MEDIOAMBIENTESebastián Brogca/AgenciaUno
A un año de que el país firmara el Acuerdo de Escazú, organizaciones que velan por su cumplimiento denuncian que nuestro país no ha impulsado ningún compromiso y que las amenazas contra defensores ambientales continúan aumentando.
A un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en nuestro país, cuyo debate previo significó duras recriminaciones entre los distintos actores políticos, la ONG “Escazú Ahora” publicó su primer informe de seguimiento de la implementación del tratado. El documento revela que, a un año de que se transformara en ley, los responsables de su implementación no han avanzado en ningún solo aspecto del punto más relevante del acuerdo: la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Cuatro de ellas, según la ONG, han sido objeto de “amedrentamiento grave” en lo que va de 2023 en Chile, asegurando que esto “es solo la punta del iceberg”.
Cabe recordar que en abril de 2023 el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, anunció en la segunda conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú que, fruto de un trabajo interministerial, habían logrado poner en marcha un “Circuito de Alerta” para proteger a los defensores ambientales amenazados en el país.
No obstante, el informe “Balance de la implementación del artículo nueve del Acuerdo de Escazú en Chile a un año de su entrada en vigor” señala que dicho “Circuito de Alerta” no existe y que “el grupo técnico a cargo de su diseño ni siquiera ha definido una hoja de ruta para abordar la creación de una iniciativa de tales características”, señalan desde “Escazú Ahora”.
Asimismo, el informe constata que, a más de un año de que el Presidente Boric diera su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional, en la que aplaudió la ratificación del Acuerdo de Escazú y afirmó que su Gobierno impulsaría un proyecto de ley para proteger a los defensores ambientales, la iniciativa aún no se ha presentado.
Al respecto, el coordinador de la campaña de defensores de “Escazú Ahora”, Sebastián Benfeld, señaló que “es de suma gravedad que a un año de haberse promulgado el Acuerdo de Escazú no se haya tomado ninguna medida para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente. No podemos proteger la naturaleza si no defendemos primero a quienes la defienden”, recalcó.
Agregó que “durante el último año, como organización, hemos recibido más de cuatro denuncias de casos de amenazas a personas defensoras y durante ese mismo tiempo el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Justicia no hicieron absolutamente nada, no dieron respuestas ni proporcionaron el apoyo requerido a quienes estaban siendo amedrentados en sus comunidades por defender la vida. Hoy, el Ejecutivo debe poner el pie en el acelerador, mostrar con hechos concretos que sus discursos son más que promesas vacías y tomar medidas concretas para dar protección a quienes alzan la voz por la naturaleza. Los defensores no podemos seguir esperando”.
La investigación de “Escazú Ahora” también reveló que en noviembre de 2022 se creó una subcomisión de la Comisión Permanente de Coordinación de Justicia Penal, con el objetivo de elaborar un “protocolo de defensa de los defensores de Derechos Humanos y ambientales”, para lo cual –en ese entonces– se habían fijado la misión de efectuar “un primer levantamiento diagnóstico a través de mesas regionales”. Sin embargo, según consta en el informe de la ONG, a la fecha dicha comisión solo ha celebrado cinco reuniones y todavía no ha realizado el levantamiento diagnóstico que se habían propuesto, señalando que “aún se encuentra pendiente”.
Por otro lado, la activista y asesora ambiental de “Protege Los Molles”, Bárbara Astudillo, señaló que si bien el Ministerio del Medio Ambiente juega un rol importante, es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el órgano que debería velar por la protección de los defensores ambientales, junto con puntualizar que ellos son los que tienen la posibilidad de trabajar con Carabineros o con la Fiscalía, “para poder levantar un sistema de protocolos que no es materia legislativa, es un protocolo administrativo por parte del Ejecutivo”, indicó.
A su vez, la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, afirmó que “hasta ahora no se percibe que haya una implementación del Acuerdo de Escazú. Si bien Chile lo ratificó el año pasado y es ‘Estado Parte’ del tratado desde septiembre de 2022, por lo que ha pasado poco más de un año, lo único que es visible son algunas actividades desarrolladas por el Ministerio del Medio Ambiente con el propósito de desarrollar un plan de implementación”.
