Por: Carolina Ceballos | Publicado: 01.09.2023
En medio de una cruda cronología de los hechos que han marcado el crimen de uno de los casos más brutales de la dictadura, todavía sin justicia, Roberto Celedón anuncia que se apresta a solicitar la reapertura del caso que cataloga como el más relevante de su dilatada carrera de abogado. ¿Por qué? “Porque se dañó la inocencia”, sincera con evidente conmoción e impotencia.
Rodrigo Anfruns Papi habría cumplido 50 años el 12 de febrero, de no haber mediado la intervención de la dictadura militar, que puso abruptamente fin a su infantil candidez cuando apenas se empinaba sobre los seis años, esa fatídica tarde de domingo 3 de junio de 1979, cuando se encontraba en casa de su abuela paterna.
Hoy, a 44 años del todavía irresuelto crimen que golpeó a la sociedad en tiempos del gobierno militar, el abogado que tomó la causa el año 2014, Roberto Celedón, hace un sentido repaso respecto de las circunstancias que rodearon su desaparición y posterior homicidio, y entrega nuevos antecedentes que reabren la esperanza a la familia de, por fin, llegar a los responsables.
A ratos con lágrimas en los ojos, el experto en causas de derechos humanos comparte un documento inédito: el pasaporte británico del pequeño Rodrigo, emanado a partir del trabajo de sus padres en tiempos en que la familia Anfruns Papi no imaginaba los hechos que la marcarían irreversiblemente, cuando se radicaban en Londres para hacer un doctorado.
Hoy, al pequeño le sobreviven su madre Paola y sus hermanos José Pablo y Loreto. Jaime, el padre, murió de la tristeza al no poder sobrellevar un hecho tan brutal que aún no tiene justicia. Una justicia dolorosamente esquiva, pero que Celedón busca incansablemente en medio de su ajetreado día a día en su estudio de abogados.
Es en este lugar, emplazado en el kilómetro cero de la capital, en plena Plaza de Armas, que detalla la cronología del caso anticipando una importante diligencia que se apresta a liderar.
[Te puede interesar] Militar condenado por portar arma que mató a Víctor Jara se suicidó para evitar la cárcel
«Fue obra de la dictadura»
«Lo de Rodrigo fue obra de la dictadura», comenta de entrada a El Desconcierto detallando que comenzó a involucrarse con el crimen el año 2004, a propósito de una consulta de unos periodistas de «Informe Espacial» (TVN).
«No conocía el caso porque, cuando ocurrió, yo estaba en el exilio», dice al precisar que fue cuando le dieron los antecedentes de Jorge Rodríguez, un «teniente de Carabineros que vio cómo llegó (el cuerpo del niño) al sitio eriazo, detrás de la casa donde lo encontraron el 14 de junio de 1979, 11 días después de su secuestro», que pudo tomar la hebra de los hechos.
Siguiendo con su cronología, explica que fueron los reporteros Isabel Rodríguez y Abner Machuca quienes le comentaron que tras «preguntar por el expediente, les dijeron que se había perdido desde el Sexto Juzgado del Crimen. Años después lo encontramos en Talca. Ellos tenían una entrevista a una persona que decía conocer a quien le constaba que al niño lo dejaron detectives en el sitio eriazo, la noche del jueves 13 de junio, un día antes que el cuerpo fuera descubierto».
«Hay que pedir que se certifique el hecho», cuenta que les dijo a los periodistas previo a su lectura del libro en torno al caso, escrito por Soledad Pino.
«Les pedí antecedentes y les dije: ‘Lo que me están contando no es un delito cualquiera, es un delito de lesa humanidad, cometido por agentes del Estado contra un niño… había una hipótesis de por qué lo secuestraron desde la casa de su abuela paterna, que estaba casada con el subdirector de Correos a la fecha del secuestro, un coronel que me pareció un hombre honesto», explica el abogado.
«Su hijo fue el general más joven en tiempos de Pinochet», precisa Celedón antes de agregar otro dato: «Esta persona, Luis Iracabal Lobos, que Pinochet nombró director de Famae, después fue condenada por corrupción en un juicio contra Pinochet».
«Quienes debían hacer justicia no lo hicieron»
«El padre (de Rodrigo), Jaime Anfruns, al igual que su abuelastro, el coronel Iracabal, fallecieron muy jóvenes. Testimonios de diversas personas asociaban estas muertes al dolor. De alguna manera, en la historia completa, el capitán de Ejército había tenido conductas muy equívocas, ligadas a los servicios de inteligencia y tenía muchos vínculos con Manuel Contreras», asegura.
Indagando en un caso que hasta ese momento desconocía, el abogado Celedón empezó a involucrarse en la causa hasta asumir definitivamente la defensa. «‘¿Quién es la mamá’, pregunté: ‘Paola Papi’, me dijeron y me la presentaron».
