OPINIÓNAgenciaUno
Un ejecutivo no es más “hábil”, ni más “vivo”, ni emula al lobo de Wall Street por incurrir en actividades desleales con el mercado. No: ese ejecutivo traiciona el principio de libre competencia y el fair play que supone nuestro modelo económico.
En su libro La Peste, Albert Camus relataba que “la estupidez insiste siempre”, al describir cómo los habitantes de Orán caían en la cuenta de que ciertos males sociales duraban mucho y persistían pese a ser obviamente indeseados. La corrupción es uno de esos ejemplos que, como la peste, se esparce, insiste y se sale con la suya, de una u otra forma.
La sanción impuesta por la CMF a Matías Videla por el uso de información privilegiada y su consecuente renuncia a Cencosud, muestran que la candidez del doctor Rieux, que pensaba que la peste no podía durar mucho porque es demasiado “estúpido”, evidencia que la comisión de delitos financieros sigue ocurriendo una y otra vez. Cabe la advertencia de que el hecho de que la sanción se refiera a un ilícito cometido antes de la entrada en vigor de la nueva ley de delitos económicos no afecta el análisis de fondo: la corrupción insiste siempre.
Esta sanción evidentemente tiene un impacto reputacional no solo para la empresa, sino que para toda la actividad privada. Para la ciudadanía, no solo se trata de un gerente o de una empresa en particular: es el sector privado el que lamentablemente queda con el estigma del abuso y prácticas ilegales. Esto socava la confianza en los actores, mina la confianza de inversionistas, de los accionistas y del regulador, al constatar una vez más que altos ejecutivos insisten en utilizar esquemas que todos sabemos que son ilegales. Y si sabemos que es así, ¿por qué insistir?
La renuncia y su aceptación unánime por parte del directorio es la señal correcta que debe asumir una organización, una industria o sus gremios, porque lo que no es aceptable a estas alturas es relativizar, justificar o morigerar este tipo de hechos. No hace mucho, cada vez que hay sanciones aplicadas a agentes privados por delitos económicos, la primera reacción del mundo privado tendía a la defensa corporativa y no nítidamente a la condena inmediata y sin ambages. Pero la peste insiste siempre y hay que reconocer que hay veces en que el delito de cuello y corbata en Chile se relativiza, pero se pone el grito en el cielo cuando los mismos vicios ocurren en el Estado o la política. Son todos igualmente reprochables.
Las layes 21.595 y 20.393 son claras y no admiten ambigüedades con la corrupción. Naturalmente, siempre se debe resguardar la presunción de inocencia y el derecho a presentar los recursos que un investigado estime conveniente, pero la primera señal que debiéramos dar todos, la sociedad entera, es de condena y distancia respecto de prácticas inaceptables. Un ejecutivo no es más “hábil”, ni más “vivo”, ni emula al lobo de Wall Street por incurrir en actividades desleales con el mercado. No: ese ejecutivo traiciona el principio de libre competencia y el fair play que supone nuestro modelo económico.
Desde la aplicación de la sanción de la CMF al CEO de la compañía, la acción había caído 5,49% (hasta la fecha de edición de esta columna), lo cual indica –porfiadamente– que la corrupción acarrea daños reputacionales profundos y que tienen un efecto económico y patrimonial indesmentible e inevitable. El ejecutivo se dio el “lujo” de usar información privilegiada y eso les costó a los accionistas una notoria pérdida patrimonial. Entonces, no se puede tolerar que la corrupción insista siempre.
Es evidente que la empresa involucrada y muchas otras, deben hacerse la pregunta de por qué los modelos de prevención, pese al certificado y su esperada robustez, han sido vulnerados para permitir que un ejecutivo incurra en un claro y conocido delito contemplado en la ley. ¿No se supone que los modelos de prevención son para evitar esos hechos? Es cierto, no son infalibles, pero es la persistencia, la insistencia de la corrupción, lo que debe mover a la vigilancia permanente.
El cumplimiento en materia de gobernanza es de tal relevancia que no solo viabiliza la integridad del gobierno corporativo, sino que además permite que los otros criterios –ambientales y sociales– se concreten más allá del papel. La sanción aplicada por la CMF por conducta desleal provoca que la sociedad mantenga la mala evaluación y falta de confianza ante el mundo empresarial. Hay que fortalecer la gobernanza corporativa, mejorar los mecanismos que aseguren la ética y la transparencia empresarial y comunicar una y otra vez de manera efectiva cuál es el lugar que les corresponde a los que se apartan de esa ética, de la ley y de los principios basales de nuestro sistema económico.
- El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario