Algo huele mal en las comunas del sector oriente de Santiago
por Carlos Huneeus 16 septiembre, 2021
Crédito: ATON
La denuncia al Ministerio Público y la querella presentada por la Municipalidad de Vitacura por malversación de caudales, que benefició a funcionarios y colaboradores de ella, incluido el exalcalde Raúl Torrealba (RN), quien recibió mensualmente cinco millones de pesos en efectivo, remeció a la elite política. Las prácticas de corrupción conocidas en otras comunas de la capital –como San Ramón y Colina– y también de regiones –Viña de Mar y Coquimbo, por ejemplo– no eran hechos aislados. También ocurrirían en las comunas de la zona oriente de Santiago.
La justicia decretó el allanamiento de la casa de Torrealba y el alzamiento de sus cuentas bancarias. El exalcalde, que está además siendo investigado por fraude de subvenciones y lavado de activos, tardó pero finalmente renunció a RN, y el presidente de la colectividad, el senador Francisco Chahuán, pidió que aclare lo ocurrido. Mientras tanto, Torrealba guarda silencio y es defendido por sus abogados y también por el actual delegado presidencial para la Región Metropolitana y exintendente regional, Felipe Guevara, quien trabajó 12 años en la Municipalidad de Vitacura y afirmó creer en la inocencia de su exjefe.
La información que reunió la nueva alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evópoli), exministra del Trabajo en el primer Gobierno de Piñera, le llevó a realizar la denuncia para cortar el nudo gordiano constituido de abusos, amiguismo, discrecionalidad y prácticas oscuras en la era de Torrealba. Bastó su señal política para que algunos colaboradores de Torrealba se autodenunciaran, relatando las prácticas del exalcalde, incluyendo los pagos. Eran un secreto a voces, pero nadie lo había denunciado públicamente.
Una nueva arista se incorporó a las denuncias esta semana. En el último año y medio, el municipio de Vitacura pagó más de $ 3.200 millones por horas extras, en plena pandemia, incluidos funcionarios que trabajaban de forma remota. En tres casos, el contralor, el director de administración y finanzas y la exdirectora de desarrollo comunitario –quien denunció haber entregado sobres con dinero a Torrealba– recibieron cada uno más de 20 millones de pesos en 18 meses por concepto de horas extra, según publicó la prensa.
Vitacura tuvo, por primera vez en décadas, una alternancia de poder, con las consecuencias que esto significa: revisión de la gestión de la anterior administración que se extendió durante un cuarto de siglo.
También hubo alternancia de poder en Lo Barnechea. El nuevo alcalde, Cristóbal Lira (UDI), elegido en mayo pasado, ha impulsado una auditoría de la gestión de su antecesor, Felipe Guevara (RN). Informó a la Contraloría sobre las millonarias donaciones a la comuna hechas por la empresa Anglo American, que tiene un yacimiento, Los Bronces, situado en la comuna, de la cual depende un permiso medioambiental, actualmente en trámite en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) desde julio de 2019. En julio último, la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) detalló que parte de esas donaciones sirvieron para financiar construcciones del municipio.
Un enclave privilegiado
Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea constituyen un sector de Santiago que pone de manifiesto la profundidad de las desigualdades económicas, sociales y territoriales en Chile. Las tres comunas disponen de recursos institucionales privilegiados, con servicios públicos, dotación de Carabineros y servicios de seguridad privada como ninguna otra. Cuentan con clínicas y establecimientos de educación del más alto nivel, así como centros comerciales, lo que permite a sus habitantes atender sus necesidades sin salir de esa área de la capital. Las autopistas urbanas les permiten desplazarse con rapidez a su segunda o tercera vivienda en la Región de Valparaíso. ¡Es como vivir en las ciudades más modernas de EE.UU. o Europa occidental!
