Una historia poco conocida: Médicos que participaron en torturas y muerte durante la dictadura

Por Mario López Moya.
Cambio 21
En Chile, se ha asociado la violación a los derechos humanos durante la dictadura mayoritariamente con miembros de las Fuerzas Armadas. Pero, han ido apareciendo otros responsables: médicos que se transformaron en criminales que supervisaron y participaron de torturas y asesinatos.

Varios son los médicos que han sido acusados en distintas causas de derechos humanos. Incluso y como se recordará, el juez Alejandro Madrid procesó en su oportunidad a los médicos Eduardo Arriagada Rehren y Sergio Rosende, por homicidio calificado, por el envenenamiento de reos en dictadura y por el homicidio frustrado de otros presos, como parte de las pruebas de la efectividad de la toxina botulínica, utilizada más tarde en el asesinato del presidente Frei Montalva.

Distintos profesionales del área médica y de distintas especialidades, se prestaron y participaron activamente en delitos de lesa humanidad, quienes renegando de su juramento, pusieron sus conocimientos, adquiridos para salvar vidas, en la aplicación de torturas y ejecuciones en contra de cientos de prisioneros políticos. Algunos fueron sobreseídos en "especiales juicios" llevados adelante por tribunales militares. Otros, hasta hoy, siguen ejerciendo en distintas entidades públicas como en las clínicas privadas Dávila e Indisa.

Médico y miembro de la CNI

Un caso de participación comprobada en las torturas, muerte e intento de ocultarla posteriormente, le cupo al doctor Guido Mario Félix Díaz Paci. Se trata de un médico del Ejército y en su oportunidad también adscrito a la CNI. Este oficial de sanidad militar del Ejército participó en las trágicas circunstancias que terminaron en la muerte del transportista Mario Fernández López (DC), en La Serena.

Éste dirigente DC falleció como consecuencia de torturas aplicadas en el cuartel de la CNI de dicha ciudad en octubre de 1984. Fue trasladado al Hospital de La Serena, oportunidad en que el "doctor" Díaz Paci mintió a los médicos de turno de dicho centro asistencial, aduciendo que el detenido venía de una Tenencia de Carabineros y no de la CNI, solicitando a los médicos que ocultaran el estado del detenido.

Una vez fallecido Mario Fernández López, este médico y agente CNI intentó que el profesional que lo había intervenido de urgencia para intentar salvarle la vida, falsificara el diagnóstico de defunción, ocultando los verdaderos motivos de la muerte. Guido Díaz Paci fue expulsado del Colegio Médico.

No fue su única intervención en materia de derechos humanos: El año 1974 exhumó el cuerpo de María Ávalos, quien había sido asesinada junto a su marido, Bernardo Lejdermann, en diciembre de 1973, por una patrulla del Regimiento Arica de La Serena. En el certificado de defunción este médico aseguró que la mujer se había dinamitado. También ha sido acusado de ser el autor de haber dado un tiro de gracia al también médico, Jorge Jordán.

El caso Coyhaique

Unos pocos resultaron condenados. Es el caso del médico José María Fuentealba Suazo, quien resultó sentenciado en la causa rol N° 16.996-A y B, denominada "Caso Coyhaique". Se lo condenó a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como autor de los delitos de secuestro calificado de tres personas. Falleció el año 2012.

En octubre de 1973, Fuentealba viajó a Río Mayo, Argentina. Su misión era trasladar a 3 detenidos, Juan Vera, Néstor Castillo y José Rosendo Pérez, que habían sido capturados por Gendarmería Argentina cuando escapaban a ese país en busca de refugio político. El grupo encargado del traslado de los presos era dirigido por el capitán Joaquín Molina. También la integraban un carabinero de apellido Salinas y el suboficial Evaldo Reidlich Hains.

Los tres prisioneros fueron subidos a un vehículo con la inscripción del Hospital Regional de Coyhaique y trasladados en dirección a Chile. Jamás llegaron a su lugar de destino, el campo de prisioneros Las Bandurrias. El vehículo sí llegó al recinto militar, pero solo viajaban en su interior los dos uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron. María Vera, hija de unos de los detenidos desaparecidos, Juan Vera, señaló que "los prisioneros de Las Bandurrias me dijeron que el doctor (Fuentealba) venía pálido, que no hablaba y que temblaba".

