Durante la dictadura torturaron, violaron, robaron, mataron, exiliaron e hicieron desaparecer a sus víctimas. Hoy, aún encarcelados, siguen abusando: mantienen sus sueldos y jerarquías militares, a pesar de estar condenados. Peor: militares activos financian las defensas judiciales de estos condenados por gravisímos delitos, con el dinero que Chile les paga.
Nadie
puede dudar que toda persona, incluso los más grandes genocidas como
los recluidos en Punta Peuco, tenga derecho a ser defendido y de la
mejor manera posible. Ese es un pilar del Estado de Derecho, el mismo
que ellos no respetaron. Sin embargo, resulta escandaloso constatar que
aún se siguen aportando de los sueldos de militares en servicio activo
sumas de dineros destinadas a financiar a los abogados de Manuel
Contreras y otros.¿Por qué el Ejército de Chile se presta para ello? ¿Quiénes son los "donantes"? ¿Es efectivamente "voluntario" el descuento? Las respuestas deberá entregarlas el ministerio de Defensa, de manera clara y categórica. A modo ilustrativo, los propios abogados de los militares presos reconocen, sin ningún empacho, que perciben millonarias sumas de dinero desde esa fuente.
¿Cómo se financia?
En la página web de la ONG Jure, señalan: "2. Situación Económica: Es beneficioso informar que se han adscritos nuevos donantes civiles, militares en retiro, en especial a todos los nuevos procesados se les exige (...) Lamentablemente también se debe señalar que un número preocupante de militares en servicio activo han retirado paulatinamente sus aportes; su impacto hasta la fecha ha significado un 42% menos de lo que se empezó recibiendo a comienzos de 2008, es decir de $85.500.000 que se recibieron el 2008 (...) la cifra bajó a $ 50.500.000" (valores anuales).
Es decir, existirían tres fuentes de financiamiento a los abogados de los criminales de Punta Peuco y otros procesados o condenados que andan sueltos. La primera, "de donantes civiles"; la segunda, de "militares en retiro" y en especial de los nuevos sometidos a proceso (que en el último tiempo han aumentado considerablemente) y tercero y lo que realmente importa, mediante el "aporte de militares en servicio activo".
Un militar en servicio activo es un uniformado financiado por todos los chilenos y su misión es la defensa de la patria toda, a la que debe proteger de peligros externos que pudieran acecharla. Para ese fin, poseen el uso exclusivo y excluyente de material de guerra, consistente en armas, municiones y demás pertrechos.
Financiar a un criminal de aquellos importa no sólo un acto humanitario. Incluso no sólo un acto independiente de un sujeto que dispone de su peculio personal para destinarlo al fin que le plazca, mientras sea lícito. Importa también suscribir aquello que el criminal realizó, pues se trata de crímenes con contenido no pasional, sino que ideológicos, de lesa humanidad.
Cómplices, aún hoy
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, define qué se entiende por crimen de lesa humanidad; Ellos comprenden "las conductas tipificadas como asesinato y exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, (...), ideológicos, (...), desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque".
Aquello fue lo que aconteció en Chile durante 17 años. De tal manera que quienes "donan", voluntariamente o no, a quienes cometieron tales deleznables crímenes, saben o deben saber que no se trata de actos humanitarios, sino que de actos de complicidad efectiva con aquello por lo que fueron condenados. Nadie puede, a estas alturas, alegar que se trata de víctimas o perseguidos políticos. Nadie puede esgrimir que no han tenido derecho a la defensa. Tendrán algún día que responder a su conciencia.
Pero quienes deben responder hoy a todo Chile, son los que aún usan el uniforme de toda la patria, los que poseen las armas letales, los que debieran ser los que protejan a la civilidad. Aquel oficial activo, ¿no sabe que Manuel Contreras y sus cómplices asesinaron a diestra y sobre todo siniestra? Lo sabe, como lo sabe hasta un niño chico de quinto básico. Pero igual lo hace. ¿Por qué?
No pueden comprometerse
La abogada Pamela Pereira, experta en defensa de casos de Derechos Humanos, señala que "hay un problema serio si hay un compromiso institucional en aportes a pagar defensas de personas que están siendo investigadas o han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. Lo que en definitiva son las conductas delictivas que son las que están en juego a propósito de lo que la gente conoce como la violación a los derechos humanos durante la dictadura".
Manifiesta la profesional que "por la naturaleza de los delitos de que se trata y porque no puede comprometerse a instituciones de la Fuerzas Armadas en relación con esos delitos, es que el tema es bastante delicado. Si esto efectivamente es así, el ministro de Defensa, la autoridad política, debe tener un pronunciamiento sobre esto y tomar algunas decisiones", indica.
Y continúa analizando: "El tema delicado es si hay un compromiso institucional en esta realidad, sea que existan descuentos formales o sean aportes a través de la institución, es una cosa muy delicada, porque el trasfondo de todo esto es una política institucional y sistemática que los gobiernos democráticos y la sociedad entera no pueden permitir: que se mantengan esos compromisos, cualquiera sea su naturaleza".
El derecho a la defensa
Para Pamela Pereira, "los procesados y condenados tienen el derecho de contratar al mejor abogado que estimen de la plaza para su propia defensa, pero es un tema que ellos deben asumir, o sus amigos, pero lo que no puede ocurrir es que institucionalmente, frente a lo que fue una política institucional y sistemática de violaciones a los derechos humanos y en donde se cometieron lo que se denomina crímenes de lesa humanidad, aparezca la propia institución involucrada en hacer ahora la defensa de quienes ejecutaron esas conductas".
Cuando el aporte proviene de militares en retiro, no posee mayor trascendencia, pues no involucran en nada a su institución, pero el tema central acá y que debe generar un pronunciamiento desde el ministerio de Defensa, una claridad sobre esto, porque así se genera un ambiente de tranquilidad y no permite que de nuevo se comiencen a producir tensiones. Se debe aclarar quienes en definitiva están en esto y cómo se está llevando el tema de mantener o no vínculos y compromisos con personas que han cometido tan graves delitos.
El abogado y ex teniente coronel de justicia en retiro, Juan Carlos Manns, quien ha dirigido la defensa de procesados y condenados por esta clase de delitos, no sabe de dónde provienen los fondos que financian a los abogados de los militares condenados por crímenes de lesa humanidad, "porque yo no trabajo en la ONG. Soy abogado y me paga la ONG Jure, pero no estoy metido en la organización, no tengo idea de dónde sacan el dinero, sólo sé en forma vulgar o conocimiento vulgar, que hay gente que colabora, empresas que colaboran, soldados en retiro y fuera de eso, la verdad es que no tengo mayores antecedentes", asegura.
Reafirma sus dichos manifestando que ignora si los militares en servicio activo que colaboran con dinero para la defensa de los procesados y condenados, lo hacen por descuento institucional, u otro medio, "la verdad es que no tengo idea. La verdad es que apenas conozco la organización por dentro. A mí me contratan a honorarios, con boletas, facturas, etc., como corresponde, nada más". Aunque no cree que el dinero provenga de las instituciones armadas.
Para Juan Carlos Manns, quien defendió entre otros a Manuel Contreras, a los ex agentes del denominado "caso Albania", etc., los militares en retiro, empresas y personas naturales, tienen todo el derecho de hacerlo (donar dinero para la defensa), el problema se produce efectivamente con los militares activos, porque allí podría haber un problema de "propiedad", concluye.
La secreta ONG Jure
La organización no gubernamental Jure se define asimisma como "una corporación con fines exclusivamente humanitarios, destinada a obtener aportes de personas y entes privados de buena voluntad, con el propósito de proveer de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de las defensas judiciales y secundariamente, de contar con las holguras económicas, atender las necesidades críticas de vida del personal y sus grupos familiares, en particular de ex integrantes del
Ejército aquejados por problemas judiciales del ámbito de los derechos humanos y precisen de apoyo jurídico y/o social".
Desde el inicio de la ONG el 2007, ya han obtenido ingresos por cerca de dos mil millones de pesos. Sí, leyó bien, 2.000 millones de pesos. Poseen cerca del 70% de la defensa de los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. Ha sido un secreto a voces el cuestionamiento que los habitantes de Punta Peuco han efectuado en contra de la ONG, a quienes acusan de haberlos abandonado.
Esta ONG fue creada bajo el alero del ex general José Gaete Paredes y financió en su oportunidad, hasta la TV cable que gozaban los recluidos en el lujoso ex Penal Cordillera. Otro de sus precursores fue el ex Auditor del Ejército, Guido Poli Garaycochea (quien fuera condenado por el asesinato del General Schneider). Entre sus miembros hay ex personeros del gobierno de Pinochet y ex miembros de la DINA y la CNI.
Su personalidad jurídica consta "por de fecha 21 de agosto del año 2007, decreto exento del Ministerio de Justicia N° 2465, aprobándose los estatutos por los cuales se ha de regir, en los términos que dan testimonio las escrituras públicas de fecha 3 de abril y 26 de junio de 2007, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial N°38.848 de fecha 27 de agosto de 2007".
Pacto de silencio
Señala la propia ONG: "En este contexto, también se han tenido muy presente peticiones que los colaboradores han hecho ver antes de comprometerse con la Organización, en el sentido de exigir total privacidad, dado lo sensible y extremadamente desprestigiado ante la opinión pública que es el tema que diga relación con los Derechos Humanos en la época del gobierno militar".
Entre sus socios fundadores están, aparte de los mencionados Guido Poli y José Gaete, el abogado Mario Correa Bascuñán, quien se ha desempeñado, entre otros cargos, como Secretario General de la Universidad Católica, a cuya gestión le corresponde ser "el Ministro de Fe de la Universidad...". No ha sido el único de la UC en la organización. También operó como vicepresidente Mario Correa Bascuñan, secretario general y profesor titular de la Universidad Católica.
Otro colaborador ha sido Manuel Concha, ex ministro de Economía de Pinochet y ex presidente del Banco Central. También está el brigadier (R) Hernán Chacón Soto, ex jefe de seguridad del Estadio Nacional luego del Golpe, el ex embajador de Chile en el Vaticano, Héctor Riesle Contreras, el general (R) Sergio Urrutia Francke, jefe de Estado Mayor de la CNI entre 1981 y 1983, el coronel (R) Marco Sáez Saavedra, destacado miembro de la Brigada Purén de la Dina, Carlos Garrido Táraba, ex directivo de Quiñenco, entre otros.
El domicilio de la ONG aparece ubicado en Vitacura 3568, donde arriendan una oficina, cuyos teléfonos nunca responden. Antes se encontraban en Nueva Providencia 1363, que le fuera arrendada al ex general del Ejército Emilio Timmermann. Se han negado sistemáticamente a dar a conocer los orígenes, montos y destinos de los millonarios aportes recibidos.
Los "mecenas desconocidos"
Sólo se sabe que instituciones como el Centro de Generales en Retiro del Ejército y de la Unión de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas (Unofar), aportan importantes ingresos. Dichas instituciones han recibido dinero de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), proveniente de descuento de cuotas sociales en pensiones para apoyar a círculos militares.
El Ejército asegura que desde el 2007 no hay descuentos por planillas para aportar a las defensas de los procesados y condenados. Afirman que la institución no entrega ningún tipo de aporte ni dinero a la ONG. Pero es claro que la propia ONG da cuenta que militares en servicio activo siguen entregando sus aportes. Dos son las cuentas bancarias conocidas que la organización utiliza para captar fondos. Una del Banco Estado y otra del banco Santander.
Entre los profesionales que han prestado servicios para la ONG, se encuentran los abogados Jorge Balmaceda, Carlos Portales, Enrique Ibarra y el mismo Juan Carlos Manns. Se estima en cerca de 15 los profesionales que comenzaron en el tema, reduciéndose ese número a no más de unos seis en la actualidad, que se reparten las "erogaciones".
No hay comentarios:
Publicar un comentario