FUENTE: RADIO VILLA FRANCIA
El gobierno, en medio de la reapertura del “Caso Quemados”, ha quedado en medio de un escenario complejo, en entredicho queda su real voluntad de terminar con los “pactos de silencios” o los “secretos” que han cubierto por más de dos décadas de impunidad los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura cívico militar en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1990 y que hasta el día de hoy no son aclarados, ni mucho menos se ha logrado justicia.
Michelle Bachelet y Carmen Gloria Quintana
Fue el jueves 30 de julio cuando Carmen Gloria Quintana, sobreviviente del “Caso Quemados” -ocurrido en julio de 1986- se reunió con la Presidenta Bachelet en La Moneda, allí hablaron en privado por casi 1 hora. A la salida ambas hablaron con la prensa, fue allí donde Michelle Bachelet señaló que “evaluará el fin del secreto” haciendo alusión al secreto de 50 años que tienen encima los informes de la Comisión Valech.
Sin embargo hay muchos quienes creen que en esta declaración hay solo “palabras de buena crianza” y no una voluntad en terminar con el secreto y, de paso, con la impunidad. Así lo demuestran los hechos, documentos y la política en esta materia llevada por este gobierno.
El tema no es nuevo en la Moneda, durante un litigio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el gobierno debió referirse -cosa que hizo en 2 oportunidades- respecto al secreto de los 50 años de la Comisión Valech, en ambas ocasiones defendió el secreto. El otro caso y que hoy toma mayor relevancia y gravedad, es un informe completo -que hasta hoy permanece reservado- realizado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entregado hace casi 9 meses atrás a La Moneda en donde no solo pide terminar con el secreto de 50 años, sino que dice -en 24 páginas- el por qué y el como hacerlo. Dicho informe que hoy revelamos, fue guardado en un cajón de La Moneda y a pesar de que se anunció esta semana “que se estudiaría el terminar con el secreto de 50 años” ni siquiera ha sido mencionado.
A esto suma una reunión que sostuvieron esta semana en la comisión de DDHH de la cámara de Diputados, parlamentarios de la Nueva Mayoría con representantes de La Moneda en donde dejaron en claro que en el Congreso se cuentan con todos los votos para cualquier modificación o reforma que deba hacerse para terminar con el secreto, poniendo en antecedentes a Palacio de que conversaciones con la oposición han confirmado que se cuentan, además, con varios votos en ese sector lo que es visto por una parte de la derecha chilena para desapegarse de la dictadura de Pinochet. A pesar de esto La Moneda solo acuso recibo y quedó en estudiar. Diputados presentes mostraron sorpresa por lo que denominaron “actitud dubitativa y llena de rodeos”, como señaló a la prensa el Diputado Tucapel Jiménez (PPD), agregando que “no hay voluntad política en el gobierno para saber la verdad”. La reunión tenía por objetivo pedirle al gobierno que patrocinara un proyecto de ley presentado el año pasado (11 septiembre 2014) por los Diputados Hugo Guitiérrez (PC) y Tucapel Jiménez (PPD) que busca terminar con el secreto de la Comisión Valech.
La rotunda negativa al levantamiento del secreto de la Comisión Valech del gobierno de Bachelet:
Ha sido este mismo gobierno quien en dos oportunidades en concreto ha negado tajantemente levantar el secreto.
Esto ocurrió en su contestación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las respuestas de noviembre del 2014 y de mayo del 2015, cuando la CIDH pidió al gobierno de Chile levantar el secreto de 50 años, esto en el marco de la causa “Omar Humberto Maldonado Vargas y Otros V/S Chile” – Causa N° CIDH 7-2014. El caso tiene relación con ex oficiales de la Fuerza Área que se negaron a participar del Golpe de Estado, quienes sufrieron torturas en la Academia de Guerra de la Fuerza Área -junto al General Bachelet, padre de la actual mandataria- y siendo condenados como “Traidores de la Patria” marca que llevan hasta el día de hoy por la cual piden reparación y justicia.
El gobierno de Chile envió su contestación -a la que este medio (RVF) tuvo acceso- la que estuvo asesorada por el abogado y ex subsecretario del Interior durante el gobierno de Lagos, Jorge Correa Sutil, en donde se niega a la CIDH el levantamiento del secreto argumentando que si bien esto se enmarca en la Ley 19.992 (que establece pensión, reparación y beneficios a victimas) esta en su articulo 15 establece que “son secretos los documentos, testimonios y antecedentes presentados por las victimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creado por Decreto Supremo N° 1.040 el año 2003″. El secreto mantendrá un plazo de 50 años.
