PAÍS
Una semana agitada, con recriminaciones desde agrupaciones de Derechos Humanos respecto a la manera en que el gobierno ha abordado el Plan Nacional de Búsqueda, es lo que ha tenido que salir a responder la nueva jefa de la subsecretaría del ramo.
A medida que se acercaba la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el ambiente en torno a los derechos humanos se comenzó a tornar cada vez más tenso.
La previa de la ceremonia, realizada el viernes en el Cementerio General, tenía ingredientes suficientes para que la cita no pasara inadvertida: las críticas de agrupaciones de DD.HH. sobre el plan de búsqueda, el pago por trato directo de la plataforma contemplada en la iniciativa y la renuncia del emblemático exdetective Sandro Gaete.
Acontecimientos que la nueva subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, tuvo que digerir en sus primeros días en el cargo y que hoy responde a El Mostrador.
–¿Cuánto ha avanzado el Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el Presidente Gabriel Boric ?
Yo creo que es importante partir mirando la panorámica completa. Uno dice Plan Nacional de búsqueda y, lo primero que se viene a la cabeza, es la lógica de la búsqueda tipo forense. Pero la verdad es que es harto más amplio que eso. En primer lugar, se busca el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de las personas víctimas de desaparición forzada. Lo que nosotros hemos llamado la construcción de la trayectoria, o sea, indagar hasta aproximarnos a su destino final o lo más cercano posible. Y ahí, por cierto, la investigación forense es un elemento clave fundamental, en conjunto con las trayectorias y la verdad judicial o extrajudicial. Lo otro que es muy importante, es la promoción de la participación informada y la publicidad de estos procesos. Y ahí tenemos, diría, un avance bien concreto, que es la instalación del Comité de Seguimiento y Participación…
-¿Cómo ha evaluado el gobierno las críticas que se han realizado en torno a las demoras y los gastos, que es uno de los puntos que han resaltado distintas agrupaciones de derechos humanos?
Creo que hay que hacer acuso de recibo de la crítica y tratar de transformar ese espacio que, hasta la fecha, ha sido un repositorio de información, más que un espacio de trabajo propiamente tal, y yo creo que es hacia ahí donde tenemos que avanzar. Es importante atender a las críticas pero, por otro lado, también equilibrarlo con la magnitud del desafío. Nosotros constituimos ese consejo, si uno mira las actas de ese comité, efectivamente la cuestión de la plataforma ha estado como punto de tabla. Lo que quiero decir, entonces, es que no es que nosotros hayamos tratado de esconder la pelota, en ningún sentido, sino que desde la institucionalidad no ponderamos lo significativo que una medida como esa podía ser para agrupaciones de familiares.
-¿Consideras que faltó diálogo o una comunicación más expedita con las agrupaciones?
Se mezclaron varias cosas. Por una parte, las tareas propias de la instalación de un comité como este y en eso depositamos harto tiempo. Para nosotros era importante avanzar mientras eso ocurría, igual que en otras medidas que estábamos adoptando y que tienen que ver con el sistema de la plataforma, que tiene un uso interno de búsqueda y también un segundo componente que es la participación. Entonces no solo respecto a las tareas que se desarrollan, sino también de habilitar espacios de publicidad y acceso a la información para la ciudadanía.
–A propósito de esto mismo, las agrupaciones de derechos humanos criticaron que se enteraron por la prensa sobre una toma de decisiones donde no participaron y que eso no estaba en las consideraciones iniciales del proyecto que habían acordado con el presidente Boric.
Claro, el comité efectivamente se constituyó. El punto respecto de la plataforma, y el trabajo que se estaba desarrollando ahí, fue un punto que nosotros propusimos en la tabla, creo que en la segunda sesión y, en ese momento, por las otras cosas que estaban ocurriendo al mismo tiempo, no hubo el espacio suficiente para abordarlo en la profundidad que requería. Pero no hubo una intención de esconder, sino más bien distintas ponderaciones sobre la importancia que tenía el trabajo de la plataforma. Nosotros quizás, institucionalmente, lo dimos por sentado, que eso era un paso que se iba a dar. Quizá no lo abordamos con el detalle que las agrupaciones esperaban. El propio ministro lo ha conversado ahora y yo personalmente también, intentando fortalecer ese espacio y darle un trabajo más orgánico y no simplemente, como decía, contarles los titulares.
–¿Por qué no se realizó una licitación de la plataforma en el marco del Plan Nacional de Búsqueda?
