Por María Cristina Prudant

Mauricio Weibel es un periodista dedicado a la investigación y como tal es el autor del libro “Traición a la Patria”, que reveló el desfalco en el Ejército conocido como el “Milicogate”. A través de otros textos ha continuado dando a conocer la corrupción en la institución militar y otras instituciones.  Weibel Barahona es casado y tiene dos hijos. Tenía seis años cuando su padre fue detenido el interior de un bus de locomoción colectiva en el que viajaba junto a él y su hermano. Su padre pasó a la clandestinidad y luego su nombre terminó engrosando las listas de detenidos desaparecidos. Ha escrito varios libros entre los que figuran “La caída de las AFP”, “Ni Orden ni Patria”, “Los niños de la rebelión” y actualmente prepara otros textos.

Su caso, motivó que la  Cámara de Diputadas y Diputados aprobara un proyecto de resolución que solicita al presidente Sebastián Piñera remover a Alberto Espina como integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La iniciativa fue presentada por el diputado Jorge Brito (RD) y obtuvo 67 votos a favor, 48 en contra y 14 abstenciones. 

Esta fue presentada luego de que un documento dado a conocer por Ciper evidenciara que la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (DINE) habría engañado a la Corte de Apelaciones para que autorizara la intervención telefónica del periodista Mauricio Weibel, quien reveló el fraude del “Milicogate”.

La solicitud de escuchas, denominadas como Operación W, fue realizada el 27 de septiembre de 2017 a nombre del entonces director de Inteligencia del Ejército, el general Schafik Nazal Lázaro. El documento no nombraba al autor de “Traición a la Patria”, sino que consignaba que se buscaba espiar a una supuesta agente extranjera que recolectaba “antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile”.

Con respecto a Alberto Espina (RN), quien entonces se desempeñaba como ministro de Defensa, concurrió en variadas ocasiones al Congreso Nacional “a afirmar que toda operación de inteligencia se encontraba apegada a la ley, y que en especial la Operación W, donde se espió ilegalmente al periodista Mauricio Weibel, se encontraba toda ajustada a derecho”.

Sin embargo, nunca entregó los documentos que ya salieron a la luz y que han hecho que la Cámara aprobara mayoritariamente un proyecto que busque su remoción, porque “es una contradicción que se mantenga en defensa de los intereses del Estado, si al mismo tiempo ha ocultado o deliberadamente ha engañado a otros poderes del Estado”

“A mediados del año 2016 me percaté que era objeto de seguimientos, rostros de sujetos se van repitiendo en mi quehacer cotidiano en distintos lugares y, a su vez, fuentes reservadas me confirman que soy objeto de vigilancia por funcionarios de Inteligencia militar”, señaló Weibel.

Sus sospechas se confirmaron luego que distintos medios de prensa, entre ellos la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, publicaran respecto al seguimiento e interceptación de llamadas telefónicas de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional, tanto de forma pública como judicial.

Otros medios, como diario La Tercera, revelaron asimismo la “Operación W” realizada por agentes de la DINE en contra del periodista, cuya inicial de su apellido fue usado como nombre en clave. Según el matutino, fuentes al interior del Ejército confirmaron que Weibel fue víctima de interceptaciones telefónicas y seguimientos desde la Dirección de Inteligencia.

"Estoy evaluando pedir que se procese a Alberto Espina por encubrimiento. Él le dijo a todos los medios de comunicación que esto estaba perfectamente legal. Dio una conferencia de prensa sobre eso y es evidente que eso es falso", dijo Weibel después de conocer la decisión de la Cámara.

"Creo que el Ejército intentó mantener una mentira que ya se cayó a pedazos; mantener la mentira de que existía acá una razón para espiar a la prensa, cuando es obvio y evidente de que lo que había era un operación de inteligencia para atacar a quienes estábamos investigando la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas", manifestó el periodista. Y agregó: "Con mis abogados, Karina Fernández y Cristián Cruz, interpusimos hace unos días una querella en función de que esta situación ya había sido revelada el año 2019 y creo que van a haber muchas novedades" Mauricio Weibel conversó con Cambio21.

 
La ministra que lleva los casos de corrupción del Ejército, Romy Rutherford denunció que fue amedrentada por personal del DINE que la estaba siguiendo. A usted le ocurrió una situación similar. ¿Nos puede relatar su experiencia en este plano?

No voy a hablar del tema, es largo de explicar. Van a hablar ellos y yo no porque está todo en una investigación, así es que me excuso de hablar. Decidimos que esto se normalice, el fiscal nos pidió reserva y hay que respetar eso.  

Cabe señalar que la querella se tramita en absoluta reserva y acusa a miembros de la inteligencia del Ejército de espiar no sólo al periodista que destapó el Milicogate, Mauricio Weibel, sino también a la jueza que hoy lleva a uniformados al banquillo de los acusados por casos de corrupción en las filas del ejército.

Usted ha investigado al ejército en su condición de periodista. ¿Qué le parece que continúen apareciendo nuevos casos de corrupción en la institución castrense?

