LOS EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE 2da CLASE SON DISCRIMINADOS POR EL ESTADO.
Primera Piedra
Es el momento para que todos los presos políticos del país reclamen reparaciones
similares
En el Diario La Tercera de este miércoles recién pasado se informa que la Corte
Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado pagar una indemnización total de
más de $4 mil 500 millones a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre
septiembre de 1973 y septiembre de
1974 en dicho centro de detención
política.
En fallo unánime, la Segunda Sala
del máximo tribunal del país rechazó
el recurso de casación presentado en
contra de la sentencia de la Corte de
Apelaciones de Santiago, que
confirmó resolución del Décimo
Octavo Juzgado Civil de Santiago que ordenó pagar $150.000.000 a cada uno de los 31
ex prisioneros demandantes.
La sentencia de la Corte Suprema “Funda su demanda en que los demandantes fueron
secuestrados y torturados, física y psicológicamente por agentes estatales en
Magallanes, confinados en campos de concentración, centros de prisión clandestinos,
cárceles y prisiones, sometidos a trabajos forzados, exonerados de sus trabajos, estudios
truncados, relegados a localidades aisladas del país y exiliados por instituciones del
Estado, incluyendo la armada, ejército, fuerza aérea, policía de investigaciones,
Primera Piedra 640 Análisis Semanal
del 21 de septiembre de 2015
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carabineros y gendarmería”.
Curiosamente, como se sabe, a Dawson también fueron enviados los máximos
dirigentes de la Unidad Popular para tenerlos como rehenes en la eventualidad que las
cosas no funcionaran como lo previno el dictador Pinochet. La resolución de la Corte
Suprema por cierto justifica que a estos prisioneros políticos se les conceda una
reparación especial considerando sus penas y penurias. Sin embargo, éstas podrían ser
incluso menores que las sufridas por otros prisioneros, por ejemplo los llevados a la Isla
Quiriquina frente a la hoy VIII Regíon o, los detenidos en los siniestros cuarteles de la
Dina, como Londres 38, Villa Grimaldi y, muchos otros que se conocen ampliamente.
Resulta una decisión muy importante para todos quienes fuimos prisioneros políticos de
la dictadura, nos dice uno de los detenidos en Puchuncaví por varios meses. “esto
significa que todos debiesen tener los mismos derechos. No puede haber presos
políticos de primera, segunda o tercera clase…?” Otro detenido que pasó por varios
centros de detención nos dice que la Corte Suprema finalmente, ha dado cuenta pública
de un proceso generalizado de atropello a derechos humanos. “Todos los torturados y
detenidos políticos de Chile somos iguales” reafirmó, pidiendo anonimato porque,
justamente, dijo “en Chile somos las víctimas aun que debemos escondernos mientras
que los victimarios son hasta diputados…” refiriéndose al diputado Rosauro Martínez
comprometido de manera directa en el
asesinato de trabajadores en
Panguipulli.
Algunos podrán argumentar que la
presentación en los tribunales la
hicieron solo 31 personas aunque,
judicialmente, se abre la posibilidad
que todos los que fueron presos
políticos del país hagan un reclamo
similar.
Como sea estas indemnizaciones y reparaciones son muy inferiores a las que ha
otorgado el gobierno argentino a quienes la dictadura retuvo ilegalmente sin juicio
alguno. En general, los miles de argentinos -e incluso chilenos- que sufrieron estas
detenciones arbitrarias fueron compensados con montos que, en promedio, superan a los
cien mil dólares. Aún más, en el país vecino se ha otorgado pensiones de gracia de por
vida a los detenidos que superan los 800 dólares. En Chile, en cambio, se premia a los
torturadores manteniéndoles todo tipo de garantías mientras que se les da una pensión
ridícula de alrededor de 200 dólares a las víctimas. La oferta actual del gobierno, ante la
huelga de hambre de los ex presos políticos, es apenas de un millón de pesos, por una
sola vez.
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