Las prácticas de corrupción conocidas en otras comunas de la capital –como San Ramón y Colina– y también de regiones –Viña de Mar y Coquimbo, por ejemplo– no eran hechos aislados. También ocurrirían en las comunas de la zona oriente de Santiago. Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea tienen enorme relevancia política para Chile Vamos porque sus partidos cuentan con una base electoral fiel y estable, pero ha faltado el recurso fundamental de control del poder político, la accountability vertical, el cambio de la autoridad por el voto. Los alcaldes han contado con recursos de patronazgo y clientelismo que les han facilitado la reelección y el desarrollo de sus intereses políticos y los de partidos, con prebendas a personalidades y activistas, como pasó con Raúl Torrealba, quien fue un jefe comunal todopoderoso en Vitacura, donde no se movía una hoja sin su autorización.
El parentesco que vincula a la élite política y económica que vive allí se refuerza con lazos de amistad estrechados en reuniones, almuerzos y prácticas deportivas en los clubes sociales y deportivos de estas tres comunas (Club de Polo y Equitación San Cristóbal y Club de Golf Los Leones). El directorio del histórico Club de la Unión, situado en la Alameda Bernardo O´Higgins, a pocos metros de La Moneda, admitió, a regañadientes, que un grupo de socios abriera una sucursal en Las Condes para servir como lugar de encuentro de quienes viven y trabajan en la zona oriente de la capital.
En síntesis, se configura allí un enclave social y político, una suerte de apartheid, cuya población no interactúa con la del resto del país –el Chile real– ni se interesa por conocer sus carencias y debilidades. No sorprende que el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, hoy candidato al Senado por la Región Metropolitana, admitiera no tener conocimiento de la dramática realidad de los allegados.
Caciquismo comunal
Las tres comunas tienen enorme relevancia política para Chile Vamos porque sus partidos cuentan en la zona oriente con una base electoral fiel y estable, que le ha permitido mantener el control de los municipios en forma ininterrumpida desde 1992, año de las primeras elecciones locales tras la dictadura. En ninguna de estas comunas ha habido alternancia del poder municipal, es decir, la entrega del poder a la oposición de centroizquierda. Ha faltado el recurso fundamental de control del poder político, la accountability vertical, el cambio de la autoridad por el voto. Los alcaldes han contado con recursos de patronazgo y clientelismo que les han facilitado la reelección y el desarrollo de sus intereses políticos y los de partidos, con prebendas a personalidades y activistas.
En democracia, hasta 2021 Las Condes tuvo dos alcaldes, ambos UDI: Joaquín Lavín, en dos períodos (1992-1999 y 2016-2021), y Francisco de la Maza (2000-2016). Lo Barnechea ha tenido solo dos alcaldes en el mismo período: Marta Ehlers (RN) (1992-2008) y Felipe Guevara (RN) (2008- 2019). Anteriormente, Guevara trabajó durante 12 años en Vitacura con el alcalde Torrealba, siendo director de la importante unidad de Desarrollo Comunitario.
Ehlers no pudo postular por quinta vez porque se hicieron públicas graves irregularidades en su gestión, denunciadas por Ciper: actas, documentos y operaciones inmobiliarias en su comuna mostraban cómo el Plan Regulador que aprobó en 2002 le permitió vender su propiedad en 2005 al triple del precio que costaba antes de dicho instrumento. Según este medio, en la operación habría tenido un papel crucial su marido, empresario inmobiliario, extesorero de RN y exalcalde de Las Condes (1982-1985).
La continuidad de los alcaldes ha sido excepcional, porque la regla general en política local es su alternancia. Por ejemplo, la comuna de Santiago ha tenido siete alcaldes y cuatro alternancias de poder desde 1992, la última de ellas con las elecciones del 15 y 16 de mayo, cuando se impuso la candidata del Frente Amplio y el PC.
El gran señor de Vitacura
Raúl Torrealba, uno de los fundadores de RN, fue alcalde desde 1996, reelegido en las cinco elecciones siguientes (1996-2021). Solo la ley que prohibió la reelección de alcaldes le impidió postular nuevamente.
Durante seis períodos erigió una base de poder político comunal con un grupo reducido de colaboradores en la administración municipal, y las corporaciones de derecho privado, estas últimas sin fiscalización de la Contraloría, contratados a honorarios, sin ser funcionarios de las dos organizaciones. La municipalidad tiene nueve programas “Vita” (niñez, adulto mayor, empresarios, deportes, etc.); uno de ellos tiene un presupuesto de $ 1.700 millones, monto similar a las asignaciones que pidió la Convención Constitucional, $ 1.773 millones. Torrealba fue un jefe comunal todopoderoso en Vitacura: no se movía una hoja sin su autorización.