“En este sentido, por ejemplo, llama la atención que el Ministerio de Minería esté efectuando diálogos por la Estrategia Nacional del Litio sin que exista un vínculo con el Acuerdo de Escazú”, agregó.
El recuerdo de las defensoras
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado sobre protección ambiental de América Latina y el Caribe y el único en el mundo en incorporar disposiciones específicas sobre los defensores ambientales. El proceso de adhesión de Chile al Acuerdo comenzó en marzo de 2022, cuando el Presidente Gabriel Boric firmó en su primera semana de Gobierno el proyecto de ley que permitiría el ingreso del país al tratado.
“Cómo no pensar hoy día en aquellos casos en los que aún la duda nos carcome. Estoy pensando en Macarena Valdés, estoy pensando en Nicolasa Quintremán y quiero mencionar por cierto a Orietta Llauca, para que no sea uno de esos casos. Muchas gracias por estar aquí presente, estamos aquí para defenderte y lo que representas”, fueron las primeras palabras del discurso del Presidente Gabriel Boric tras firmar el Tratado, recordando a tres activistas ambientales.
Macarena Valdés, que combatía la instalación de una central eléctrica en el río Tranguil (Región de los Ríos), fue hallada sin vida en 2016, en un hecho que según las autoridades fue un suicidio, lo que ha sido duramente cuestionado por distintas activistas y ONG.
Nicolasa Quintremán, en tanto, fue una de las lideresas pehuenches que más se opuso a la instalación de la central Ralco, en Alto Bío Bío. En 2013, su cadáver fue encontrado en el embalse del mismo nombre, en un hecho que según la Fiscalía fue un accidente, pero sobre el cual también existen muchas dudas en su entorno.
La abogada Orietta Llauca, quien se querelló en 2016 por la presencia de marea roja en Chiloé, recibió una amenaza en contra de su hijo en 2022, la cual fue desestimada por la Fiscalía de Puerto Varas.
Durante la tramitación de Escazú, parlamentarios y parlamentarias de todo el espectro político relevaron la importancia de este tratado en la protección de las defensoras y los defensores ambientales, y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto a la entonces ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se comprometieron con ellos a avanzar prontamente en la generación de medidas para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente una vez que el tratado entrase en vigor.
Tanto es así que, días después de su aprobación en el Senado, la ministras del Medio Ambiente, de Relaciones Exteriores y de Justicia emitieron un comunicado conjunto, anunciando la creación de una mesa técnica a cargo de proponer medidas concretas para dar protección a los defensores ambientales.
En relación con la garantía de los derechos humanos de los defensores ambientales en el país, Astudillo sostuvo que “en Chile tan solo por levantar algo común ya son estigmatizados, pero también se genera un nivel de invisibilidad frente a la seguridad social. Los defensores y defensoras ambientales no tienen posibilidades laborales, no tienen un canal formal hacia donde apuntar cuando existe una denuncia, porque cuando se ejecuta una denuncia muchas veces no son recepcionadas”.
Además, precisó que son frecuentemente víctimas de amenazas de muerte, amedrentamientos y violencia verbal o psicológica.
“No existe un nivel de acompañamiento de salud emocional frente a las amenazas. A una defensora la amenazan y quedan en total vulnerabilidad y es su red la que sale a cubrir, a buscar abogado, a buscar equipos para que salgan a contener, porque es un proceso que no es fácil para ningún defensor en Chile, y eso creo que también podría ser responsabilidad del Estado”, agregó.
Desde “Escazú Ahora” señalaron que este es el primer informe que levantan sobre el análisis de cumplimiento de la implementación del Acuerdo de Escazú en el país, centrándose en particular en lo relacionado con la protección de las personas defensoras del medio ambiente, pero añaden que prontamente harán pública otra investigación analizando todo el proceso de implementación del tratado en el país.
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