Con la extrema derecha controlando cómodamente el proceso constitucional que conducirá a una nueva Carta Magna, de diagnóstico reservado, el mundo democrático dispone de escaso tiempo para asumir lo ocurrido, formularse una severa autocrítica, reposicionarse a la brevedad y reconstruir de inmediato, desde ayer, un potente movimiento popular capaz de sumar más decisión y más voluntades para revertir la derrota constitucional considerando que el partido que se está jugando terminará recién el día del plebiscito de salida, el 17 de diciembre, que resolverá en definitiva.
No hay que bajar los brazos ni quedarse en el suelo haciendo acusaciones cruzadas y lamentando los resultados de las recientes elecciones, porque ello no cuadra con la fuerza, la convicción y la masividad admiradas en expresiones como el estallido social que puso sobre el tapete inestimables principios octubristas a la cabeza de los cuales siempre estuvo la necesidad de una nueva Constitución ciudadana, legítima, igualitaria y solidaria, de derechos, inclusión y justicia social.
El poder reaccionario de la época de las cavernas viene de propinar un violento e inesperado golpe bajo a la democracia a la que sorprendió descuidada en un infortunado momento, pero que sin duda se va a recuperar cuanto antes y persistirá en su objetivo central. Este no es otro que poner término al indeseado legado dictatorial que favorece abiertamente a la oligarquía, privilegia a los ricos con la concentración económica y sobrepone al mercado manipulado por una minoría en desmedro del Estado que es de todos.
Paradojalmente ganó un partido que nunca quiso cambiar la Constitución, porque le bastaba con la del dictador. Lo hizo en gran medida por los enormes aportes financieros con que contaron sus candidatos por parte de grupos económicos que apoyaron las campañas de la derecha y la ultraderecha, en que sobresalieron el grupo von Appen y la familia Hurtado Vicuña.
Aquí se ha producido una involución conservadora que aprovechó la contingencia, el clima de inseguridad – que deriva del modelo – y el malestar de la gente por la forma en que se ha llevado al país en los últimos años. Ese aprovechamiento no va a durar mucho, no tiene proyecciones y pareciera provenir de barras bravas que tienen una propuesta muy agresiva para vastos sectores de la sociedad, incluyendo a las mujeres, los movimientos sociales y los pueblos originarios. No se advierten espacios destinados a superar la actual crisis.
La autocrítica debe conocerse de parte de quienes se confiaron y en especial de los que cayeron en la trampa del denominado “Acuerdo por Chile”, impuesto por los partidos tradicionales que no quieren cambios y al que inexplicablemente se sumaron sectores no comprometidos con el sistema. Ese “acuerdo” fue ideado tras el fallido proceso constitucional que terminó el 4 de septiembre del año pasado, el que abría el camino a los propósitos refundacionales y a las transformaciones estructurales a que aspiran las grandes mayorías.
Desde comienzos de este año las cúpulas de los partidos tomaron en sus manos el proceso constitucional, lo secuestraron y manejaron a su antojo. Instalaron una comisión de expertos nunca se supo en qué y luego designaron a militantes de sus filas como candidatos al Consejo Constitucional integrado por 50 miembros, todo ello a espaldas de la calle. Por eso esta vez no hubo listas del pueblo, ni de independientes, movimientos sociales, regionalistas ni medioambientalistas, marginados sin ninguna justificación, y tampoco se tomó en cuenta a los pueblos originarios que fueron borrados del mapa.
El propio presidente Boric apremiado por la oposición, avaló esta exclusión mayoritaria. A raíz de ello la ciudadanía no tardó en manifestar su desazón: muchos dijeron que este era un proceso elitista, otros prefirieron no participar por tratarse de un acontecimiento espurio y no faltaron los que denunciaron un fraude a la democracia.
Ese malestar se tradujo en los mismos locales de votación, no tanto en la abstención que no alcanzó cifras mayores por las fuertes multas a los infractores del sistema obligatorio con que amenazó el Servel. Sí hubo millones de personas que acudieron a los locales solo para dejar de manifiesto su protesta: entre los votos nulos y en blanco hubo un total superior a los 2 millones 680 mil sufragios, cantidad sustantiva de los 12 millones 415 mil votos emitidos.
En caso de que el movimiento popular logre en las próximas semanas recuperar esos votos, habrá cumplido parte importante de su tarea. No se descarta que el amplio triunfo de los Republicanos que ni ellos mismos esperaban, haya sido solo la fotografía de un momento determinado – sostienen analistas – porque las grandes mayorías electorales son muy líquidas y suelen escurrirse rápidamente, según consta en similares episodios que hubo antes en la historia política del país.
El Partido Republicano se alzó como un sorpresivo ganador, con 3 millones 451 mil preferencias (35,4% del total) que es el mejor resultado electoral de un partido desde el siglo pasado, pero nadie puede asegurar que esa marea se repetirá más adelante. En 1965 tras la victoria presidencial de Frei Montalva con mayoría absoluta, la Democracia Cristiana arrasó en las elecciones parlamentarias pero muy luego comenzó su decadencia. Frei Ruiz-Tagle ganó apoyado por todas las colectividades que integraban la ex Concertación, y en la actualidad el PDC está solo, ha tocado fondo y pareciera a punto de desaparecer.
Es posible que el Consejo Constitucional quede presidido por el candidato con la mayor votación individual republicana. Este es un profesor de apellido Silva, docente de una universidad privada, investigador de la Fundación “Jaime Guzmán”, miembro del Opus Dei y muy cercano al líder fascista Kast. Ello no da para dos interpretaciones, sino que solo viene a corroborar que la nueva Constitución tendrá un carácter retrógrado y antipopular, y quizás hasta resulte peor que la de la dictadura.
El Grupo de Puebla ha señalado que “entendemos los resultados de esta elección como una alerta temprana para el progresismo latinoamericano por los peligros que se ciernen por el evidente avance de la derecha reaccionaria regional a través de actuaciones políticas y consignas populistas que van en contravía de las legítimas reivindicaciones como la inclusión social, los derechos humanos y la libertad que defendemos”.
No todo está perdido: a fines de año el pueblo tiene aún la oportunidad de rechazar la propuesta de la extrema derecha y dar paso a un tercer proceso constitucional que lleve a la redacción de una nueva Constitución que signifique pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derecho, con más y mejor democracia y la restitución de los derechos sociales de toda la ciudadanía.
Por Hugo Alcayaga Brisso
Valparaíso
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