Esto se enmarca, según se establece en la línea argumentativa -de los documentos presentados por el gobierno- en lo que se denomina “Justicia Transicional” en las que se generan flexibilizaciones y excepcionalidades “para alcanzar la verdad”. En la misma línea, el secreto, según el propio gobierno es para la protección de las mismas víctimas, cuestión necesaria “por el bien mayor”.
Así en uno de sus párrafos se puede leer:
“las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que dependen de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, por lo que, entre varias opciones para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho”.
La inminente condena de la CIDH sobre este caso -con seguridad antes de que finalice este año- pone nuevamente al Estado de Chile -y por añadidura a este gobierno- en un mal pie respecto a su discurso y rol en cuanto a Derechos Humanos, su promoción y fomento.
El informe interno del PDH para terminar con el secreto de 50 años que La Moneda guardó en el cajón
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha librado una batalla casi desconocida por la opinión pública por avanzar en “verdad y justicia”. Su creación y funcionamiento ha variado desde su nacimiento a fines de los 90. Por dicha instancia han pasado una serie de operadores políticos ligados a partidos de la concertación que, con objetividad, poco y nada avanzaron. Desde hace algunos años este perfil, en la composición del PDH, cambió. Así un grupo de profesionales jóvenes llegó, vía concurso público, al PDH y han comenzado a trabajar de manera dedicada al avance de casos de Derechos Humanos. El PDH hoy está encabezado por el joven abogado Francisco Ugás quien entró al organismo durante el gobierno de Sebastián Piñera y que cuando cambió el gobierno -asumiendo Bachelet- se suponía que sería cambiado pero fue fuertemente defendida su continuidad por la transversalidad de organizaciones de DDHH y de familiares de víctimas de violencia política. Ugás viene de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) instancia conocida como “los abogados de los pobres”, en donde, ante la falta de una política clara y contundente en materia de reparación y justicia, han debido llevar muchas causas de víctimas de la dictadura en busca de justicia, esto ante la carencia de apoyo juridico por parte del Estado.
El trabajo del PDH no ha sido fácil, el año pasado se vivió una crisis que estuvo cerca de terminar con la renuncia de la mayoría de sus miembros. Esto ocurrió cuando el PDH iba a apelar el fallo del Juez Mario Carroza -que estableció una bajísima pena para un crimen de DDHH- en contra de Edgar Ceballos Jones y Ramón Caceres por la muerte del General Alberto Bachelet, donde se dejó afuera la responsabilidad que le caía al general Matthei. Así había resuelto el PDH (y también la agrupación de ejecutados políticos). El argumento es que era una muy baja pena lo que se contradecía con la búsqueda de penas que establezcan claridad en la gravedad de los hechos y sirva como ejemplo disuasivo para la perpetración de delitos futuros. Sin embargo el abogado de la familia Bachelet Jeria, el ex ministro de Justicia, Isidro Solís, comunicó al PDH que la familia pedía expresamente al PDH no prosperar y planteaba conformidad con el fallo. Esto sorprendió y causó gran molestia en la oficina de Agustinas. Era la propia presidenta quien ponía un freno a la política del PDH y sentaba un mal precedente en esta materia. Se realizaron reuniones, la gente del programa amenazó con renunciar y la relación se tensionó.
Fue a las semanas siguiente que el PDH entregó un completo informe a La Moneda, elaborado por el propio Francisco Ugás y los abogados/as del Programa; Sylvana Mariangel Cavada y Javier Contreras Olivares, en donde presentan una propuesta para levantar el secreto de 50 años de la Comisión Valech y de paso, generar un mecanismo que respete la decisión de las víctimas que no quieran que sus testimonios sean públicos.
El informe, el tercero que se entregaba ante la solicitud de la subsecretaria de Interior, parte, como fundamento político, de la base de una promesa de campaña de Michelle Bachelet en materia de Derechos Humanos. Efectivamente en la página 165 del programa, en el capítulo de Derechos Humanos, se dice textual: “revisaremos lo referido a archivos judiciales de las violaciones de Derechos Humanos que tienen un periodo de 50 años para ser conocidos y revisados”.
Por otra parte se toma como antecedentes las propuestas hecha por agrupaciones de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, los tratados internacionales y un informe técnico juridico para la desclasificación de los archivos hasta hoy secretos. De eso, hasta hoy, no ha habido pronunciamiento en La Moneda.
¿Por qué tanto obstáculo para levantar el secreto? No hay listado de victimarios
Ricardo Lagos Escobar
El relato, hasta ahora difundido por personeros políticos como el propio ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, ha sido que la decisión se tomó en consideración de las víctimas -que dieron testimonio en la Comisión Valech- en particular el relato de una -no identificada- que según relata el ex mandatario, “le pidió expresamente que se guardara reserva porque no quería que sus nietos supieran lo que había sufrido, entre esos horrores, la violación”. Ese testimonió habría motivado a Lagos a decretar el secreto de 50 años. En una entrevista con T13, Lagos aclara que “hay una manera para las victimas que quieran que se sepa, que vayan con el mismo testimonio hasta la justicia y lo presenten”.
