8.10.2018
Por Patricio Herman
Dos aviones de lujo que usaban principalmente el ex general director Bruno Villalobos y su alto mando, no son de Carabineros: pertenecen a un club aéreo privado cuyo directorio lo preside el segundo al mando de la policía. Esas dos naves, junto a otras siete, se entregaron en comodato a Carabineros violando la ley y sin que los socios del club opinaran. Los socios son carabineros a los que se les descuenta por planilla mes a mes su membresía. A los oficiales que vuelan esos aviones se les paga asignación. La historia de esta trama irregular se informa en esta columna. Un capítulo más de corrupción en una institución clave para la seguridad del país.
*Crédito foto portada: Vicente Quezada Durán (https://hiveminer.com)
Las irregularidades en el “Club Aéreo del Personal de Carabineros”, una corporación privada que opera en el Aeródromo de Tobalaba en La Reina, fueron motivo de una columna que publiqué en CIPER en abril pasado (ver “Otro flanco abierto en Carabineros: las millonarias cuentas de su Club Aéreo que nadie revisa”). Esa columna no mereció respuesta del alto mando ni del Departamento de Comunicaciones de esa institución. No obstante, y coincidentemente, al poco tiempo hicieron abandono de sus funciones tanto el gerente como el abogado de dicho club aéreo, los que se habían mantenido allí por largos años. Ambos eran responsables de las acusaciones informadas en mi columna.
Dichas irregularidades tenían relación con el Informe Final Nº 92 de la Contraloría General de la República, emitido el 14 de noviembre de 2011, y que daba cuenta del resultado de una auditoría administrativa realizada a la Prefectura Aérea, repartición fiscal de esa institución, que funciona en dependencias arrendadas al interior del “Club Aéreo del Personal de Carabineros”. Entre otras observaciones, el informe del ente contralor estableció que en los llamados “Certificados de Navegación” existían incongruencias. Cabe destacar que en ese entonces, el titular de la Prefectura Aérea era el mismo que hoy ocupa el cargo de gerente del “Club Aéreo del Personal de Carabineros”.
Lo interesante es que esos “Certificados de Navegación” son documentos otorgados por el titular de la Prefectura Aérea de Carabineros, mediante los cuales esa institución otorga una gratificación especial de vuelo (“Asignación de Vuelo”), establecida en el artículo 51º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2 de 1968, del Ministerio del Interior, que fija el Estatuto del Personal de Carabineros de Chile. En ese artículo se establece que el personal “al cumplir misiones de servicio a bordo de naves o aeronaves de las Fuerzas Armadas, de Carabineros u otras al servicio de tales misiones, gozará de una gratificación equivalente al veinticinco por ciento de su sueldo en posesión, la que será incompatible solo con el sobresueldo de piloto señalado en la letra d) del artículo 48º”.
Cuando la Contraloría analizó solo una pequeña muestra de los “Certificados de Navegación”emitidos por la Prefectura Aérea durante los primeros meses de 2010, observó que algunos de éstos correspondían a vuelos de aviones que no pertenecían a la Prefectura Aérea ni al Fisco. Esas naves eran propiedad del “Club Aéreo del Personal de Carabineros”, una corporación de derecho privado sin fines de lucro, regida por las normas del título XXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya personalidad jurídica fue otorgada por el Ministerio de Justicia mediante un Decreto Supremo de 1949.
Al no pertenecer dichas aeronaves a Carabineros ni a otro organismo fiscal, sino a un club aéreo privado, no correspondía que los oficiales de esa institución percibieran una asignación especial o beneficio pecuniario por volar en ellas. De hecho, algunos policías debieron reintegrar dichos dineros. Los funcionarios de Carabineros que los recibieron, según señala la misma Contraloría en su informe, estaban incurriendo en la vulneración del Nº 8 del Artículo 470º del Código Penal, que sanciona con las penas establecidas en el Artículo 467º del mismo cuerpo legal, “a los que fraudulentamente obtuvieren del Fisco… prestaciones, jubilaciones, asignaciones…”.
En ese momento, el entonces general de Carabineros Marco Tello Salinas, quien fue posteriormente subdirector de la institución, presidente del directorio y representante legal de la corporación privada “Club Aéreo del Personal de Carabineros”, se vio involucrado en esas irregularidades y tuvo la obligación de reintegrar el dinero obtenido para no dar lugar a algún juicio de cuentas por parte del organismo fiscalizador.
Lo que ocurrió solo un mes después de que se conociera el Informe Final N°92 de la Contraloría General de la República, aporta nuevos elementos que corroboran que los oficiales de Carabineros que dirigían esa corporación privada estaban conscientes de las irregularidades en las que estaban incurriendo. En efecto, el 30 de diciembre de 2011, el directorio del “Club Aéreo del Personal de Carabineros” decidió entregar en comodato a título gratuito a Carabineros de Chile, nueve aviones, entre ellos el avión jet ejecutivo Cessna Citation Bravo, cuya matrícula era CC-LLM y que pasó a ser C-53 (Carabineros 53) y el Beechcraft King Air B-200, matrícula CC-AET que paso a denominarse C-54. Esa entrega se hizo con infracción a los estatutos de la corporación, sin contar con atribuciones legales para ello y con desconocimiento de la mayoría de sus socios.
En ese momento, el directorio del “Club Aéreo del Personal de Carabineros” era presidido por el general subdirector Carlos Carrasco Hellwing, quien es hoy gerente de la Cooperativa de Carabineros de Puerto Montt. El gerente del club aéreo era el general (R) Mario Bocchi Correa y el vicepresidente del mismo club era el coronel Enzo Coppa Astorga, quien también era titular de la Prefectura Aérea. Coppa está actualmente imputado por negociación incompatible, tráfico de influencia, cohecho, falsificación de documento público y otros en la causa que está en manos del 7º Juzgado de Garantía de Santiago (Ruc 1500056534-K). Esos delitos se le imputan por la compra que hizo Carabineros de un helicóptero (ver en CIPER “Oficial acusa tráfico de influencias en compra de helicóptero de Carabineros”).
Otro de los altos oficiales que se vio involucrado en la cesión irregular de las aeronaves del club, fue el general Jorge Rojas Langer, entonces director de Logística de la institución. Rojas Langer es uno de los protagonistas de otros ilícitos en Carabineros informados por CIPER: el primero fue la investigación publicada en agosto de 2013 “Carabineros gasta US$ 3,5 millones en carros blindados que tienen serias fallas de seguridad”; el segundo, bajo el mando del general Gustavo González Jure, quien presidía el consejo que asesoró compras con sobreprecio de $1.600 millones para el Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, TIC (ver investigación de CIPER de enero 2014).
Desde el 30 de diciembre de 2011 un total de nueve aviones -a los ya mencionados se sumaron aviones bimotores Pipper Navajo igualmente costosos- fueron entregados ilegalmente en “comodato” gratuito a Carabineros por parte del Club Aéreo privado. Un comodato que se convirtió en indefinido ya que el documento no registra fecha de término.
De no ser por el informe de Contraloría -que dio cuenta de irregularidades en la entrega de asignaciones institucionales por vuelos en aviones privados- esa cesión en comodato no se entendería. Y ello, porque el objeto del “Club Aéreo del Personal de Carabineros” es difundir y promover la aviación deportiva no comercial y proporcionar beneficios de carácter aeronáuticos a sus socios. Por lo tanto, por ley, sus bienes solo pueden ser destinados a cumplir sus objetivos, los que están bien establecidos en sus estatutos e impiden que ellos sean entregados para otros fines.
No puede el Club Aéreo del Personal de Carabineros, por muy loable que le parezca a sus directivos, ceder el uso de sus aeronaves a una persona jurídica de derecho público que está a cargo de la seguridad interna del país y por eso recibe del presupuesto nacional los recursos económicos suficientes para su cometido. Y lo que hicieron los oficiales de Carabineros ya mencionados fue entregar en forma indefinida, mediante un comodato, sus nueve aeronaves más valiosas, las que habían sido adquiridas con la cuota mensual de sus socios a lo largo de todo el país mediante un descuento por planilla. Hay que decir que se trata de “socios forzados”, pues ellos nunca presentaron una solicitud de incorporación al club pero mes a mes les descuentan las cuotas. Así lo constató y representó oportunamente el propio Ministerio de Justicia (15 de febrero de 2018).
Está claro entonces, que tal como lo dictaminó la Contraloría, Carabineros nunca debió entregar asignaciones y beneficios pecuniarios por “Certificados de Navegación” que respondían a vuelos de placer y privados (del Club Aéreo) y no a misiones oficiales. De lo que se desprende que, desde el 30 de diciembre de 2011, los “Certificados de Navegación” que han respaldado cada mes las asignaciones entregadas especialmente a integrantes del alto mando por volar en aviones del club privado, son irregulares. Esos “Certificados de Navegación” son otorgados y firmados por el titular de la Prefectura Aérea uniformada y nunca han sido objetados.
El prefecto en cuestión -y hay que reiterarlo- es simultáneamente vicepresidente del “Club Aéreo del Personal de Carabineros”. Un dato que agrava la maniobra administrativa con que el alto mando decidió mantener las asignaciones irregulares por vuelos privados, al entregar en comodato a la institución fiscal las aeronaves que pertenecían al club. En efecto, en el mismo informe de la Contraloría de diciembre de 2011 se detalla y advierte claramente que no corresponde que autoridades de Carabineros -en razón de sus cargos- participen en el directorio de entidades privadas, como el “Club Aéreo del Personal de Carabineros” (Artículo 2° Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucionales de Bases Generales de la Administración del Estado).
Una llamada de atención que el ente contralor reiteró al alto mando de Carabineros en julio de 2012 (dictamen N° 044593): “En mérito de lo expuesto, cabe concluir que no corresponde que las autoridades de Carabineros de Chile, en su calidad de tales y en razón de sus cargos, participen en el directorio del ‘Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile’, como se ha señalado al respecto en el citado informe final N° 92, de 2011, de esta entidad de control”.
El alto mando hizo caso omiso de ese dictamen. Y nadie del Ministerio de Justicia ejerció su autoridad para exigir su cumplimiento y un cambio al Artículo 12 de los estatutos del “Club Aéreo del Personal de Carabineros”. Allí se leía que la dirección, administración y gestión superior de la corporación estará a cargo de un directorio de ocho miembros integrados de la siguiente forma: “Un presidente que lo será por derecho propio el socio que desempeñe el cargo de General Subdirector de Carabineros…; un vicepresidente que lo será por derecho propio el socio que desempeñe el cargo de Prefecto de la Prefectura Aero policial…”.
Dos años más tarde de la segunda y dura reprimenda que le hizo en 2012 la Contraloría a Carabineros, el Club Aéreo intentó maquillar nuevamente su relación con la institución, haciendo una pequeña modificación a los estatutos de la corporación que dejara tranquilos a la Contraloría y al Ministerio de Justicia. El 30 de mayo de 2014, eludieron la disposición legal exigiendo ahora como requisito para ser presidente del “Club Aéreo del Personal de Carabineros”, el tener la calidad de funcionario con más de 35 años de servicio en la institución uniformada. Una burla, pues esa calidad solo se logra cuando se llega a general subdirector de Carabineros. Es decir: se volvió a identificar a la dirección del club con el alto mando.
Este año, el Ministerio de Justicia volvió a la carga sobre esta abierta ilegalidad. Mediante oficio N° 936, el 15 de febrero dispuso que se modifiquen los estatutos del Club Aéreo. El oficio lo recibieron el presidente y el gerente del club: el actual general subdirector de la policía uniformada, Álvaro Altamirano Sánchez, y el general (R) Jorge Karachon Cerda, respectivamente. Karachon ha sido vinculado a la recepción irregular de fondos reservados en el Mega Fraude de Carabineros (ver en CIPER “Carabineros: Las múltiples irregularidades que obligan a depurar el alto mando”, del 20 de junio de 2017).
