Estos son los informes de desempeño de Luis Hermosilla como asesor del Ministerio del Interior
25.09.2024
El abogado se incorporó como asesor a honorarios del Ministerio del Interior en 2018, en la segunda administración de Sebastián Piñera, facturando $1,6 millones mensuales. Para 2021, el monto había subido a $3,5 millones. Así lo detallan los informes de desempeño que Luis Hermosilla elaboró sobre su labor en esa cartera, aunque en los registros de Transparencia se indica que durante ese año el penalista recibía solo $1,8 millones. CIPER accedió, vía transparencia, a los 49 informes que Hermosilla emitió sobre su labor en La Moneda. Aunque estos documentos no son detallados, hay huellas de su participación en varias causas, incluyendo el Caso Catrillanca, la Operación Huracán, el homicidio del matrimonio Luchsinger-Mackay y el Caso Bombas.
El abogado Luis Hermosilla realizó informes mensuales sobre su labor como asesor jurídico del Ministerio del Interior durante los cuatro años en que trabajó a honorarios, entre marzo de 2018 y marzo de 2022. Tras solicitar estos documentos vía Ley de Transparencia, CIPER accedió a los 49 informes que detallan las investigaciones en las que el penalista asistió al gobierno de Sebastián Piñera.
Trabajando para Interior, Hermosilla intervino en casos de alta relevancia pública, incluyendo la investigación del fallecimiento del comunero mapuche Camilo Catrillanca, la Operación Huracán, una investigación por tráfico de migrantes que hasta hoy se mantiene reservada y, desde 2020, el denominado Caso Bombas, por el cual fue condenado Francisco Solar luego de enviar artefactos explosivos a una comisaría de Carabineros y al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Además de su trabajo en causas judiciales, los informes también mencionan otras actividades de Hermosilla. En el reporte del 17 de agosto de 2018, se registra un viaje a Temuco con el ministro y el subsecretario del Interior para evaluar la situación en la Macrozona Sur. En el del mes siguiente, se señala su participación en la coordinación para la extradición del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala.
En los informes también hay datos sobre la remuneración que percibió el penalista. En ellos se especificó tanto el monto bruto como el líquido que recibía. Entre 2018 y 2020, su remuneración no superó los $1,7 millones. Sin embargo, los mismos documentos indican que en 2021 la cifra se duplicó y alcanzó los $3,5 millones. Pero la información de Transparencia de la Subsecretaría del Interior no lo reflejó. De acuerdo con ese portal, durante 2021, Hermosilla habría facturado mensualmente $1,8 millones.
CIPER consultó al Ministerio del Interior sobre la discrepancia mencionada en el párrafo anterior. En esa cartera señalaron, por escrito, que han “respondido a todos los requerimientos de la fiscalía sobre este tema, entregando la información correspondiente. Alguna diferencia como la mencionada en esta consulta no forma parte de decisiones que correspondan a esta administración”.
Luis Hermosilla (Fuente: CIPER)
Se realizó la misma consulta al abogado Gonzalo Guerrero, quien fue jefe de gabinete del Ministerio del Interior entre noviembre de 2020 y junio de 2021. Guerrero confirmó a CIPER que, durante 2021, los honorarios mensuales brutos de Hermosilla ascendieron a $3,5 millones. «Hay un error respecto a lo que se indica en el contrato y lo que se informó en Transparencia», señaló el abogado.
Según Guerrero, la discrepancia surgió porque la renovación de contratación de Hermosilla con la remuneración actualizada se realizó en enero de 2021, pero en los registros de Transparencia se consideraron los sueldos correspondientes al mes de noviembre del año anterior y los posibles reajustes, información que es registrada en una planilla interna del ministerio: «Lo que se advirtió es que el sueldo en esa planilla no coincidía con el estipulado en el contrato».
