AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLITICOS CHILE.

                                                      Declaración Pública

Frente al desafuero del diputado Rosauro Martínez Labbé, resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y diversas organizaciones de derechos humanos, sociales, incluidas comunidades cristianas han considerado necesario declarar a la opinión pública lo siguiente:

1.    Los crímenes de los que se acusa al desaforado diputado ocurrieron el año 1981 cuando él era un oficial del ejército y son una clara demostración de la práctica permanente de la dictadura militar de dar muerte a quienes desafiaban su dominio sobre la sociedad chilena. Estos  asesinatos aún impunes son una señal clara que los crímenes cometidos por las fuerzas armadas obedecían a una planificada y sistemática política de terrorismo de Estado en nuestro país.

2.    Estos crímenes son también una demostración clara de la falta de voluntad política de los tribunales de justicia de la época de investigar y condenar a los culpables.  Ciertamente que el procesamiento de los responsables más de 20 años después de ocurridas las muertes dan cuenta claramente de una política de complicidad y encubrimiento por parte de los gobernantes de la época, de los altos mandos pasados y actuales del ejército y de jueces veniales que son una vergüenza para la justicia.

3.    El desafuero del actual diputado es una acción tardía pero de vital importancia para el desarrollo de la jurisprudencia en relación a los derechos humanos y para la profundización de la democracia en nuestro país. La ratificación del desafuero por parte de la Corte Suprema indicará a la opinión pública nacional e internacional que Chile y sus tribunales tienen la intención de respetar los tratados internacionales que Chile ha ratificado cuyas instancias formales han condenado a Chile por la denegación de justicia.

4.    Finalmente, es también de vital importancia que la Corte Suprema dé una clara demostración de que en Chile nadie está más allá de la ley, de que todos los chilenos que han asesinado, secuestrado, torturado a otros seres humanos tendrán que responder ante los tribunales por sus acciones. Es un momento de real importancia y esperamos que la Corte Suprema está a la altura de los que se demanda de ella.

                                   Verdad, Justicia y Memoria

Santiago 11 de junio  2014