Una oleada de criticas despertaron las declaraciones de Ricardo Lagos, tanto de víctimas, organizaciones de DDHH, como de abogados que han estado vínculados a casos de DDHH. El argumento no se justifica pues si una víctima quiere que se mantenga en reserva su testimonio esto puede darse perfectamente. Otro dato, que aporta un abogado de DDHH y que participó del proceso es que “la declaración de secreto fue posterior al levantamiento de testimonios, es decir, más allá de los cuidados y tacto que se tuvo para con las víctimas durante el proceso, jamás se dijo que los resultados de la comisión serían secretos, por lo que muchos dieron sus testimonios buscando justicia, cuestión que una vez terminado el proceso no obtuvieron decretándose el secreto por 50 años y usándolos a ellos/as, las víctimas, como escusa para la medida”.
El “Pacto de silencio” institucional
El problema es más de fondo y tiene que ver con el proceso y decisiones políticas que se ocuparon durante el desarrollo de la Comisión Valech, misma que decretó su secreto por 50 años. La comisión no solo tomó la declaración de quienes llegaban a declarar como víctimas, sino que también revisó los asideros de la misma concluyendo el estatus de víctima y la correspondiente reparación que rige por ley.
Por eso, más allá de los testimonios dados por las víctimas, siempre se ha esperado que se libere el listado y los datos sistematizados de los victimarios… sin embargo este no existe.
Cuando ya finalizaba el trabajo de la Comisión Valech, el gobierno de Ricardo Lagos coordinó reuniones con el alto mando del ejército. Las coordinaciones fueron constantes a través del Ministerio de Defensa y de Interior, pero el rol activo, por razones obvias, lo tuvo el de Defensa. Esto porque los resultados de la Comisión despertaron gran preocupación en el alto mando por las implicancias y aperturas de procesos -que podrían alcanzar a muchos militares activos- que esto podría provocar, así se le hizo saber el propio comandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheyre al gobierno. En estas conversaciones participó la en ese entonces Ministra de Defensa, Michelle Bachelet y esto ameritó “decisiones de Estado”.
Un testigo de esas reuniones y que pide reserva, señala que “se podía ver cierta tensión, pero prontamente esta fue disipada por la receptividad que hubo por parte del gobierno, así el gobierno le aseguraba al alto mando, que los miedos que tenían eran injustificados, la comisión Valech saldría a la luz pero esta no abriría procesos judiciales ni comenzaría una cacería de brujas“.-
Esto implicó una decisión delicada. Durante la recepción de testimonios estos eran entregados para su clasificación y revisión para posteriormente ser ingresados a la base de datos. Es en esta parte en donde se fueron eliminando los nombres de lo victimarios, torturadores y participantes identificados por las victimas los que fueron literalmente censurados. Esto obedecía a una orden directa de La Moneda. Así los testimonios quedaron tal como habían sido entregadas por las miles de víctimas. Los datos respectivos fueron sistematizados, así ocurrió con los Centros de Torturas y exterminio y la clasificación por años, edades y sexo. Un completo informe sobre la historia de violencia política reciente de nuestro país en donde se confirma que el Estado violó sistemáticamente los Derechos Humanos, sin embargo con un espíritu muy alejado de justicia y que cristalizó la impunidad.
Así, terminado el proceso y entregado el Informe por la Comisión Valech a Ricardo Lagos en La Moneda, este lo presentó públicamente y luego estableció el secreto de confidencialidad por 50 años para la apertura de los informes completos.
Hoy reflota la demanda por desclasificar los informes y avanzar en real justicia y reparación como lo establecen el derecho internacional en esta materia y acorde a los tratados adscritos y vigentes que mantiene el Estado de Chile y por los cuales ha sido sancionado y cuestionado constantemente. Varias organizaciones ligadas a los DDHH y a víctimas de la acciones del Estado, han venido pidiendo el levantamiento del secreto, así lo ha hecho fuertemente la organización Londres 38, quien ha iniciado hace ya tiempo una campaña para terminar con los archivos secretos.
Actualmente la documentación del Informe Valech, con miles de documentos de miles de víctimas, se encuentra en una bodega del Museo de la Memoria. La custodia de este -legalmente- la tiene el Ministerio del Interior quien entregó al INDH la responsabilidad, y esta instancia, por falta de espacio, se resolvió llevarlos hasta el Museo de la Memoria en Quinta Normal.
El informe, hasta hoy reservado, que envió en Diciembre del 2014 el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a La Moneda, para terminar con el secreto de 50 años del Informe Valech:
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