En la actualidad hay varios cientos de militares que se sabe que son investigados por temas de corrupción. Hay mucho uniformado investigado por  temas de corrupción que por situaciones de derechos humanos y creo que se resume todo esto en que cuatro ex comandantes en Jefe del Ejército, están siendo investigados por temas de corrupción en las causas que sustancia la ministra Romy Rutherford. Eso muestra que sigue siendo permitido en Chile que las más altas autoridades del Ejército, tengan que  ver con la administración de los recursos público. La incapacidad del mundo público de poner límites al despilfarro, dolo y al abuso.

Estamos hablando que todo esto empezó con una investigación pequeña de 30 millones de pesos el año 2014 con solo tres facturas y que hoy día, la verdad, es que decidimos hacernos parte del total y que son más de 30 las aristas que hay y las situaciones tienen que ver con el robo, desfalco y estafa de recursos públicos que están bajo la administración del Ejército. Es una situación muy compleja creo yo y que abre también todo un debate en torno a que subsista para estos temas la justicia militar. Porque en el fondo esto lo hace eternamente largo, esto son varios años que se demoran las investigaciones.

Y eso depende de tres temas: uno, cuál es nuestro nivel de gasto en compra de armas. Hoy día estamos hablando de que se están gastando alrededor, cada cuatro años, alrededor de 10.300 millones de dólares. Eso es inaceptable en un país con la crisis social que hoy día tenemos. Dos, es inaceptable que la administración de esos fondos siga en manos de militares y la forma en que se administran. El cambio central es simplemente, que quienes tengan la administración de estos fondos sean civiles y no militares.

¿Por qué

Porque es imposible que un cabo le diga  al Fiscal Nacional yo no voy a delatar a nadie. Y el tema hoy día es tremendamente importante que sea la sociedad civil la que decida cuáles son nuestras prioridades. Cuál es la lógica de destinar miles de millones de dólares a la compra de armas.

¿Usted ha notado alguna reacción de las autoridades políticas del país en relación a este tema de la corrupción al interior del ejército?

Las investigaciones sobre corrupción castrense, que sigue, permitieron, por lo pronto, llevar a la justicia a más de 300 uniformados activos y en retiro, investigar los recursos de los últimos cuatro comandantes en jefe, facilitaron eliminar la Ley Reservada del Cobre, después de 60 años de licencia y permitieron recuperar 4.500 millones de dólares que estaban en Estados Unidos. Creo que quedas por discutir qué segmentos que se destinaron para la cuestión estratégica. Pero, evidentemente hay un cambio, no significa sí que no deban utilizarse los cambios. De hecho la última declaración, comunicado que saca el ejército manteniendo el lenguaje de siempre, es una muestra de la falta de control del mundo civil sobre la discusión castrense. Creo que eso es lo que es urgente que se corrija sobre todo en lo que es la generación de la nueva Constitución.

¿Usted se refiere a la declaración que hicieron después de la decisión del Consejo de Monumentos de retirar la estatua del general Manuel Baquedano de la Plaza Italia y que ha tenido repercusiones en el mundo político?

Claro, es una declaración que revive el lenguaje de guerra que se utilizó para detener a personas durante la dictadura. Y eso es inaceptable porque, finalmente el ejército no es una división separada del resto de la sociedad porque es una institución del Estado, y como tal sus actos siempre tienen que estar dentro de los principios internacionales de los derechos humanos suscritos por el Estado chileno.  Tienen las garantías, el respeto, etcétera, ellos no pueden actuar fuera de esos estándares. Y creen que si han estado dispuestos a robar, pueden estar dispuestos a escribir estupideces.

Dado que seguiremos con el Estado de Catástrofe y Emergencia, Piñera está dispuesto a militarizar La Araucanía. ¿Qué opina al respecto?

Hoy día ya hay varios militares, algún personal de inteligencia. Ya he escrito varias columnas y he enviado cartas señalando que esto es completamente inadecuado y no es recomendable. Creo que si ex almirantes, ex generales están diciendo que esto no es una buena idea, con mayor razón  a nivel civiles, de intendentes esto no es una buena medida. Los militares no están entrenados para resolver problemas políticos, en general políticos de derecha. En la historia se han resuelto de forma estratégica de largo plazo. La primera política es el diálogo, después se resuelven con la tolerancia, la paciencia, se resuelven con la paz.       

Pero, un gobierno que ha perdido el poder y el respeto de la ciudadanía no le queda nada más que usar la fuerza bruta, por eso ha perdido todo el poder que legitima su autoridad, que es el origen del poder.

¿Cómo calificaría usted la actitud que ha tenido el gobierno con los derechos humanos?

Creo que la revuelta social y la crisis de la acción masiva a los derechos humanos que se provocó después tiene en si tres cosas: una,  de que no se había hecho el trabajo suficiente para impedir que el propio Estado violentara a ciudadanos. Dos,  que tenemos una educación lo suficientemente débil y que le permite al Presidente dañar a su pueblo y tres que el sistema de justicia no está capacitado para investigar crímenes y delitos de esta magnitud.