PAÍS
En círculos políticos afirman que, no obstante el grave cargo que pesa sobre ella, ya no hay espacio político para acusar constitucionalmente a un cuarto juez del máximo tribunal del país.
La situación de la ministra de la Corte Suprema María Teresa Letelier ha pasado inadvertida en medio de los escándalos en el Poder Judicial. Tras la revelación de chats entre el exjuez Juan Antonio Poblete –formalizado por el caso “Topógrafo”– y la ministra Letelier, en los que se advierte una amistad entre ambos, los registros de mensajería revelaron asimismo gestiones del exmagistrado Poblete con el exministro Mario Desbordes para la llegada de ella a la Suprema.
De acuerdo con un reportaje de Ciper, una vez en el máximo tribunal la ministra Letelier no se inhabilitó y votó en el fallo que le otorgó hace un año la libertad a Poblete, cuando este estaba en prisión preventiva.
Cabe recordar que Poblete fue el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que autorizó el espionaje telefónico de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) contra el periodista Mauricio Weibel, militares denunciantes de corrupción y otros miembros del Ejército indagados por asuntos domésticos, conocido como el caso “Topógrafo”. Así las cosas, según expuso el señalado medio, el exjuez fue formalizado por la Fiscalía el 3 de mayo del año pasado, por 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones, junto al exjefe de la DINE, Schafik Nazal.
De tal forma, Poblete estuvo en prisión preventiva durante seis semanas, hasta que la Corte Suprema ordenó su libertad, argumentando que la Fiscalía no había invocado primero una querella por capítulos. Conforme a dicha información, la ministra Letelier, que integraba la Sala, no se inhabilitó y votó a favor de la liberación de su amigo.
El proceso de acusaciones constitucionales de la Cámara de Diputadas y Diputados contra tres ministros de la Corte Suprema –Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz– está en marcha y, en paralelo, se desarrolla una indagatoria en la Comisión de Ética del máximo tribunal del país. En esa instancia de control y corrección de jueces se analiza la conducta de los tres mencionados, pero también se indaga a otros dos: Mario Carroza y María Teresa Letelier, por el caso ya mencionado.
Según explican diputados del oficialismo y de la oposición, hasta ahora, la idea propuesta por la diputada de oposición Camila Flores contra Carroza no reunió apoyos políticos. Mientras que, respecto de la ministra Letelier –detallan los parlamentarios–, su caso hasta ahora no reúne “evidencia incontrovertible” que configure un notable abandono de deberes para una acusación en su contra.
“No se ha conversado ni analizado por ahora una acusación constitucional (sobre Letelier)”, puntualiza el diputado Raúl Soto (PPD). “Nunca fue tema. No salió ni siquiera su nombre (en las discusiones de las bancadas)”, agrega el diputado Andrés Longton (RN).
“Sanción administrativa, no política”
No solo los parlamentarios que participaron de los libelos acusatorios consideran que no hay antecedentes suficientes e irrefutables contra Letelier. Esa visión política es coincidente con la de abogados constitucionalistas. “La información que tenemos sobre la jueza no sé hasta qué punto está corroborada”, asegura un abogado constitucionalista.
Lo que plantean tres juristas a El Mostrador es que lo que ha permitido las acusaciones es que no se han desmentido los contenidos de los chats incriminatorios. “No sé si en el caso de María Teresa Letelier hay audios que ella no haya desmentido que la incriminen de esa forma”, agrega el abogado y, a su juicio, sería “prudente” esperar el informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema.
Abogados de la plaza creen que el motivo por el cual el caso de Letelier no ha tomado vuelo es porque no hay un informe en la Comisión de Ética que muestre antecedentes, ni tampoco una causa penal.
A nivel político van un paso más allá: no hay espacio para un desfile de jueces siendo acusados.
“Para las acusaciones constitucionales, creo que la centroizquierda como la derecha ya ocuparon todos sus cupones. Ya escogieron y los gestos están hechos. Hay que darle una oportunidad al Poder Judicial a que tome sus medidas. Se demoran, pero no puede el Congreso hacer lo que debiera el Poder Judicial. El número de jueces impugnados puede ser el mayor de nuestra historia republicana. Ahora hay que permitir que el Poder Judicial se pueda regenerar para superar su problema. Creo que políticamente está la idea de que ya copamos lo prudente (con tres acusaciones)”, sostiene el analista político Víctor Maldonado.
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