Torrealba extendió su poder a RN, donde llegó a ser uno de los vicepresidentes (2011-2004) cuando Sebastián Piñera presidía este partido y preparaba su candidatura presidencial en las elecciones de 2005.
Las irregularidades en el municipio y el estilo de gestión discrecional y abusivo de Torrealba eran conocidos. Sin embargo, un manto de silencio lo protegió. En el concejo comunal solo se opuso a él una independiente elegida en la lista del PDC, Luz Pacheco. Ella levantó su voz en las sesiones para cuestionar decisiones de Torrealba, pero este la ignoraba. La aspiración de suceder a Torrealba llevó a concejales de derecha a guardar silencio y evitaron criticar su labor para evitar que él fuera un obstáculo en ese objetivo.
Precariedad del republicanismo
Al analizar los antecedentes históricos e institucionales de la democracia en el Brasil, el destacado cientista político argentino Guillermo O'Donnell (1997) llamó la atención sobre la importancia de la tradición republicana como una dimensión indispensable para las democracias contemporáneas. “Lo republicano se basa en la imprescindible distinción entre lo público y lo privado o personal”, dijo O'Donnell. De ese principio surge “la idea del gobernante como servidor de la ciudadanía, en cuya representación administra los intereses públicos". Además, “constituye el fundamento del imperio de la ley, que consagra la distinción entre las esferas pública y privada, somete las decisiones del gobernante a sus reglas y sanciona sus eventuales violaciones” (O'Donnell, 1997: 240).
Más aún, el mandatario y el funcionario, agrega O'Donnell, están obligados a rendir cuentas por sus acciones con suficiente transparencia como para que la ciudadanía pueda evaluar su gestión y ratificarla o rechazarla en elecciones limpias y competitivas. Es la accountability de la democracia. Así, “la ciudadanía supone un gobierno no solo democrático, sino también republicano. La dimensión republicana es indispensable para la efectiva garantía de los derechos de la democracia política” (O'Donnell, 1997: 241).
Las municipalidades son hoy un amplio espacio del Estado donde el republicanismo es muy débil. Vitacura y Lo Barnechea lo confirman. Desde 1992, cuando entró en vigencia la Ley 18.695, Orgánica de Municipalidades, y se realizaron los primeros comicios municipales, y hasta julio de 2021 han sido destituidos 30 alcaldes, por distintos motivos, aunque todos apuntan a abusos de poder, “desorden administrativo”, “notable abandono de deberes” y corrupción.
Sin embargo, las consecuencias políticas de las destituciones son limitadas. Pedro Velásquez (ex PDC), alcalde de Coquimbo desde 1992 hasta junio de 2006, fue suspendido tras una querella de la entonces senadora Evelyn Matthei. El fallo de la justicia le prohibió de por vida ser alcalde, pero no le impidió ser parlamentario. En las elecciones de 2009, Velásquez fue elegido diputado por el distrito 8, que incluye la comuna de Coquimbo, sin siquiera haber pagado la multa de $ 165 millones que incluyó el fallo condenatorio. Hoy postula al Senado en la lista de Chile Vamos.
Muchos parlamentarios de otras comunas carecen del mismo celo para controlar la probidad de los alcaldes. El silencio ante sus prácticas clientelistas y hasta delictuales ha impedido que el principio republicano se consolide en este nivel del Estado.
La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, inició una nueva era en la comuna, al dar una potente señal que debería ser seguida por otros alcaldes, especialmente de derecha. Ello apunta al necesario restablecimiento de los principios republicanos, que seguramente serán considerados en la nueva Constitución. También los actores del sector privado deberían reflexionar con una autocrítica sobre su tratamiento favorable en la larga era del exalcalde Torrealba. El principio republicano, de separar los intereses públicos y privados y cuidar la fe pública, requiere ser restablecido no solo por autoridades y funcionarios, sino también por los actores privados.
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