PAÍS
Amnistía Internacional Chile, querellante contra los Altos Mandos por violación de los derechos humanos durante el estallido social, realizó una acción urgente que llama al fiscal a imputar a los investigados. Para ello, dispuso una carta modelo para que los ciudadanos pidan cuentas a Armendáriz.
“Ningún mando estratégico de Carabineros ha rendido cuentas ante la justicia por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas a partir del 18 de octubre de 2019 en el marco del estallido social”, dice el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, a través de un editorial en la web de la entidad.
A semanas del aniversario del estallido social, Amnistía recordó el abuso policial y uso excesivo de la fuerza en contra de la población civil, donde las cifras hablan de: 34 fallecidos, 460 personas con lesiones oculares –algunas con pérdida total de la visión–, 8.827 denunciantes de eventuales violaciones de sus derechos humanos y miles de querellas. “Ese es el saldo del descontrol en las protestas y el accionar de las fuerzas policiales. Pero, hasta ahora, los resultados de la justicia no se condicen con la magnitud de las denuncias”, afirma.
En el informe “Ojos sobre Chile” de Amnistía Internacional (2020), ya se advirtió sobre la necesidad de investigar la posible responsabilidad de los Altos Mandos de Carabineros. Es decir, al general director, el subdirector y el director de Orden y Seguridad (Dioscar), en sus respectivos cargos al momento de los hechos.
“Es importante destacar por qué es relevante que la justicia recaiga en la responsabilidad de los mandos, ya que la responsabilidad penal individual no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo, sino que toda la línea de mando debe ser investigada. Esto se sustenta en tres obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos que Carabineros de Chile no cumplió”, señala el documento.
Y puntualiza: “En primer lugar, hubo múltiples fuentes por las cuales los mandos sabían o deberían haber sabido que se estaban produciendo violaciones de derechos humanos bajo su mando. Es decir, los mandos conocían de la violencia policial”.
“En segundo lugar, los mandos de Carabineros mantuvieron un control efectivo sobre las unidades dentro de la institución durante el período analizado en el informe. Es decir, los mandos tenían la capacidad de prevenir abusos, pero no lo hicieron. Lejos de eso, permitieron que miles de personas sufrieran lesiones irreparables y que cientos de ellas adquirieran una discapacidad de por vida”, se agrega.
“Y en tercer lugar, los mandos no tomaron las medidas suficientes para prevenir abusos, en concreto en lo relativo al uso de munición lesiva, falta de protocolos operativos adecuados, planes operativos inalterados, órdenes imprecisas y ausencia de sanciones”, sostiene el informe.
Seis veces citó la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong, a declarar al actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco. En cinco de ellas, el alto oficial no se presentó y, cuando asistió, a fines de marzo, el imputado se acogió a su derecho a guardar silencio. La demanda, interpuesta por la abogada Karina Fernández, en conjunto con otras abogadas e instituciones, es por presuntos delitos de omisión en apremios ilegítimos durante el estallido social, desde una responsabilidad superior o “Altos Mandos”.
Durante el estallido, Yáñez era el director de Orden y Seguridad (Dioscar), pero se escuda en haber prestado ya declaración (abril de 2021). Se refiere a una causa paralela, por la que prestó declaración en calidad de imputado ante la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, la que está incorporada en la investigación de Chong. También ha alegado haber prestado declaración como testigo en otras investigaciones llevadas por la misma fiscal en investigaciones sobre hechos similares.
En la misma causa por Altos Mandos declaró, entre el 24 y 31 de julio pasados, el exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas –superior de Yáñez en la época del estallido–, quien alegó que no tenía funciones operativas, que principalmente impartía instrucciones a otros mandos, y endosó un rol relevante al exdirector de Orden y Seguridad, vale decir, el actual jefe máximo de la institución policial. Dijo que entonces Yáñez y el subdirector de esa época bajaban las instrucciones a las comisarías. “Por delegación de mando, lo ve estratégicamente el Dioscar que, a su vez, por delegación de mando recae esta labor en jefes de zona, prefectos y comisarios, hasta llegar a la unidad base, que es el retén en Carabineros”, afirmó Rozas.
La Fiscalía –a través de la investigación de la fiscal Chong– logró recabar cada uno de los documentos que dan cuenta de cómo funcionó el Alto Mando de Carabineros a partir del 18 de octubre de 2019. No solo eso, la indagatoria también recopiló cientos de órdenes internas emitidas entre 2019 y 2020, particularmente las firmadas por Yáñez en calidad de jefe operativo. Además, se establecieron los nombres de todos los oficiales que cumplieron algún rol de mando en ese periodo.
Entonces, ¿qué queda por hacer?
La decisión está en manos de la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte, concretamente en el Fiscal Regional Xavier Armendáriz. “Es fundamental que si existe mérito se avance en la imputación de mandos y se inicie un proceso penal que garantice la plena rendición de cuentas por la violencia policial y graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social. Por supuesto, todo esto en cumplimiento de todas las garantías del debido proceso”, señalan desde Amnistía Internacional.
Acción urgente
“Las señales de impunidad siempre son malas, es por eso que desde Amnistía Internacional hemos organizado una acción ‘urgente’ donde las personas pueden escribir una carta al fiscal expresando su preocupación y pidiendo que se actúe con urgencia. Es necesario y urgente que la Fiscalía a través del fiscal Armendáriz actúe con decisión para dar la firme señal de que estos crímenes no deben repetirse jamás. La justicia no se puede retrasar más”, escribe Bustos.
Para que los ciudadanos de todo el mundo se pronuncien y pidan directamente al fiscal Xavier Armendáriz imputar a los responsables, dispusieron de una carta modelo en tres idiomas (francés, inglés y español).
Esta dice: “Estimado señor Xavier Armendáriz, le escribo debido a la impunidad que rodea a las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el estallido social, que comenzó el 18 de octubre de 2019. Es profundamente preocupante que, cuatro años después de estos hechos, la impunidad siga siendo la regla, especialmente respecto del Alto Mando de Carabineros de Chile. (…) Tras cuatro años, la impunidad no se puede justificar y la justicia no se puede retrasar. Le pedimos que formalice e inicie el proceso penal contra mandos de Carabineros, si es que existen pruebas admisibles suficientes para ello, en el marco de un juicio justo y con todas las garantías del debido proceso”.
El plazo para quien quiera enviar la carta es hasta el 27 de noviembre próximo.
Amnistía Internacional también recomendó, en el citado informe de 2020, una reforma estructural de Carabineros, “debido a las limitaciones derivadas de su carácter militar y estructura orgánica, y la necesidad de un mayor control de la policía por parte de las autoridades civiles, así como de cambios urgentes para garantizar apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos”.
Pero aún no hay respuestas. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), al cierre de 2022, la Fiscalía Nacional había presentado cargos en solo 127 de las 10.568 denuncias de violaciones de los DD.HH. durante el período de conflictividad social, lo que resultó en ocho absoluciones y apenas 27 condenas. Hasta la fecha no se han presentado cargos contra ninguno de los mandos de Carabineros al frente de la institución durante el estallido social.
Ciertas fuentes señalan que la formalización no se realizaría durante los Juegos Panamericanos. ¿Por qué un organismo público opera de manera política? Otra pregunta que debe responder el Ministerio Público a través de su jefe, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia.
Una vez que el caso termine en Chile, seguirá la instancia internacional por crímenes de lesa humanidad, donde ya hay una denuncia realizada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
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