por El Mostrador 14 septiembre, 2021
Crédito: ATON
Un 74% está de acuerdo con la frase “la corrupción y las malas prácticas han penetrado la Policía de Investigaciones”, según se desprende de los resultados del Monitor de Seguridad de Fundación Chile 21, un estudio que además da luces sobre la mala evaluación del Gobierno en materia de seguridad y el escepticismo de la ciudadanía respecto a la eventual gestión de los candidatos presidenciales para afrontar temas como el narcotráfico y el conflicto en la zona mapuche.
La pésima cifra de la PDI es resultado principalmente del escándalo protagonizado por el ex director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, y que puso a la policía civil en el radar de los escándalos de corrupción en la senda del Milicogate y el Pacogate.
Espinosa será formalizado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, y lavado de activos, debido a los cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en sus cuentas corrientes y de su cónyuge, sin justificación, vía la sustracción de los fondos reservados con que contaba para desempeñar su cargo.
El caso de Espinosa se suma a otros lunares que han empañado a la institución, como el caso de la fallecida subinspectora Valeria Vivanco quien perdió la vida en un procedimiento en La Granja y donde se indaga una eventual obstrucción a la Justicia y tres detectives fueron suspendidos. Otro episodio reciente que empaña a la PDI es la investigación abierta recientemente por la Fiscalía que apunta a funcionarios de la PDI en una red de contrabando de joyas y relojes de lujo.
Lo de la PDI se enmarca en una evaluación negativa global del desempeño de la autoridad en materia de seguridad, explica Eduardo Vergara, director ejecutivo de Chile 21. “Progresivamente las cifras vienen mostrando el mal momento que vivimos en seguridad. Hay una caída creciente en la evaluación de las policías como se viene evidenciando hace más de un año, se instaló la idea que en estas hay corrupción y que no tienen capacidad de hacer su trabajo. Ahora se suma la PDI a estas malas noticias”, indica.
Con todo, añade el exdirector de Seguridad Pública de la administración Bachelet 2, “el Gobierno marca mal en áreas tan relevantes como el desempeño de seguridad en La Araucanía llegando a un 62% de mala evaluación y con un 86% que asegura que Sebastián Piñera ha tenido un mal desempeño en seguridad. La seguridad, que fue la gran promesa de Piñera, se transformó en su gran fracaso”.
De hecho, un 75% considera que el conflicto en la denominada Macrozona Sur se ha agravado durante el actual Gobierno de Sebastián Piñera.
Además, un 62% cree que el Estado debe crear una comisión de reparación a víctimas del abuso policial en el marco del estallido social.
“La herida del Estallido Social sigue abierta. La ciudadanía cree en un 62% que el Estado debe crear una comisión de reparación a las víctimas del abuso policial en el Estallido Social. Esta ha sido una recomendación que hemos realizado a diferentes poderes del Estado y a la Convención Constitucional. Si bien gran parte de los daños y violaciones a DDHH son irreparables, es este Gobierno el que tiene la responsabilidad de abrir la puerta para la creación de una instancia de reparación”, añade Vergara.
La percepción sobre los candidatos
Además, hay una visión escéptica respecto del posible gestión de los candidatos presidenciales en materia de seguridad.
Consultados qué candidato tendría un mejor desempeño en el combate del narcotráfico, un 43% responde que ninguno, mientras un 20% se inclina por el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, un 16% por el candidato de Chile Podemos, Sebastián Sichel, y un 8% por la carta de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste. Más atrás, con 5%, aparece el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, y con 3% el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast y el fundador del PRO, Marco Enríquez Ominami. Cierra la tabla el abanderado del PC-AP, Eduardo Artés, con 2%.
Al consultar cuál de los candidatos tendría un mejor desempleo en enfrentar el conflicto de La Araucanía, un 35% dice que ninguno, mientras un 27% identifica a Gabriel Boric, un 13% Sichel, 11% Provoste, 5% ME-O, un 4% Franco Pariris, un 3% Kast y 2% Artés.
“En lo que respecta a seguridad, narcotráfico y el conflicto de La Araucanía y la posibilidad que el futuro Gobierno encuentre soluciones la ciudadanía se siente a la deriva. Particularmente frente al narcotráfico hay desesperanza. Un 43% no cree que ningún candidato tendría un mejor desempeño. La incertidumbre que reina en torno a unos de los principales problemas de la ciudadanía es preocupante. Hay una tarea pendiente por parte de las candidaturas hasta ahora, ya que más allá de las propuestas, esto se trata de confianza en que podrán hacer el trabajo”, advierte Vergara.
Toque de queda
Asimismo, un 66% señala que no se justifica mantener el toque de queda después del mes de septiembre, una decisión respecto a la cual el Gobierno ya viene dando señales de no pedir su prórroga.
En este ítem hay una clara diferencia a nivel de géneros al formular la pregunta, porque un 43% de las mujeres está de acuerdo con mantenerlo, cifra que baja drásticamente a un 25% en los hombres.
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