A pesar de todas las advertencias y dictámenes de la Contraloría y del Ministerio de Justicia, el 12 de julio pasado el directorio del Club Aéreo volvió a burlar la ley al modificar los estatutos y exigir como requisito para ser presidente: “un socio activo con no menos de 33 años sea que se encuentre en servicio activo o en situación de retiro con derecho a pensión…”. Una calidad que se logra cuando el oficial llega a general subdirector de Carabineros, ya que la antigüedad de socio del club aéreo la pierde el funcionario que termina su carrera.
Una vez más se identificó al presidente del directorio del club con el alto mando de la institución, sin aceptar el mandato legal que obliga a esa corporación a elegir por votación de sus socios al presidente y directorio. Una votación que debería llevarse a cabo en asamblea general y el presidente sería aquel socio que obtenga la mayoría de los sufragios.
LOS AVIONES TOP QUE USAN LOS GENERALES
En virtud del peculiar comodato, el avión ejecutivo Jet Cessna Citation Bravo (cuyo costo es de US$2,9 millones) y el avión de similar categoría Beechcraft King Air B-200, (US$3,4 millones) pasaron a ser desde diciembre del 2011 las aeronaves de uso exclusivo del alto mando de Carabineros. Y ello, sin que ningún socio de la corporación privada Club Aéreo se pueda oponer o reclamar, dada la verticalidad de mando de esa institución.
En los últimos años de operación -todo el 2016 y hasta el 23 de noviembre de 2017, fecha en que llegó a Key West, Orlando (Estados Unidos), para mantenimiento-, el avión Cessna Citation Bravo voló un total de 335 horas, de las cuales 70 horas las usó el general director Bruno Villalobos; 148 horas por el resto de los generales de la institución; 12,3 horas fueron utilizadas por autoridades del gobierno anterior, especialmente del Ministerio del Interior; 18 horas en mantenimiento; 57 en vuelos ambulancia; 18 en instrucción y solo 11 horas fueron destinadas al traslado de personal institucional especializado.
El Bechcraft King Air B-200, en el mismo periodo, voló un total de 128 horas, cuya mayoría correspondió a desplazamientos del mismo general Villalobos y del alto mando de Carabineros.
Los vuelos de estas dos aeronaves le han significado al erario nacional un gasto de $833,6 millones de costo operacional, otros $56,7 millones por mantenimiento y $146,3 millones en combustible. Un total de $1.087 millones en apenas dos años y por el uso de solo dos de las nueve aeronaves entregadas ilegalmente en comodato.
A esos montos, hay que agregar otros $685 millones que deberán pagarse por la reparación de una avería detectada en el avión Citation en el Centro de Mantenimiento Cessna en Orlando (Estados Unidos), donde fue llevado en noviembre de 2017. Una vez que la nave sea reparada, regresará a Chile para ser usada en forma exclusiva por el alto mando.
A esos gastos que registra el uso de ambas aeronaves, hay que agregar otra cantidad de dinero fiscal: el beneficio correspondiente al 25% del sueldo base que se pagó a los miembros del alto mando y otros oficiales que han volado en ambas aeronaves en los últimos dos años. Esos “Certificados de Navegación” suman más de $22 millones, cifra que se obtuvo vía Ley de Transparencia.
Ninguno de estos antecedentes mereció la atención de la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, cuando en 2015 recibió una denuncia formal y documentada de un socio activo del “Club Aéreo del Personal de Carabineros”, quien le solicitó una fiscalización a esa entidad. La ministra fue negligente. Lo que se espera ahora es que las autoridades de gobierno actúen en consecuencia y que el actual general director, Hermes Soto Isla, ordene la casa.
Un dato habría que incluir en este recuento. Entre los vuelos que registra una de esas naves de lujo está el que llevó al general Bruno Villalobos con su director de Inteligencia, general Gonzalo Blu, y una comitiva a Temuco el 6 de septiembre de 2017. Su misión: entregarle a la Fiscalía de La Araucanía los sesudos antecedentes recopilados por el “profesor” Smith en la llamada “Operación Huracán” sobre la exacta ubicación de los autores de los atentados incendiarios ocurridos en esa zona. Una operación de inteligencia que resultó ser otro fraude.
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