Los últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, la remuneración de Hermosilla alcanzó los $3,7 millones, así se detalla en Transparencia y en sus informes de desempeño de enero y febrero de 2022. Aunque Hermosilla facturó más al Ministerio del Interior durante ese período, los informes desde 2021 tienden a ser cada vez más genéricos. Por ejemplo, en febrero de 2022, entre las actividades mencionadas se incluye «respuestas a consultas técnicas de diversa índole» y «revisión de oficios dirigidos a otras autoridades» (consulte ese documento).
Además, hay ocasiones en que la misma información se repite de un mes a otro. Esto ocurrió en los informes de junio, julio y agosto de 2020, así como en los documentos de junio y julio de 2021.
Gonzalo Guerrero explica que la falta de detalle en esos informes se debe a la naturaleza de los temas tratados: “La regla general es que los informes de las personas que se desempeñen a honorarios en un servicio público son públicos. Entonces, dado la actividad que desarrolla, que en este caso era la representación de los intereses del Ministerio del Interior en causas penales, para efecto de que no se viese vulnerado el éxito de la investigación como consecuencia de la información que se contiene en los informes, la información en algunos casos es más reseñada o es más críptica”.
SUPERVISADO POR JEFES DE GABINETE
Los documentos indican que la supervisora de Hermosilla era la periodista María José Gómez García -quien después sería subsecretaria de Prevención del Delito-, quien en ese entonces se desempeñaba como jefa de gabinete del ministro Andrés Chadwick. Gómez ocupó ese rol hasta octubre de 2019, cuando Chadwick fue acusado constitucionalmente por no aplicar medidas para detener eventuales violaciones de derechos humanos durante el estallido social. Tras esa fecha, Gómez asumió como «asesora en materias de seguridad pública en el gabinete del subsecretario del Interior«, según indican los registros de Transparencia, y dejó de supervisar el trabajo de Hermosilla (vea uno de los informes visados por Gómez).
María José Gómez era uno de los cuatro miembros del círculo de personas de confianza que trabajaban para Luis Hermosilla que ingresaron a Interior junto con el penalista, durante la segunda administración de Piñera. En un artículo anterior, María José Gómez confirmó a CIPER que integró el equipo profesional de Hermosilla hasta febrero de 2018, justo antes de que ambos regresaran a La Moneda con Andrés Chadwick (lea ese artículo: La influencia de Hermosilla en Interior: cuatro personas que trabajaban para su oficina ingresaron al ministerio).
Pero la relación de la periodista con el exministro es anterior: había sido jefa de gabinete de Chadwick cuando este fue ministro en el primer periodo de Piñera, inicialmente como secretario general de Gobierno y luego como titular de Interior.
Gómez no fue la única que supervisó el trabajo de Hermosilla como asesor de Interior. Esa función siempre la cumplió el jefe de gabinete del ministro. Y luego de Gómez ese cargo fue ocupado por otras cuatro personas: Pablo Prieto Meyer, Giovanni Calderón Bassi, Gonzalo Guerrero Valle y Andrés Chacón Romero.
Andrés Chadwick y Luis Hermosilla
LAS CAUSAS DE INTERIOR
La mayoría de las causas incluidas en los informes de desempeño de Hermosilla, en las que asesoró y representó al Ministerio del Interior, están relacionadas con investigaciones vinculadas a hechos de violencia en la Macrozona Sur. En el primer informe, fechado el 29 de marzo de 2018, se destaca que el penalista representó al ministerio a través de la Intendencia Regional de La Araucanía en un caso contra comuneros mapuche por el incendio y asesinato del matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivian Mackay.
Más información sobre el trabajo de Hermosilla en esta causa aparece en el segundo informe, fechado el 27 de abril de 2018. En este documento se describen las actividades realizadas: “Estudio de los antecedentes de la investigación, elaboración de nuestra teoría del caso, comparecer y litigar diariamente en el juicio oral que se desarrollaba ante el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco desde el día 26 de febrero de 2018, apoyar constantemente en la labor del Ministerio Público y gestión del querellante representante de la víctima, preparación diaria de interrogatorios y contra exámenes a testigos y peritos, elaboración y exposición del alegato de clausura”.
