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domingo, 20 de septiembre de 2015

II.- CORTE SUPREMA RESUELVE DAR REPARACIONES A PRESOS EN ISLA DAWSON.

LOS EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE 2da CLASE SON DISCRIMINADOS POR EL ESTADO.

Primera Piedra Es el momento para que todos los presos políticos del país reclamen reparaciones similares En el Diario La Tercera de este miércoles recién pasado se informa que la Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado pagar una indemnización total de más de $4 mil 500 millones a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política. En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal del país rechazó el recurso de casación presentado en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó resolución del Décimo Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar $150.000.000 a cada uno de los 31 ex prisioneros demandantes. La sentencia de la Corte Suprema “Funda su demanda en que los demandantes fueron secuestrados y torturados, física y psicológicamente por agentes estatales en Magallanes, confinados en campos de concentración, centros de prisión clandestinos, cárceles y prisiones, sometidos a trabajos forzados, exonerados de sus trabajos, estudios truncados, relegados a localidades aisladas del país y exiliados por instituciones del Estado, incluyendo la armada, ejército, fuerza aérea, policía de investigaciones, Primera Piedra 640 Análisis Semanal del 21 de septiembre de 2015 4 carabineros y gendarmería”. Curiosamente, como se sabe, a Dawson también fueron enviados los máximos dirigentes de la Unidad Popular para tenerlos como rehenes en la eventualidad que las cosas no funcionaran como lo previno el dictador Pinochet. La resolución de la Corte Suprema por cierto justifica que a estos prisioneros políticos se les conceda una reparación especial considerando sus penas y penurias. Sin embargo, éstas podrían ser incluso menores que las sufridas por otros prisioneros, por ejemplo los llevados a la Isla Quiriquina frente a la hoy VIII Regíon o, los detenidos en los siniestros cuarteles de la Dina, como Londres 38, Villa Grimaldi y, muchos otros que se conocen ampliamente. Resulta una decisión muy importante para todos quienes fuimos prisioneros políticos de la dictadura, nos dice uno de los detenidos en Puchuncaví por varios meses. “esto significa que todos debiesen tener los mismos derechos. No puede haber presos políticos de primera, segunda o tercera clase…?” Otro detenido que pasó por varios centros de detención nos dice que la Corte Suprema finalmente, ha dado cuenta pública de un proceso generalizado de atropello a derechos humanos. “Todos los torturados y detenidos políticos de Chile somos iguales” reafirmó, pidiendo anonimato porque, justamente, dijo “en Chile somos las víctimas aun que debemos escondernos mientras que los victimarios son hasta diputados…” refiriéndose al diputado Rosauro Martínez comprometido de manera directa en el asesinato de trabajadores en Panguipulli. Algunos podrán argumentar que la presentación en los tribunales la hicieron solo 31 personas aunque, judicialmente, se abre la posibilidad que todos los que fueron presos políticos del país hagan un reclamo similar. Como sea estas indemnizaciones y reparaciones son muy inferiores a las que ha otorgado el gobierno argentino a quienes la dictadura retuvo ilegalmente sin juicio alguno. En general, los miles de argentinos -e incluso chilenos- que sufrieron estas detenciones arbitrarias fueron compensados con montos que, en promedio, superan a los cien mil dólares. Aún más, en el país vecino se ha otorgado pensiones de gracia de por vida a los detenidos que superan los 800 dólares. En Chile, en cambio, se premia a los torturadores manteniéndoles todo tipo de garantías mientras que se les da una pensión ridícula de alrededor de 200 dólares a las víctimas. La oferta actual del gobierno, ante la huelga de hambre de los ex presos políticos, es apenas de un millón de pesos, por una sola vez. 

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