«Según lo que investigó en ese tiempo el ministro Ricardo Gálvez, los hechos que conocí, y el testimonio de Jorge Rodríguez, pensé que estábamos frente a la figura de un hecho muchísimo más grave de que lo que se investigó en el primer proceso y que terminó con el sobreseimiento de un inculpando: un joven inocente (identificado con las siglas P.P.V)'», dice Celedón apuntando al adolescente al que, en primera instancia, se le atribuyó el secuestro y posterior crimen del pequeño Rodrigo.
«Lo que hay que hacer es querellarse por secuestro y homicidio calificado de un niño», planteó Celedón como estrategia judicial en esa oportunidad.
«Ahí tomé el caso, nos querellamos y, en esa causa, pedimos que se recibiera el testimonio del teniente (de Carabineros) Rodríguez. Por razones que no comprendo hasta el presente, quienes debían resolver el caso, hacer justicia, no lo hicieron», cuestiona.
«Algunos que tuvieron la dirección de este proceso, a pesar de las evidencias, no tomaron las decisiones correspondientes», comenta confirmado que este incomprensible modus operandi se constató en más de una oportunidad ya en plena democracia.
«Una gran mentira»
Fue en ese ir y venir que el caso se abrió, cerró, se volvió a abrir y luego se volvió a cerrar en una suerte de injusto destino que parecía imponerse a la aliviadora verdad que la familia Anfruns Papi sigue esperando. A más de 40 años del crimen de Rodrigo.
«Primero lo cerraron en dos oportunidades diciendo que se mantenía la decisión del ministro Gálvez Blanco de que el autor (era) P.P.V., menor de edad (tenía 16 años al momento de los hechos) inimputable. De hecho, lo declararon sin discernimiento para cerrar el caso y esclarecerlo judicialmente, lo que era una gran mentira, una tremenda mentira», recalca.
En un incomprensible entramado, siguieron sucediéndose hechos que sólo mermaban las esperanzas de hacer justicia por el pequeño Rodrigo y su familia. El primero de ellos fue «el testimonio del teniente Jorge Rodríguez, que desmentía categóricamente» la tesis del ministro Gálvez, recuerda el abogado.
Según Celedón, «el teniente Rodríguez comandaba la Comisión Civil de Carabineros de la 14° Comisaría de Providencia cuando, un día 13 de junio, recibió órdenes de dejar el caso, cosa que le llamó profundamente la atención, porque estaba tremendamente conmovido. Se acercó a la familia ese día para informar que le estaban pidiendo retirarse de la investigación».
Muerte en viaje
«Ese día, el director de Investigaciones, el general Ernesto Baeza, con un comisario importante, dieron una conferencia de prensa privada a directores de medios sobre el hecho de que estaban próximos a aclarar el caso de Rodrigo y que habría un menor de edad involucrado (P.P.V.)», agrega respecto de las confusas circunstancias que rodearon el caso por esos años.
El hecho ocurrió 13 días después de la desaparición del niño Anfruns. Según la investigación del abogado, Rodrigo habría «fallecido en un viaje. Está completamente acreditado que es en un traslado de un lugar a otro por parte de Investigaciones, que se les asfixió. Lo pusieron en la maleta del auto».
Y agrega que para ese día, P.P.V. ya estaba detenido. «Falleció eventualmente de manera accidental. En este contexto hacen la conferencia con los directores de medios, en tiempos de dictadura», cuenta Celedón.
Chevrolet Impala
«Al día siguiente aparece el niño desaparecido en el sitio eriazo que estaba a la espalda del inmueble donde vivía el coronel Iracabal y su señora, la abuela paterna de Rodrigo, la señora Guillermina Stange. Para el coronel y la señora fue un dolor tremendo», revela.
Esa noche, sigue relatando Roberto Celedón, «Jorge Rodríguez y un par de carabineros más de la Comisión Civil, se habían acercado a la familia. Usaban el sitio eriazo para fumar y ahí llegó un auto Chevrolet Impala y sacan de la maleta el cuerpo de un niño que llevan para depositarlo. Jorge Rodríguez lo vio, él detiene a los detectives (dos) y cuando los lleva hacia la comisaría es que le ordenan dejarlos libres».
Pero no sólo eso. También «recibe orden de que nunca más se meta en nada. Ahí terminó todo. Esto fue la noche siguiente del hallazgo del cuerpo del niño en 1979 y Rodríguez, el 2004, se acerca a la familia a contar esto. Y por alguna razón, esta versión se les transmitió a estos periodistas de ‘Informe Especial’. Ellos recibieron la confirmación de Jorge Rodríguez, que fue entrevistado en Informe Especial», relata Celedón antes de aclarar que fue con este testimonio que se presentó «la querella por delito de lesa humanidad, muy distinta a la de 1979, que fue por homicidio».