La siguiente es una transcripción de la declaración prestada frente al Juez Sr. Sepúlveda por un funcionario del Hospital regional de Coyhaique: "(...) Lamentablemente la fecha exacta no la recuerdo, (...) pero sí puedo contarles que, una noche de madrugada (1, 2 de la mañana) el Dr. Fuentealba me ordena que ayude a bajar de un camión Mercedes Benz (UNIMOG) a unos cuerpos que venían envueltos en frazadas del Ejército (eran como seis cadáveres), después se dejaron en la morgue del Hospital Coyhaique y por curiosear con una colega revisamos los cuerpos, 1 a 1, en el que conocí a un señor de apellido Mansilla (en su declaración personal cambia este nombre por el de Vera) y a un compañero de curso por más de seis años José Rosendo Pérez Azócar, si mal no recuerdo (40 años atrás), en eso aparece el Dr. Fuentealba quien le pone la pistola en el pecho a mi colega y le dice: ¡aquí no viste nada! Y nos fuimos a trabajar. Posteriormente al volver al otro día los cuerpos ya no estaban. Cabe destacar que el Dr. Fuentealba estaba vestido con vestuario del Ejército (ropa mimetizada) y 1 fusil CIG más la pistola al igual que los demás militares que lo acompañaban todos armados, menos los funcionarios del CNI".

Supervigilaban las torturas

Muchos médicos no sólo presenciaron las torturas, sino que asistieron en ellas. Aplicaron distintos medicamentos durante los interrogatorios, tales como el llamado "suero de la verdad" (pentotal sódico), como se ha indicado, también falsificaron documentos, adulteraron fichas médicas y extendieron certificados de defunción con motivos de deceso que ocultan la responsabilidad de organismos de inteligencia en la muerte de las víctimas.

Al quitarse a los colegios profesionales la colegiatura obligatoria, dichas entidades y en particular el Colegio Médico perdió la facultad de ejercer controles éticos a quienes no eran sus asociados. Sí ha sancionado a varios de ellos, aunque la máxima sanción ha sido la expulsión del gremio. La dictadura restó esta facultad a los colegios profesionales, hasta hoy.

Los médicos debían certificar el estado de los torturados, para asegurarse que no se les murieran antes de sacar la información que requerían los torturadores. Debían preocuparse de que no perdieran los sentidos y para ello era necesario "diagnosticar" el tipo de torturas que se debía aplicar en cada caso. Existieron unidades de "sanidad" especiales en algunas unidades represivas, integradas por médicos, enfermeras, siquiatras y otros "especialistas".

Brigada de Sanidad de la DINA

Si bien fue creada como una unidad para atención del personal de servicio de la DINA, terminó aplicando tormentos a prisioneros políticos. Allí, de acuerdo a los expedientes judiciales, prestaban "servicios" Vittorio Orvieto Teplizky, Hernán Taricco, Werner Zanghellini, Nader Nasser, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibáñez Santelices, Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondez, Eduardo Contreras Balcarce, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa Yáñez, el otorrino Eugenio Fantuzzi Alliende, el psiquiatra Roberto Lailhacar Chávez, el dentista Sergio Roberto Muñoz Bontá y la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada.

Luis Hernán Santibáñez Santelices aparece implicado en la desaparición de Juan Elías Cortés Alruiz, militante comunista secuestrado en abril de 1976, caso por el que incluso fue llamado a declarar por el ministro Servando Jordán en 1980 junto a Germán Barriga Muñoz, (coronel en retiro suicidado), entre otros.

El doctor Santibáñez reconoció haber integrado la DINA en calidad de médico. Confesó que en la calle Almirante Barroso existía la Clínica London, a cuyo cargo estaba el doctor Taricco. En la prueba documental al exhibírsele la foto de Cortés señaló que "le parecía cara conocida".

Certificaba muertes súbitas

La doctora América González Figueroa ejerció en dictadura funciones en el Servicio Médico Legal. Allí falseó la información sobre las causas de muerte de algunos ejecutados políticos. Entre los casos en que está implicada, aparece la muerte a causa de torturas de Carlos Godoy Echegoyen.

