PDI ratifica denuncia por apremios ilegítimos contra 4 detectives

La policía civil dijo que los abusos fueron detectados por los propios mecanismos de la institución y que uno de los imputados fue dado de baja y los otros tres están suspendidos.

La Nacion.cl

La Policía de Investigaciones (PDI) emitió una declaración en la que sostiene que los hechos acaecidos en el 2012, en los cuales cuatro funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal San Ramón (Bicrim) son indagados por apremios ilegítimos por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, fueron detectados por los propios mecanismos internos de la institución.
En la nota de prensa se precisó que la policía civil, pese a que no hubo denuncia por parte del afectado, de manera transparente puso los antecedentes en conocimiento del órgano persecutor.
Según una información de El Mercurio el fin de semana, el Consejo de Defensa del Estado se querelló por aplicación de tormentos, allanamiento ilegal y falsificación de un parte policial para cubrir el hecho.
En dicha acción judicial, se señala que los oficiales David Benavides, Pablo Muñoz, Omar Astorga y Jonathan Velásquez, quienes cometieron una serie de ilícitos con abuso de poder y se apartaron de sus deberes funcionarios.
Seguidamente, en el comunicado de la PDI se indica que el principal involucrado en el caso (Benavides), fue dado de baja en abril de 2013, ya que se contó con los elementos y fundamentos para tomar esta decisión conforme a atribuciones reglamentarias.
Respecto de los otros tres vinculados a la denuncia y también investigados por este hecho, se encuentran suspendidos de sus funciones y sometidos a sumario administrativo.
Cabe señalar que existe un video que muestra a los oficiales de la PDI, golpeando, amenazando con un fusil y pidiéndole a un detenido que se arrodille y le pida perdón a uno de ellos, mientras permanecía en dependencias de la Bicrim de San Ramón. La grabación fue tomada por otro oficial, quien decidió denunciar los hechos a la Fiscalía Sur.
Seguidamente, en su comunicado la PDI señala que es un órgano coadyuvante de los tribunales y existe para dar eficacia al derecho y que terminado los procesos administrativos y penales a los que dé lugar cualquier denuncia, no dudara en aplicar las sanciones que los reglamentos y la ley establecen para cada caso.