La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel dictó fallo de segunda instancia en el proceso de los secuestros y homicidios de los profesores Hugolino Arias Navarrete,  Víctor Galvez Norambuena y Nelson Medina Letelier, hecho ocurrido a partir del 1 de octubre de 1973, en la localidad de Linderos, comuna de Buin. 

Las ministras María Carolina Catepillan y Liliana Mera San Miguel, y el ministro Patricio Martínez Benavides. confirmaron sentencia de primera instancia  y condenaron al ex oficial de Ejército de la Escuela de Infantería de San Bernardo Jorge Romero Campos, a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autor de los delitos homicidio calificado de los tres profesionales; y a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo a  en calidad de autor de los delitos de secuestro simple, en grado consumado. 

En resolución anexa, la Corte sobreseyó parcial y definitivamente por demencia al ex oficial de Ejército Alfonso Faúndez Norambuena,  quien había sido condenado en primera instancia a 15 años y un día, y 3 años y un día por los mismos delitos.

Faúndez Norambuena, ex agente de la DINA, fue jefe de la Sección II de Inteligencia de la Escuela de Infanteria de San Bernardo y, posteriormente, se integró a la DINA, llegando a ser uno de los jefes de la Brigada Purén, entidad responsable de la desaparición de un número importante de personas.

La DINA era un grupo de delincuentes fundamentalmente del Ejército, que fue creado en 1973 para exterminar y asesinar a las personas que pensaran distinto a la dictadura. Luego de matarlos/las, sus cuerpos eran sepultados en en forma ilegal, nunca en cementerios, para hacerlos desaparecer.

Además, el fallo aprobó los sobreseimientos por muerte de los militares Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau, Leonel Walterio Konig Altermatt, Pedro Eduardo Gustavo Montalba Calvo, Víctor Raúl Pinto Pérez y Héctor Ubilla Castillo, todos integrantes de la Escuela de Infanteria de San Bernardo e investigados en estos hechos.

La parte querellante  calificó como irregular dicha sentencia y anunció que presentarán un recurso de casación en los próximos días: “En el aspecto penal estamos preocupados del sobreseimiento de Alfonso Faúndez Norambuena, y vamos a instar porque este sea revisado mediante recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. Hay diligencias que se han omitido por una parte y en este aspecto como querellantes queremos agotar cualquier posibilidad de duda, pues un  sobreseimiento mal otorgado significa impunidad; y tristemente, han existido “errores” en determinar la salud de otros imputados por delitos de lesa humanidad -pensando en Augusto Pinochet y Sergio Arellano Stark, por nombrar algunos”, señaló el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados.

Del mismo modo, informó que presentarán otro recurso de casación en el aspecto civil, ya que a su juicio “el tribunal rebajó las indemnizaciones sin atender  al daño causado, al daño irreparable que se provocó a estas tres familias y sin entregar argumentos suficientes para tal determinación”. 

Bustos, recordó que esta causa se comenzó a ver en la Corte de San Miguel justo en momentos en que se cumplian 50 años del crimen de los tres profesores, lo que habla del tiempo transcurrido y que demuestra que “esta sentencia que presenta reparos que pueden significar impunidad, nos muestra que lamentablemente  todavía queda un tramo más que discutir y que queda algún tiempo, mucho menor, pero queda todavía para estas familias que han esperado tanto”. 

Hugolino Arias Navarrete (35), Víctor Omar Gálvez Norambuena (21) y Nelson Medina Letelier (23), fueron detenidos el 1 de octubre de 1973, una vez que se retomaron las clases tras el golpe militar. Su detención estuvo a cargo de personal de Carabineros de la comisaría de Buin, quienes lideraron el procedimiento en la escuela donde trabajaban los docentes, en la zona de Linderos,  trasladandolos a dicha tenencia, desde donde fueron retirados por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Posteriormente, se les trasladó al campamento de prisioneros Cerro Chena, donde fueron torturados y ejecutados al día siguiente.

De acuerdo a la autopsia, sus cuerpos presentaban múltiples disparos en el pecho y sus cabezas, mientras que sólo los restos de  Hugolino Arias y de Víctor Gálvez fueron exhumados, logrando comprobar sus identidades.