PAÍS“¿Qué pasó con el debido proceso?”. El parlamentario, impulsor del libelo contra el magistrado Jean Pierre Matus, también a raíz del caso Hermosilla, emplazó al máximo tribunal tras revelarse una decisión judicial de Ángela Vivanco cuando ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala.
El diputado DC y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, emplazó a la Comisión de Ética de la Corte Suprema para que emita un pronunciamiento respecto a las acciones de la ministra Ángela Vivanco, cuando ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala del máximo tribunal. Hechos que fueron detallados en el newsletter +Política de El Mostrador, y que tienen relación con las causas asociadas a la empresa bielorrusa Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM).
Lo anterior, en el marco del litigio Codelco-CBM por incumplimiento de contrato de la empresa bielorrusa y empezó en la Corte de Apelaciones de Copiapó con un fallo en que los bielorrusos debían pagar US$ 20 millones (en boletas de garantía) a Codelco, pero que la Suprema revirtió en Santiago, dictaminando que debía ser la minera estatal la que desembolsara en favor de los bielorrusos los US$ 2O millones, más otros US$ 5 millones para gastos varios.
Historia que duró solo nueve meses, muy poco para los tiempos judiciales de los tribunales del país, según académicos y abogados: empezó en junio de 2023 y culminó en marzo de 2024.
En ese entonces, Vivanco como presidenta de la Tercera Sala acogió el recurso de protección de CBM y, sorpresivamente, dio vuelta el caso en contra de Codelco. A lo que se suma que el fallo favorable a los bielorrusos fue el 4 de julio, pero resulta que el presidente de la Suprema recién colocó la causa en tabla el 5 de julio para su revisión, es decir, un día después del fallo. Es decir, que la Tercera Sala resolvió una causa que no estaba en tabla.
Cabe mencionar que, según reportajes publicados por el medio Ciper, en el marco del caso Hermosilla, hay conversaciones por Whatsapp en las que figuran los nombres de los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Ángela Vivanco en distintas circunstancias, pero todas posiblemente ligadas al tráfico de influencias y por eso la investigación de la Suprema.
A esto se sumó la investigación penal por soborno que abrió el Ministerio Público contra su pareja, Gonzalo Migueles, a quien la PDI le incautó el teléfono en casa de la propia ministra. En esta causa se investiga un eventual soborno de Migueles al fiscal Carlos Palma –a quien también se le incautó el teléfono–, en el marco de gestiones oficiosas para favorecer nombramientos y que han ensombrecido al Poder Judicial.
En ese contexto, Aedo señaló que “cuesta entender, cuesta comprender a toda la opinión pública, que se haya dado un fallo un día antes de que haya sido puesto en tabla esta causa. ¿Qué pasó con el debido proceso? ¿Para qué entonces los alegatos si había una decisión anticipada ante la puesta en discusión de este tema judicial? Creo que la Corte Suprema y su Comisión de Ética tienen que darle claridad al país respecto de este hecho denunciado por El Mostrador”.
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