hemos tenido mucho dolor con lo que ha hecho la Municipalidad de Santiago –liderada por la alcaldesa Irací Hassler (PC)–, de cambiarle el nombre a la calle Santa Mónica y de ignorar a quienes nos jugamos la vida durante años en la calle Santa Mónica.
-¿Qué significa para usted la casa de Santa Mónica?
-Desde ahí salí yo un día hacia mi casa y no volví hasta muchas horas más tarde, después de haber estado en un centro de tortura, de haber padecido ante la conducta aberrante de los agentes. De ahí volví otro día en la mañana a seguir trabajando. Entonces, hoy día, no poder ir a la calle Santa Mónica realmente nos causa mucho dolor.
Veo una tremenda incomprensión de la Municipalidad de Santiago. Yo creo que no conocen bien la historia e, incluso, cuando se presentó en el Concejo Municipal, la concejala que lo presentó habló de que en esa calle funcionó un comité de la paz, como ninguneándolo. Nos ningunearon a nosotros cuando pedimos al Concejo, primero, que nos recibieran. No nos contestaron antes de que tomaran la decisión, por lo tanto, no nos recibieron. Luego, pedimos que nos escucharan y que no le cambiaran el nombre a la calle. No nos respondieron tampoco. Ni siquiera dieron cuenta de nuestra petición en la sesión del Concejo en que se adoptó la decisión.
La regla general era que quienes eran torturados en los centros de tortura de la DINA se iban del país, una conducta comprensible, porque quedaban en la primera línea para ser ejecutados. Yo no me fui del país y no solo no me fui del país, sino que seguí haciendo lo mismo durante 12 años y medio más. Entonces, que nos borren la calle Santa Mónica es incomprensible, no lo voy a entender nunca y yo creo que el pueblo tampoco y quienes siempre decían “nos juntamos en Santa Mónica” o “anda a Santa Mónica”, que fueron miles, nunca van a poder entender qué hay detrás de esta idea de cambiar el nombre de la calle.
-La municipalidad ya le cerró la puerta a revertir el cambio, ¿van a insistir?
-En el Comité Pro Paz y en la Vicaría de la Solidaridad teníamos todo en contra, pero seguimos siempre. Y vamos a seguir en la pelea, aunque nos vuelvan a decir que no, vamos a buscar otros caminos, igual como lo hicimos en el Comité, estamos acostumbrados a eso. Pinochet logró terminar con el Comité, pero no terminó con la calle Santa Mónica y hoy día sí han terminado con la calle Santa Mónica y eso es muy triste.
Cabe mencionar que el Comité Pro Paz fue disuelto por presión del dictador Pinochet. La petición fue aceptada por el cardenal Silva Henríquez y la dictadura dejó libre a cuatro sacerdotes detenidos. Mientras sucedía esta negociación, los agentes de la dictadura detuvieron al abogado Marcos Duffau, al procurador Álvaro Varela y a José Zalaquett, jefe del Departamento Jurídico.
El cierre del Comité se concretó el 31 de diciembre de 1975. Al día siguiente, empezó a funcionar la Vicaría de la Solidaridad, que recogió y continuó el trabajo realizado por el Comité Pro Paz en la defensa de la vida y los derechos humanos. Esta nueva institución mantuvo los objetivos y los mismos funcionarios del Comité, pero, a diferencia de este, había sido creada directamente por el Papa Pablo VI, por tanto, era parte integrante de la Iglesia católica y se encontraba directamente bajo el alero del arzobispo en persona.
Álvaro Varela Walker afuera del “Castillo” de calle Santa Mónica, sede del Comité Pro Paz, en Santiago.
“Memoria calcárea”: mural liderado por Pablo Walker SJ, capellán de la Universidad Alberto Hurtado, en conmemoración del Comité Pro Paz.
Mural “Memoria Calcárea”: un homenaje a los detenidos desaparecidos y al Comité Pro Paz.
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