«Esa investigación de Ricardo Gálvez Blanco quedó con esa verdad judicial: P.P.V. como autor. Nosotros la reabrimos y logramos determinar que la fecha de muerte de Rodrigo fue 36 horas antes del hallazgo de su cuerpo… el 12 de junio puede haber sido. Eso lo determina un perito español y luego un informe del Servicio Médico Legal (SML) que también determina que el niño tenía entre 36 y 48 horas de fallecido», cuenta.
Lo que es evidente para Celedón es que aquello «contradecía la versión oficial, que afirmaba que el niño había fallecido el domingo 3 (de junio). Así lo declaró el director general, Ernesto Baeza, y el subdirector de la época de Investigaciones. Y eso es una mentira, algo completamente brutal. Por razones incomprensibles, no se hizo justicia».
Nuevos antecedentes para reabrir el caso
«Hace muy poco recibí una información que no conocía. El año 2012 o 2013 fueron a Estados Unidos dos detectives a interrogar a un psicólogo que había atendido, como medida de resguardo, al menor P.P.V., quien había quedado bajo medidas de seguridad en una casa de menores», recapitula Celedón.
«Fueron dos PDI para que el psicólogo declarara que fue P.P.V…. que P.P.V. había reconocido ante él que él fue. Y el psicólogo les dice: ‘Nunca me declaró una cosa así’. Ante esa negativa de decir una mentira que inculpara a P.P.V. como autor del homicidio del niño, regresaron a Chile informando al ministro instructor el resultado de esta diligencia fallida», detalla el abogado.
Quién era el ministro a cargo es una información que Celedón opta por reservarse, pero aclara que sigue siendo ministro y que actualmente se desempeña en la Corte Suprema. Ahí, «a diferencia de los anteriores cierres del sumario que declaraban que no había fundamento para alterar lo resuelto por el ministro Gálvez, declararon sobreseimiento temporal. Ahí cerraron nuevamente el caso, ahora con una diferencia: que no es la verdad oficial la que oficializó Gálvez».
Se trata de un sobreseimiento, como confirma el abogado querellante, sujeto a la aparición de nuevos antecedentes que podrían redundar en la reapertura del caso y que, tratándose de un delito de lesa humanidad, es imprescriptible.
Se conoce como «el crimen de la PDI»
¿De qué se trata? «De un testimonio que obtengo de manera muy reciente y espero poner en conocimiento de la justicia próximamente», asegura Celedón absteniéndose de entregar mayores detalles al respecto, pero confirmando que a partir de este hecho solicitará la reapertura del caso.
«Después, con el paso del tiempo, recibí a una detective. Me declaró que ella había sido funcionaria y que internamente al caso se le conoce como ‘el crimen de la institución’. El caso Anfruns se conoce internamente como el crimen de la Policía de Investigaciones», cuenta respecto del sinceramiento de la profesional.
¿Sabe quiénes fueron?, es la pregunta obvia que se desprende del relato de Celedón, quien dice tener «aproximaciones» de los responsables del homicidio institucional, asegurando además que fue cometido por «más de una persona».
Entonces, ¿hay chances de que este nuevo antecedente permita reabrir el caso?, le preguntamos a renglón seguido.
«Espero que sí, porque es un agravio a la conciencia nacional dejar en esa impunidad el asesinato», dice convencido.
«Se trata de un niño»
Para Celedón, el caso es considerado el «más importante de su carrera como abogado porque se trata de un niño. Se trata de la convicción de una mujer extraordinaria como es su madre, Paola Papi, de que el asesino no fue P.P.V.».
«La verdad nos hará libres, ¿por qué ocultar si la mentira es un agravio?. Y una mentira de esta envergadura es inaceptable. Se secuestra a un niño, se mata a un niño y lo mejor que tiene la humanidad son los niños», dice tan conmovido como convencido de su cruzada.
«Si se acredita, como yo creo con estos nuevos elementos, lo mejor para ellos es decir la verdad. Si siguen con la mentira se van a salvar de la cárcel, pero no del juicio final», agrega.
Rodrigo, «un rostro de la dictadura»
¿Cómo siente que ha transitado Paola Papi por este caso a lo largo de cinco décadas?
-Es una mujer de una nobleza interior tremenda. Pocas veces he visto a un ser humano con esa carga de sufrimiento tan noble. Como todo ser humano, busca la verdad. Y creo que para mí también, porque se dañó la inocencia y este país ha perdido la inocencia, y eso no debe ser.
Ahora que se conmemoran los 50 años del Golpe de Estado, cuando piensa en Rodrigo, ¿qué siente?
-Es un rostro de lo que fue capaz de hacer la dictadura, Mintieron siempre. Yo soy cristiano y Cristo llama al demonio ‘el príncipe de la mentira’. Mataron a Carlos Prat y aquí condenaron el crimen; mataron a Orlando Letelier y aquí condenaron el crimen; atentaron contra Bernardo Leighton y aquí condenaron; secuestraron y mataron a 119 (personas) y mintieron. En todo han mentido. El príncipe de la mentira ha gobernado este país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario