por Mesa de noticias de El Mostrador 17 octubre, 2022
Crédito: Agencia Uno
De cara a un nuevo aniversario del estallido social –lo que ocurrirá mañana–, la Universidad Diego Portales (UDP) emitió un capítulo de su Informe Anual de Derechos Humanos en Chile, 2022. En el texto, revelan que a abril de este año se han ingresado 8.593 causas contra agentes del Estado. De ellas, solo 75 se han formalizado, con 128 agentes involucrados.
El documento –elaborado por los académicos Lidia Casas, Danitza Pérez y Eduardo Alcaíno– da cuenta de que entre las 75 causas formalizadas, destacan "35 casos por el delito de apremios ilegítimos, cinco por lesiones graves, 18 por vejaciones injustas y seis por torturas".
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"En estas causas formalizadas, en ocho casos los imputados han sido sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, en 12 a arresto domiciliario, 33 a arraigo nacional, en 42 con prohibición de acercarse a la víctima. La prisión preventiva se ordena en un 10,6% de los casos de agentes imputados", añadieron.
Respecto a las acusaciones o requerimientos presentados para llevar el caso a juicio, hasta abril del 2022 se presentaron en 30 causas, en contra de 64 imputados; de estos, 44 por apremios ilegítimos.
Entre los delitos que destacan, al menos 18 han sido por apremios ilegítimos, 2 por homicidio frustrado, 7 por tortura y apremios ilegítimos, 7 por vejaciones injustas, 2 por obstrucción a la investigación, entre otros.
"Hasta abril del 2022 la información del Ministerio Público mostraba casos con diez sentencias, de las cuales nueve con condena, y una absolución. En aquellas sentencias condenatorias, se ha logrado penalizar a 16 agentes del Estado. En relación a los delitos, en seis casos ha sido por apremios ilegítimos", señalaron.
Las cifras globales no muestran un gran cambio respecto a las cifras recopiladas por la UDP en el informe del 2021. De las 8.581 causas contra agentes del Estado hasta enero del 2021, 5.102 (60%) se encuentran concluidas. De los casos terminados, un 54,4% (2.775) lo fueron mediante la herramienta del archivo provisional.
Diferencias con detenidos en protestas
En el informe del 2021, los autores consignaron que "hubo un uso abusivo de la prisión preventiva por desórdenes públicos como medida cautelar", contra personas detenidas en protestas, en el marco del estallido social.
"La persecución penal tanto de agentes del Estado como de personas detenidas y encarceladas en el contexto del estallido social, presenta diferencias radicales", reiteraron en el capítulo del informe 2022.
Dificultades en persecución
De acuerdo al documento, existen al menos dos razones que dificultan la persecución de agentes del Estado: "Por un lado, el tiempo que transcurre entre el hecho delictivo y el momento en que efectivamente se recoge la evidencia; y por otra, que gran parte de dicha evidencia se encuentra en manos de quienes están siendo acusados".
Un abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) explicó a los autores que, en el caso de las grabaciones de cámaras de seguridad, Carabineros informa que ya no existen registros audiovisuales, si es que los hubo, pues se mantienen solo por un tiempo. "Ello explicaría, entre otros factores, que un 80% de las investigaciones haya terminado sin resultados", indica el texto.
"Lo antes expuesto se refuerza si se considera que, del total de ingresos, un 90% corresponde a causas donde la víctima desconoce la identidad de su agresor y se refieren a delitos de lesiones causados por el uso de balines o agresiones espontáneas sin mayores lesiones en el contexto de marchas. Situación similar se produce con defensores y defensoras de derechos humanos que han recibido amenazas anónimas y cuyos casos denunciados no presentan mayores avances", añade el documento.
A su vez, el informe apunta que "la discrecionalidad en la persecución y la falta de observancia a las instrucciones o lineamientos, incluso los que establece la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, se presentan como algunos de los grandes problemas para el avance efectivo de las investigaciones".
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