El último rastro sobre esta causa en los informes de Hermosilla se encuentra en un documento fechado el 20 de julio de 2018, donde se indica que el penalista estaba estudiando los recursos de nulidad presentados por las defensas de los imputados.
A partir del tercer informe, con fecha 17 de mayo de 2018, se señala el trabajo de Hermosilla en la investigación penal de la Operación Huracán, caso en el que se descubrió que la policía implantó chats falsos en los teléfonos de varios dirigentes de organizaciones mapuche radicales: “Aún en investigación, se obtiene y estudia semanalmente la carpeta investigativa a medida que ésta es puesta a disposición de los intervinientes por parte del Ministerio Público, se solicitan diligencias y se diseña estrategia”.
La persecución de ese caso la lideró el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, el mismo que confirmó a CIPER -en junio pasado- que informó a Hermosilla el diálogo que sostuvo con la pareja de la suspendida suprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, quien le habría ofrecido un doctorado y la jefatura de la Fiscalía Centro Norte. Por ese entonces, Palma se postulaba a fiscal nacional, proceso que finalizó con la elección de Ángel Valencia.
En septiembre de 2021, se iniciaron las audiencias de preparación de juicio oral contra los acusados, donde Hermosilla representó los intereses del Ministerio del Interior. En el informe de febrero de 2022, a menos de un mes del cambio de administración, el penalista incluye entre sus actividades las «conferencias telefónicas con los otros abogados del equipo querellante» en el caso de la Operación Huracán.
Luis Hermosilla
En el informe de junio de 2018, se agrega una nueva investigación en los informes de desempeño que es identificada en varios de esos documentos como «Caso tráfico de inmigrantes» o «Registro X». El registro detalla: “Asumimos la representación del Ministerio del Interior el día 25 de mayo de 2018, posterior a esto las actividades realizadas consisten en el estudio y análisis de la carpeta investigativa, reunión con el Ministerio Público y comparecencia en audiencia de revisión de medidas cautelares de uno de los imputados”.
Esa indagatoria aparece reservada en la plataforma del Poder Judicial y en los informes tampoco se señalan los hechos investigados por el Ministerio Público.
En abril de 2019, Hermosilla comenzó a trabajar en el caso de Hugo Larrosa, el empresario dueño de la fábrica de alimentos «Don Hugo», condenado por delitos reiterados de abuso sexual en contra de uno de sus extrabajadores. En el informe correspondiente se menciona:
“Presentación de querella por los delitos de violación, abuso sexual y lesiones graves, todos en carácter de reiterado. Comparecencia en audiencias de formalización de la investigación, medidas cautelares, y cierre de investigación. Elaboración de escrito que solicita la reapertura de la investigación, preparación de la alegación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago del recurso de apelación presentado por la defensa solicitando la revocación de la prisión preventiva de Hugo Larrosa” (vea ese documento).
Los últimos detalles del trabajo de Hermosilla en esta investigación se incluyen en el informe de abril de 2020: “El día 24 de marzo de 2020 fue la vista de la causa del recurso de nulidad presentado por la defensa del imputado. La ICA (Ilustre Corte de Apelaciones) de Santiago acogió los argumentos esgrimidos por la parte acusadora, entre ellos, el Ministerio del Interior rechazó dicho recurso. El día 08 de abril de 2020 la ICA de Santiago dio lectura a dicha sentencia definitiva comunicando la condena al imputado de 7 años de privación de libertad en un Centro de Cumplimiento Penitenciario”.
Según los informes, Hermosilla también actuó en el Caso Bombas. Así lo indica el documento fechado el 21 de enero de 2022: “Investigación formalizada el día 24 de julio de 2020. Apoyo al Ministerio Público en labores investigativas. Con fecha 20 de diciembre de 2021 se aumentó el plazo de investigación en 60 días”.
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