También hizo aparecer como "muerte súbita"; el asesinato de Cecilia Magni Camino, asegurando que "se habría ahogado" ocultando los vestigios de tortura en su cuerpo. También participó en certificaciones en el crimen del dirigente estudiantil de la Universidad Técnica del Estado, el DC Mario Martínez, que apareció en las costas de las Rocas de Santo Domingo luego de que fuera secuestrado en Santiago.

Participó en los exámenes que culminaron con la declaración de la demencia de Pinochet. En el último período, aún en el SML, fue designada jefe del Departamento de Tanatología y directora subrogante del servicio.
Médicos hicieron "profesional" a la tortura

En Chile, la tortura no era antes de 1973, una práctica generalizada. Menos lo era como política de Estado, como pasó a ser pos golpe de estado. Las organizaciones de de¬re¬chos humanos han concluido que, en 1973 y 1974, una gran cantidad de uniformados y civiles partidarios del golpe militar aplicaron la tortura de manera indiscriminada y como "algo legítimo".
Los militares chilenos fueron preparados y asistidos en la aplicación eficiente de la tortura. También lo fueron civiles y profesionales asociados a la salud. Militares brasileños y norteamericanos ejercieron de instructores en estas materias y, en nuestro país, hubo destacados alumnos. Si con la práctica habitual de la tortura, quienes la ejecutaban perdían "sensibilidad" y ya no incomodaba efectuarla, imagine usted si el torturador era además un sicópata o sádico, como efectivamente los hubo.

Los más destacados se transformaron en verdaderos tor¬turadores profesionales. Sin embargo, en el curso de los primeros meses de la represión, la tortura fue realizada por uni¬formados que nunca antes la habían ejecutado y que no podían ser calificados de sicópatas. (Asociación de Abogados Pro Derechos Humanos, s.f.).
La DINA y la CNI fueron quienes la aplicaron sin límite de ninguna naturaleza. Cualquier medio que vejara a la víctima y obtuviera aquello que se buscaba con la tortura, era válido para los torturadores. Violencia física, sicológica, por medios propios (pies y puños) o por medios materiales (laques, corriente aplicada indiscriminadamente, etc.) e incluso mediante animales (ratas y perros violadores), fueron la "especialidad" de ciertos centros de detención clandestinos, como la llamada "venda sexy".

La participación de profesionales en las sesiones de tortura, especialmente de médicos y psicólogos es un hecho que no sólo consta en la mente y recuerdos de aquellas víctimas que sobrevivieron e ellas, sino que además en los miles de expedientes que dan cuenta de las atrocidades de la dictadura. También existen estudios como los de Becker y Pollarolo, 1983, y pronunciamientos del Colegio Médico de Chile, 1983.

Fueron más de los que se cree y muchos están impunes

La lista de médicos que fuera filtrada por organismos de derechos humanos y funas a criminales de lesa humanidad, aparte de Díaz Paci y Fuentealba Suazo, la componen entre otros:

Darwin Arriagada; Camilo Azar Saba; Víctor Carcuro Correa; Raúl Díaz Doll; Guillermo Aranda; Alejandro Babaich Schmith; Gregorio Burgos; Alejandro Jorge Forero Álvarez; Werner Gálvez; Fernando Jara de la Maza; Manfred Jurgensen Caesar; Luis Losada Fuenzalida; Vittorio Orvieto Teplizky; Osvaldo Leyton Bahamondes; Bernardo Pulto; Sergio Marcelo Virgilio Bocaz. ; Luis Hernán Santibáñez Santelices; Hernán Horacio Taricco Lavín; Werner Zanghellini Martínez, entre muchos otros.

Parte del juramento Hipocrático prestados por los médicos:

"Juro por Apolo el Médico y Esculapio y por Hygeia y Panacea y por todos los dioses y diosas, poniéndolos de jueces, que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento (...) Llevaré adelante ese régimen, el cual de acuerdo con mi poder y discernimiento será en beneficio de los enfermos y les apartará del perjuicio y el terror. A nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin".

"A cualesquier casa que entre, iré por el beneficio de los enfermos, absteniéndome de todo error voluntario y corrupción (...) Ahora, si cumplo este juramento y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos, que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro".