Jueves de octubre 2018
por José Miguel Ruiz
Señor Director:
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) ha ingresado una solicitud formal a la Fiscalía Regional de Valparaíso para que se asigne un fiscal exclusivo que esclarezca la muerte de Alejandro Castro, el joven dirigente de los pescadores de Quintero, quien apareció muerto colgado con su propia mochila de una reja de la línea férrea en Valparaíso. Se informa que la causa de la muerte fue el suicidio. Pero al mismo tiempo se reconoce que Alejandro Castro, activo luchador por la crisis ambiental de Quintero, habría recibido amenazas. La pareja del dirigente descarta el suicidio. Ante todo esto, se han presentado dudas respecto de esa muerte, que se asocia a otras de ambientalistas. Se debe investigar todo muy a fondo hasta esclarecer totalmente el hecho. Si ha sido suicidio, se lamenta la decisión de quien tenía una vida por delante y de servicio a muchos, una lamentable y tristísima decisión. Pero si fuera algo distinto, es un asunto de interés humano y nacional: un sistema democrático, civilizado, donde prima el estado de derecho, la libertad social, jamás podría aceptar que alguien fuese excluido, silenciado, asesinado por sus ideas. Eso sería corromper la esencia del país. Es mucho lo que está en juego: se trata de aclarar un caso que ha producido mucha inquietud, honda preocupación –junto, por cierto, con el dolor de los familiares y amigos del dirigente pesquero– porque –al no existir certeza total sobre lo sucedido, ni las razones para un suicidio ni se explican las amenazas recibidas por quien denunciaba la nociva contaminación en Quintero, defendiendo con ellos a miles de personas– se asocia con un período oscuro de la historia de Chile, con muertes, inaceptables siempre, pero más todavía en un sistema democrático. El alma profunda de Chile necesita que no queden dudas respecto de lo que sucedió con Alejandro Castro. Si suicidio, fue su lamentable e irreparable decisión; si existiera otra cosa, todo el rigor de la ley y el repudio del país. Esperemos que las autoridades, el poder judicial, y todos los que tengan responsabilidad en esclarecer esto, estén a la altura de lo que requiere la sociedad chilena, éticamente, humanamente.
José Miguel Ruiz
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