Hubo un primer momento donde hicimos la licitación del diseño de esta plataforma, en el año 2023, porque, efectivamente, habían otras plataformas parecidas o que habían sido utilizadas en contextos parecidos. Pero no era lo que nosotros, en realidad, estábamos buscando. Por eso se licitó el diseño de la plataforma, pensada para los objetivos específicos de nuestro plan. Que no solamente tiene esta dimensión forense, sino que también la de participación y una tercera de memorialización y garantías de no repetición. En ese momento no licitamos el proceso completo porque no teníamos, en el 2023, el presupuesto o los recursos para hacer el diseño completo, sino una porción menor. Por lo tanto se licitó el diseño.
–¿Por qué no se hizo lo mismo en el año 2024?
En el 2024, cuando ya contábamos con todos los recursos y teníamos la posibilidad de hacer este trabajo más robusto, se tomó la determinación en base a dos elementos. Uno, el sentido de urgencia. Licitar significaba empezar a trabajar en el diseño de la plataforma y su instalación tipo abril, por los tiempos que toman las licitaciones. La posibilidad de hacerlo vía trato directo, en cambio, permitía empezar desde enero y llegar al día de hoy con el desarrollo casi listo. Y, un segundo elemento, fue que hubo una buena evaluación técnica del trabajo que realizó la empresa que ganó la licitación del 2023. Y eso, ponderado junto con la celeridad, hizo tomar esa decisión al subsecretario anterior.
–Aunque públicamente no figura como una medida muy transparente. De hecho, uno de los directores de la empresa, se reunió con el ministro de Justicia y la cita no quedó registrada en la plataforma de lobby. ¿Hay una autocrítica desde lo estrictamente procedimental?
Hay una dimensión quizás más subjetiva que uno tiene que atender. Uno es cómo las cosas se perciben y otra es cómo las cosas efectivamente se desarrollan, que no necesariamente son lo mismo. Desde el punto de vista legal y administrativo, no hubo ninguna infracción a la normativa. El trato directo es una posibilidad que entrega nuestra normativa en las compras públicas en general. Y como te digo, ahí la ponderación fue el sentido de urgencia y la confianza técnica de la empresa que desarrolló un trabajo que había sido muy bien evaluado. Los tratos directos en la administración pública se hacen con bastante frecuencia. Ahora, cómo esto se ve hacia afuera, es quizás otro nivel de la discusión. Y respecto al lobby, el ministro ha sido muy enfático en que se reunió con muchas personas en el marco de los 50 años. Y con Unholster se había hecho un trabajo en este sentido, que entiendo fue lo que se conversó en esa reunión que, por lo demás, no tuvo por objeto vender un producto, sino más bien mostrar una iniciativa como muchísimas otras más.
–¿Cómo evaluó el Gobierno la renuncia al Plan Nacional de Búsqueda del exjefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos, Sandro Gaete, quien criticó duramente el pago que se realizó a esta empresa, argumentando que eso se estaba haciendo gratis y que, en rigor, se le estaba ocultando información a los familiares?
Yo ahí quizás los invitaría a una reflexión más institucional. Yo, antes que autoridad, soy funcionaria pública. Trabajo en la Subsecretaría desde el 2017 y fui parte de los primeros equipos de instalación junto con Sandro. Entonces, como funcionarios y funcionarias, tenemos harta responsabilidad cuando trabajamos en una institución del Estado, porque no lo hacemos a título personal sino como parte de un ejercicio funcionario que nos excede. Yo creo que es muy importante que hagamos ver nuestras aprensiones, a través de los canales administrativos y orgánicos con los que contamos. Lamento mucho que en el caso de Sandro, eso no haya sido así.
–La apertura de secreto del informe Valech es una medida planteada por el presidente y también la directora del INDH, Consuelo Contreras. ¿Es posible realizar esto y cuáles serían las dificultades para poder concretar esta iniciativa?
Desde el propio establecimiento del secreto, han existido voces a favor y en contra del secreto. Creo que ahí hay que abordarlas con la perspectiva histórica, de lo que era nuestro país cuando el secreto se estableció, hasta hoy que se cumplen 20 años desde el establecimiento del secreto. Hasta ahora han existido varios esfuerzos legislativos por tratar de levantar el secreto o al menos habilitar el acceso a esa información por parte de los tribunales de justicia. Hay un proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Constitución del Senado, que lo que busca es levantar el secreto para los tribunales de justicia, en el marco de los procesos de investigación judicial de crímenes perpetrados en la dictadura. El propio Poder Judicial, de hecho, se ha manifestado muy favorable a poder levantar el secreto para efecto de las investigaciones. Para nosotros sería muy importante también contar con esa información. Ese es el camino que estamos orientados y trabajando para que salga ese proyecto de ley.
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