Crece prisión de Punta Peuco: Viene masivo encarcelamiento de violadores de Derechos Humanos

Por Mario López Moya
Recientes condenas por violaciones de DDHH abren la posibilidad de masivos encarcelamientos de militares represores, aumentando la población de la cárcel de Punta Peuco, cerca de Til Til. También pone en el tapete la existencia de condiciones especiales para estos presos que rompen la igualdad ante la ley.
Como se sabe, Punta Peuco fue construida el año 1995 para albergar a los máximos cabecillas que llevaron adelante la represión en nuestro país. Originalmente se pensó en albergar allí a 47 reos, hoy cohabitan 61 condenados en ese lugar, por delitos de lesa humanidad. El aumento se debe al traslado de los jerarcas que provenían de la lujosa unidad especial de el Penal Cordillera.

Aumenta población en Punta Peuco

Más de mil procesos por violación a los Derechos Humanos se mantienen vigentes actualmente en tribunales. De acuerdo por lo señalado por el presidente de la Corte Suprema, los años 2014 y 2015 debieran marcar el cierre de todas o casi todas estas causas. Ello conllevaría, de acuerdo a las falladas hasta este momento, el aumento explosivo de nuevos habitantes de la única cárcel especial para estos trasgresores. En paralelo, Gendarmería se encuentra ampliando, mediante la habilitación de containers, nuevas dependencias.

"Estamos trabajando en la preparación de habitáculos para el caso que tengamos más ingresos", indicó el jefe regional de Gendarmería, Carlos Muñoz. "Es un escenario que ha estudiado la institución y sabemos que, en un futuro cercano, requeriremos de una cantidad mayor de cupos", manifestó, "pero estamos lejos del hacinamiento que sufren los reos comunes en nuestro país". Según Muñoz, "la población está controlada, en ningún caso se podría decir que tenemos un problema de hacinamiento, los internos viven en condiciones buenas, dignas".

Para el diputado Roberto León (DC), "los tribunales están haciendo su trabajo, los autores, cómplices y encubridores de los crímenes de la dictadura están siendo condenados y está operando la justicia", señaló a Cambio21. Pero su colega Hugo Gutiérrez (PC), va más allá: "Mi opinión es que Punta Peuco debiera cerrarse, y que de una vez por todas estos ex funcionarios de la Fuerzas Armadas estén en recintos penales comunes. Creo que seguir generando privilegios en favor de ellos es un agravio a la democracia y al Estado de derecho, pues somos todos iguales ante la ley", indicó.

Preparan 12 containers

Los containers que se están habilitando y ya muchos terminados, eran utilizados como bibliotecas, enfermería, bodegas y sala destinada a procedimientos de kinesiología. Son doce los habitáculos que se reorientaría su uso, de los cuales 10 lo serían para habitaciones de nuevos condenados y otros dos se destinarían a comedores y espacios comunes.

"Los containers están divididos en dos sectores, oriente y poniente: seis en cada lado. Se están refaccionando pues, como decía, se tiene que dar dignidad a los internos", señaló Carlos Muñoz.

Pero Gendarmería teme quedar corta en los cálculos, así que se ha dispuesto la instalación de nuevos containers en un terreno aledaño al recinto penal. Descartó que se pudiera construir una edificación sólida en el lugar. Como se sabrá, la edad promedio de los condenados y que actualmente habitan en ese penal, es de 70 años, por lo que no se justificaría una construcción más permanente. Las nuevas habitaciones proyectadas, estarán dotadas de camas, casilleros y lavamanos.
Situaciones por rama de las FFAA

Ejército: Actualmente se encuentran en desarrollo cuatrocientas treinta causas que involucran a personal de esa rama. Otras 100 a la fecha han sido falladas y han terminado con condenas. De las 1000 nuevas querellas, 362 afectan a personal de esta rama. Cerca de veinte procesados o condenados han fallecido sin llegar a cumplir las penas a que fueran condenados o que arriesgaran serlo. Del Ejército, aproximadamente, 400 funcionarios se encuentran actualmente procesados. 36 de ellos son habitantes de Punta Peuco y cumplen allí sus condenas. Los residentes más antiguos del penal (8) llevan más de veinte años presos.
Armada: Los últimos casos acerca de las torturas en el buque escuela Esmeralda, aumentaron los procesados de esta rama a 87 aproximadamente. Sólo 4 de ellos se encuentran efectivamente cumpliendo la pena asignada a su delito. Seis no alcanzaron a cumplir castigo pues fallecieron en el curso del proceso. Las nuevas querellas afectarán a un número no inferior a cincuenta funcionarios o ex funcionarios de la Armada. Todas las causas en que personal de la Marina aparecen sindicados como presuntos autores de delitos durante la dictadura, el ministro Mario Carroza, los derivó a Valparaíso, Concepción y Puerto Montt.

Fuerza Aérea: Sólo dos condenados registra esta rama y de los cuales uno está cumpliendo condena efectiva. Los procesados alcanzan a 68. Las investigaciones acerca del accionar del Comando Conjunto, en que la FACH aparece con varios de sus elementos involucrados, seguramente aumentará de manera sustancial el número de procesados.
Carabineros: Son 280 los oficiales y suboficiales actualmente procesados por delitos de lesa humanidad. De ellos son 68 los que han sido condenados y de los cuales sólo 25 cumplen pena efectiva actualmente. Los procesos actuales más los que se avecinan con las nuevas querellas, involucrarán más de 600 situaciones judiciales que afectan a esta institución.

Otros casos: La Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile, también aparecen con situaciones judiciales en materia de Derechos Humanos que afectan a algunos de sus miembros. En la PDI, por ejemplo, se encuentra cumpliendo condena un exfuncionario. Los procesados alcanzan a doce. Gendarmería por su parte, tiene a un funcionario cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad.

Residentes emblemáticos

Varios son los denominados emblemáticos jerarcas de los órganos represivos que darán la "bienvenida" a los nuevos residentes de ese centro penal. Aunque para todos no será tal el agasajo, pues es conocido que las rencillas entre varios miembros de los grupos represivos es alta, dado que muchos de ellos, que decidieron hablar, involucraron a otros que no están muy felices por la situación. Como sea, ahora, con domicilio conocido, podrán arreglar sus rencillas. Dispondrán de varios años para ello. Repasemos a algunos de los emblemáticos residentes:

Manuel Contreras Sepúlveda: Desde luego el mayor criminal tras Pinochet. Se encuentra condenado a purgar más de 400 años de prisión. Nacido el 4 de mayo de 1929, alcanzó el grado de general en el Ejército. Dirigió la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue el precursor del denominado Plan Cóndor que implicó el exterminio de cientos de opositores a dictaduras latinoamericanas, impulsor de los asesinatos del ex canciller Orlando Letelier, del ex general Carlos Prats entre tantos otros crímenes en que ha sido condenado o imputado.

Jamás se ha arrepentido de sus acciones, por el contrario, se ha declarado "orgulloso de su trabajo" al frente de la represión. Ha sido condenado en más de 57 causas criminales por los delitos de homicidio, tortura, secuestro y varios más. Sobre 400 años debiera cumplir privado de libertad. La primera causa en que se dictó sentencia a firme en su contra fue el año 2004, siendo condenado a 12 años de presidio mayor en su grado medio como autor del secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Fue otro eso sí el que lo llevó a la cárcel y que justamente dio inicio a Punta Peuco. El crimen del ex canciller Letelier.

Álvaro Corbalán Castilla: Jefe operativo de la CNI y ex oficial del Ejército Su primera condena a firme fue el 08/11/2000 y se le sentenció a presidio perpetuo como autor de homicidio calificado de Juan Alegría Mundaca. Como se recordará, este carpintero fue asesinado fingiendo un suicidio, para culparlo del homicidio del sindicalista Tucapel Jiménez. Se trata de uno de los más jóvenes habitantes de Punta Peuco, tremendamente orgulloso de su actuar represivo y cuyas historias personificó el actor Roberto Farías en la recientemente finalizada serie de TVN "Los Archivos del Cardenal". Se encuentra condenado a presidio perpetuo y tiene más de siete condenas a firme y varias otras querellas a las que deberá aún responder.

Pedro Espinoza Bravo: Miembro del Ejército en grado de Brigadier, fue parte de la DINA y fue condenado entre otros casos por el crimen de Orlando Letelier. Activo partícipe de la Caravana de la Muerte, que asesinó a decenas de chilenos en un periplo que abarcó varias regiones del país. Condenado a firme por primera vez el 30/05/2006 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autor del secuestro calificado de Diana Frida Arón Svigilsky. Desde allí, en más de 10 casos ha resultado sentenciado... y vienen más.

Miguel Estay Reino: De torturado a torturador y muy salvaje, señalan testigos que sufrieron sus apremios. La "fama" la alcanzó en el denominado caso "Degollados". En dicho proceso fue condenado a presidio perpetuo el 27/10/1995, como autor de los secuestros seguidos de homicidio de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Para justificarse, ha señalado que "Nadie es tocado por una varita mágica y se transforma de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero si hubiera tomado una decisión distinta hoy sería un detenido desaparecido más. No habría tenido la oportunidad de haber tenido a mi familia, de haber acompañado a mucha de la gente que quiero durante todos estos años y muy probablemente sería juzgado de una manera completamente distinta. Pero hice una elección". Y está pagando por ello.

Raúl Iturriaga Neumann: Mayor general del Ejército y director asistente de la DINA. Se encuentra condenado desde el 08/07/2010 a 15 años y 1 día de presidio mayor grado máximo, sin beneficios, como autor de los homicidios calificados del ex comandante del Ejército, Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, y a 100 días de presidio menor grado mínimo como autor de asociación ilícita en la misma causa.

Miguel Krassnoff Martchenko: Brigadier del Ejército, fue miembro de la Brigada Lautaro de la DINA, en que se le conoce por sus brutales crímenes y activo partícipe de torturas y violaciones. Fue también parte del Plan Cóndor y responsable del caso de los 119 detenidos desaparecidos a quienes se les simuló un enfrentamiento entre extremistas, con lo que se pretendió ocultar asesinatos de prisioneros de la dictadura. Jamás se ha arrepentido, es más, calificó de ridículos los casos de detenidos desaparecidos y de secuestros. Ha sido denunciado por sus constantes fiestas al interior de los centros en que ha estado detenido.

Su primera condena fue el 17/11/2004 siendo sentenciado a 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio como autor del secuestro calificado de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Desde allí a hoy, 37 causas le han afectado, de las cuales en más de 27 ha sido condenado.

Los que podrían llegar

El diputado Hugo Gutiérrez espera que "uno de los nuevos habitantes de Punta Peuco sea el ex diputado hoy desaforado, Rosauro Martínez. También el abogado Podlech (ex Fiscal Militar, Alfonso Podlech Michaud, que estuvo arrestado en Italia por el secuestro del ex sacerdote ítalo-chileno Omar Venturelli, y que fue nuevamente detenido y permanece en esa condición por otro caso en el Regimiento Tucapel de La Araucanía), que está recluido en Temuco, entiendo. De hecho -informa el diputado Gutiérrez-, mi abogado ya se dispuso a pedir el procesamiento de Rosauro Martínez", asegura. Varios son los casos cuyas sentencias a firme se avecinan:

Caso Torres San Borja: La Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa Rol 1520-2011, mantuvo la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2011, donde fueron condenados Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, cada uno a la pena de 10 años de presidio sin beneficios por seis homicidios calificados por el caso conocido como Torres de San Borja. Las víctimas son Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero (matrimonio de turistas argentinos) , Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro.

Todos fueron detenidos ilegalmente por miembros del Ejército en la noche del 16 de octubre en la torre 12 del complejo de viviendas San Borja en el centro de Santiago y ejecutados en el túnel de Lo Prado el 17 de octubre de 1973, simulando una situación de fuga para cubrir el crimen.

Caso Paine: El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.
Aquí se encuentran procesados los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado. El ministro Solís también procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.
Caso Comando Conjunto: - La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas por los secuestros calificados de Alfredo Salinas Vásquez el 3 de noviembre de 1975, y de José Sagredo Pacheco y Juan Antonio Gianelli Company, el 2 de junio de 1976 en la Región Metropolitana. De acuerdo al dictamen, Freddy Ruiz Bunger está sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, misma pena que cumple César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa.

Los 75 de la infamia

Según un fallo dictado recientemente por la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Grez Aburto quien estuvo secuestrado en el centro de detención Londres 38, y que fuera brutalmente torturado, se encuentra desaparecido hasta hoy. Por dicha causa fueron sentenciados seis ex altos mandos de la DINA, incluido su jefe, Manuel Contreras. Además otros 35 ex agentes recibieron penas de diez años de cárcel, todos en calidad de autores de secuestro calificado. Otros 34 individuos fueron condenados a cuatro años de presidio en calidad de cómplices del secuestro calificado.

La desaparición de Jorge Grez Aburto está vinculada con la causa abierta por la llamada "Operación Colombo", un operativo organizado por la DINA en 1975 para encubrir la desaparición forzada de más de un centenar de opositores políticos del régimen militar y a la vez diseñar un plan para hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que las muertes estaban relacionadas con enfrentamientos internos de los opositores.

Criminales reciben pensiones

Se ha discutido qué justifica, en plena democracia, la existencia de Punta Peuco. Los detractores de este penal, son claros en señalar que rompe la igualdad ante la ley. Quienes aún lo justifican, lo hacen amparados en segregación positiva, porque dada la peligrosidad de estos criminales, es necesario en Punta Peuco o dónde sea, mantenerlos al margen de la población penal normal.

Pero lo que a estas alturas nadie justifica, es que puedan seguir gozando de los beneficios penitenciarios que llevaron a grandes abusos y "fiestitas", como las pensiones que todos los chilenos pagamos.

El diputado Hugo Gutiérrez señala a Cambio21 que "el proyecto de ley para terminar con las pensiones que están recibiendo hasta hoy estos criminales, debe ser de iniciativa presidencial, sólo lo puede mandar el ejecutivo pues dice relación con la Hacienda pública y, de acuerdo a, la Constitución, ello le corresponde al presidente de la República iniciarlo. Nosotros, como parlamentarios, el año pasado presentamos un proyecto para impedir que esta gente recibiera beneficios carcelarios y para que cumplieran su condena en su totalidad".